INFORME SOMBRA: TEMAS RELEVANTES SOBRE AVANCES
EN
CUMPLIMIENTO DE LA CEDAW
DOI: 10.37594/oratores.n15.604 Fecha
de recepción: 12/04/2021 Fecha de revisión: 10/05/2021 Fecha de aceptación: 12/06/2021
RESUMEN
El proceso
participativo para la elaboración del Informe Sombra Panamá, fue realizado por el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de
la Mujer (CLADEM) - Panamá y el
Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA), con apoyo de un grupo de
investigadoras panameñas, para examinar algunos temas que son
considerados relevantes en el seguimiento y monitoreo a las medidas
establecidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), y que debieron ser asumidas por el Estado Panameño, dada la mayor preocupación que se tiene por los niveles de gravedad en temas de discriminación y violencia contra las mujeres, y que en
efecto, habían sido objeto de recomendaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, en su informe del año 2010. Reconociendo
que la discriminación contra las mujeres sólo debe ser entendida atendiendo sus causas estructurales; entre las que
destacan, las desigualdades socio-económicas y de género. El informe parte de un marco conceptual
sustentado en los principios de dignidad humana, derechos humanos internacionales y de derechos
humanos de las mujeres y las niñas; con un enfoque de género. Es así que, el informe inicia con las referencias
generales y bajo una metodología acción participación se logró
obtener la información. Seguidamente, se expone
el contexto socio-
económico y político del
periodo estudiado (2012-2016); y luego se describieron los principales hallazgos que
surgieron del proceso de consulta realizado en seis provincias del país, a
través de talleres, entrevistas y aplicación de cuestionarios a instituciones. Finalmente, se presentan las conclusiones
sobre cada área temática planteada,
haciendo una relación directa con las recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado Panameño en
su 45° periodo de sesiones (2010), de las consultas realizadas se desprenden los siguientes resultados: Las mujeres consultadas estaban de acuerdo
en que no se está dando cumplimiento a la obligación específica del
Ministerio de Educación en materia de
educación sexual, señalando que la causa de esta inobservancia es producto de
los fundamentalismos religiosos y de grupos
retardatarios que inducen
a tener miedo a disponer
de una información veraz y científica, además
las entrevistadas coincidieron en señalar que ni el INAMU, ni el CONVIMU y CONAMU cumplen a
cabalidad con las obligaciones que les señala, tanto la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades, como la Ley 82 sobre
Violencia contra las Mujeres y en relación a la aplicación de la Ley 82 de
2013 todas las mujeres encuestadas responden que no se estaba cumpliendo con lo establecido en dicha legislación.
Palabras clave: Femicidio, Discriminación, enfoque
de género.
SHADOW REPORT: RELEVANT TOPICS ON PROGRESS IN CEDAW COMPLIANCE ABSTRACT
In participatory process began to prepare the Sombra Panamá Report, carried out by the Latin American Committee
for the Defense
of Women’s Rights (CLADEM)
- Panama and the Family Studies and Training Center (CEFA), with
support from a group of Panamanian researchers, to examine some issues that are considered relevant in the follow-up and monitoring of the measures established in the Convention on the Elimination
of all forms of Discrimination against Women (CEDAW), and that should have been assumed by the Panamanian State, given the greater concern that it has about the levels of severity in issues of discrimination and violence against women, and that, in effect, had been the subject of recommendations by the Committee for the Elimination of Discrimination against Women, in its 2010 report. Recognizing that discrimination against women should only
be understood by addressing its structural causes; among which stand out, socio-economic
and gender inequalities. The report is
based on a conceptual framework based on the principles of human dignity, international human rights and the human rights of women and girls; with a gender focus. Thus, the report begins with general references and under a participatory action methodology, the information was obtained. Next, the socio-economic and political context of the period studied
(2012-2016) is exposed; and
then the main findings that
emerged from the consultation process carried out in six provinces
of the country, through
workshops, interviews and application of questionnaires to institutions, were described. Finally, the conclusions on each thematic area
raised are presented, making a direct relationship with the recommendations of the CEDAW Committee to the Panamanian State in its 45th period of sessions (2010), the following results emerge from the consultations: The women consulted agreed that the specific obligation
of the Ministry of Education in matters of sexual education is not being
complied with, pointing out that the
cause of this non-observance
is the product
of religious fundamentalisms
and retarded groups that induce fear of have truthful
and scientific information,
in addition, the interviewees agreed that neither
the INAMU, nor the CONVIMU and CONAMU fully comply with their obligations, both Law 4 on
Equal Opportunities, and Law 82 on Violence
against Women and in relation to the application of Law 82 of 2013, all the women surveyed responded that the provisions of said legislation were not being complied with.
Keywords: Femicide, Discrimination, gender approach.
INTRODUCCIÓN
Reconociendo que
la discriminación contra las mujeres sólo puede ser entendida atendiendo sus causas estructurales; entre las que
destacan, las desigualdades socio-económicas y de género, el informe Sombra parte de un marco conceptual sustentado en los principios de dignidad humana,
derecho internacional de los derechos
humanos y de derechos humanos
de las mujeres y las niñas; con un enfoque de género. Tomando en
cuenta lo señalado, se observaron los siguientes temas en el presente estudio,
que fueron consultados con mujeres de distintas organizaciones de la sociedad
civil:
1.
Derechos sexuales y reproductivos de las niñas,
adolescentes y las mujeres en Panamá.
2.
Institucionalidad en lo que concierne a la instancia rectora y otras que tienen
relación con la protección
de las mujeres y,
3.
Violencia contra las mujeres,
en especial sobre el femicidio y la violencia doméstica.
Finalmente, se
presentan las conclusiones sobre cada área temática planteada, haciendo una relación directa con las recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
Panameño en su 45° periodo
de sesiones (2010).
NATURALEZA Y ALCANCE DEL TEMA TRATADO
La propuesta
del Informe Sombra
para determinar las formas de Discriminación contra
las mujeres y niñas en Panamá, buscaba desarrollar un proceso inclusivo
a partir de una amplia participación de organizaciones de mujeres en las provincias objeto de estudio,
desde el monitoreo del cumplimiento por parte del Estado de los compromisos asumidos desde la aprobación de la
Convención y de otros tratados internacionales, que garantizan los derechos
humanos de las mujeres, desde un
enfoque de género.
El alcance representó un esfuerzo de consulta que se llevó a cabo en siete provincias de la
República de Panamá que incluyó las
provincias de Panamá-Colón, Chiriquí, Herrera, Veraguas y Coclé,
como resultado del estableciendo de algunas alianzas con la sociedad civil que permitiera contar con una amplia articulación a fin
de que la presentación del informe ante el Comité tuviera mayor impacto y que pudiera impulsarse el monitoreo del cumplimiento de las observaciones finales al
Estado panameño. El proceso como tal, se inició al concretarse la alianza entre
las dos redes feministas del país:
CLADEM Panamá y el Centro Familiar CEFA, con apoyo de investigadoras especialistas en enfoque de género. Un
proceso como éste tendiente a fortalecer las capacidades nacionales, pudo realizarse por haber un capital humano en el
país, con conocimientos, con la disposición de compartirlos y, al mismo tiempo, de aprender.
El objetivo del presente estudio se centró en examinar
algunos temas que se consideran relevantes
en el seguimiento y monitoreo a las medidas establecidas en la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que debieron ser asumidas por el
Estado Panameño y que fueron objeto de recomendaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer en su informe
del año 2010.
El Informe Sombra,
constituye un valioso instrumento de formación e información de Derechos Humanos de las Mujeres, así como
un mecanismo que permite fortalecer la exigibilidad de los derechos de las mujeres y niñas y su posible incidencia
en las políticas públicas y en la gestión de la administración a nivel nacional,
territorial, e internacional, como lo había señalado la CEDAW en su informe del año 2010, en la búsqueda de la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Otro de los aspectos importantes de este
informe fue el inició de un proceso participativo de consulta a distintos
grupos de mujeres en las provincias donde se llevó a cabo la consulta.
EL ESTADO DEL ARTE
Educación sexual
y salud reproductiva
La alta tasa de
embarazos precoces de niñas y adolescentes, y el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual
en este grupo poblacional, se constituyen en problemas graves
que no han sido debidamente atendidos.
Se evidencia que a
pesar de la existencia de la Ley 29 de 2002 que se refiere al embarazo adolescente y su respectiva reforma; en la
práctica, las adolescentes embarazadas tienen muchas limitaciones para permanecer en el sistema educativo, además de
dificultades para reintegrarse y por ende sigue dándose la deserción escolar.
De la información
obtenida se desprende que existe poca o nula asignación presupuestaria para atender esta temática, además que no
existe una política integral de prevención y atención sobre la misma. Por lo tanto, esto demuestra que no se ha
considerado la Recomendación No 37 del Comité
de la CEDAW que plantea
se realicen estudios
o encuestas para analizar las principales causas
de los embarazos precoces en el país y que se ejecuten programas o planes para fomentar la continuación de la educación para las
niñas que quedan embarazadas, además de aplicar una estrategia para vigilar el cumplimiento de la Ley 29 de 2002.
Por otro lado, la
no aprobación de una ley sobre educación sexual integral debido a la oposición de movimientos fundamentalistas
y religiosos y a la falta de voluntad de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, desatiende la Recomendación No
41 del Comité de la CEDAW en cuanto a
la necesidad de que se promulgue dicha ley y además se intensifiquen los
esfuerzos por incorporar en los programas de estudios la educación
sexual adecuada a la edad.
Institucionalidad
Si bien se
reconocen los logros presentados por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), en especial, los obtenidos a partir de
2015 como: el leve incremento anual en su presupuesto y un nuevo local, además
de la ampliación de servicios de atención para las mujeres
a través de 14 Centros
Integrales de Atención para las Mujeres; todavía existen importantes
limitaciones presupuestarias que le
impiden ejercer su rol como ente coordinador de la política pública en materia
de igualdad de oportunidades y en políticas sobre violencia contra
las mujeres. Se evidencia su poca visibilidad pública y el desconocimiento general de las funciones que
realiza.
En cuanto al
Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), éste no sólo es desconocido por la mayoría de las organizaciones de mujeres
consultadas sino que también, a pesar de contar con un estudio evaluativo realizado
dentro del periodo
del informe (2012-2016), no se reconocen
cambios que evidencien nuevas
formas de proyección e incidencia nacional. Esta instancia exige con urgencia un trabajo profundo de
reestructuración que lleve a una acción que responda realmente a los objetivos para los cuales fue
creado.
Sobre el Plan de Acción de la Política de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(2016- 2019), no queda claro
si se le asignará un presupuesto específico que permita que su ejecución se concrete y no quede como un documento más.
Esto es preocupante.
Es por lo anteriormente señalado
que se concluye que es necesario y en consecuencia
estratégico asignar mayores recursos para que el INAMU pueda realizar y divulgar la labor que
le compete ya que es evidente que no se ha atendido debidamente la Recomendación No 19 del
Comité de la CEDAW al Estado Panameño
en 2010 que dice lo siguiente:
“El
Comité recomienda que el Estado parte fortalezca el mecanismo existente para el logro de la igualdad entre los géneros
proporcionándole una visibilidad adecuada,
facultades y recursos
humanos y financieros en todos los niveles, a fin de aumentar su eficacia y mejorar su capacidad para la coordinación y supervisión de las medidas
que se adoptan
en los planos nacional y local para el adelanto
de la mujer y la promoción de la
igualdad entre los géneros. …”
También preocupa
que, según información dada por el propio INAMU, la institución no identifique de forma directa el fortalecimiento de las organizaciones
de mujeres como un asunto prioritario
por atender. Esto evidencia que falta una política coordinada con las
organizaciones de mujeres y la sociedad
civil que incentive el desarrollo y crecimiento de este sector
a nivel nacional. Esta
situación ha sido reiterada en las consultas realizadas en los talleres
provinciales. Sobre ello se destaca
que:
ü Grupos particulares como las trabajadoras sexuales y mujeres portadoras de VIH, entre
otras, no están en las agendas de abordaje programático y
de políticas.
ü Las organizaciones de mujeres han tenido gran beligerancia en los
temas estudiados y han logrado muchos de los avances
legales, sin embargo, no se ha conseguido una
comunicación fluida y permanente
con el ente rector: INAMU.
ü El movimiento de mujeres
percibe que se ha ido debilitando, en parte por falta de recursos pero también, por la falta de decisión
política de los entes encargados que
no le están dando la prioridad que merecen estas
situaciones.
Por todo lo señalado, concluimos que no se está cumpliendo con lo observado
por el Comité de la CEDAW en su Recomendación No 21 que dice lo siguiente:
“El Comité
insta al Estado
parte a que coopere de manera eficaz y sistemática con las organizaciones no gubernamentales, en
particular las asociaciones de mujeres, para
la aplicación de la
Convención. …”
1.
Violencia contra las Mujeres
(doméstica y femicidio)
La ley 82 de 24 de Octubre del
2013 es una
herramienta legal que
contribuye con la prevención, atención y sanción de los actos de
violencia contra las mujeres, en especial del femicidio
y que evidentemente visibiliza la
gravedad de estos fenómenos, no obstante, los femicidios
han seguido ocurriendo en forma constante y las denuncias por violencia doméstica siguen
en aumento.
Sin embargo, no se ha asignado el presupuesto requerido para contar con
los recursos materiales y humanos necesarios para
su efectivo cumplimiento. Las mujeres consultadas son reiterativas en que aún no se ha creado la totalidad de instancias responsables, ni se
han adoptado mecanismos necesarios tales como: el registro de agresores
y la creación de alberges en las provincias del país.
En cuanto
a la prestación de servicios de atención integral
de la mujer, si bien se reconoce
el esfuerzo adelantado con la
creación de los Centros de Atención Integral de la Mujer (CINAMUS) entre los años 2015-2016, dado que son
recientes, no hemos podido evaluar sus resultados. No obstante, es
importante indicar que de no asignarse un presupuesto y personal debidamente capacitado, estos servicios se pueden
convertir en un número (cantidad), sin
calidad. Además, se espera que estas iniciativas sean sólo temporales y finalmente se establezcan institutos provinciales de la mujer que puedan prestar el servicio integral requerido.
Es por ello que es importante recordar lo señalado
por el Comité de la CEDAW en su
Recomendación No 27
que dice:
“27. El Comité insta al Estado parte a que redoble
sus esfuerzos para aplicar eficazmente las medidas legislativas
existentes y a que haga frente a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica,
teniendo en cuenta la recomendación general núm. 19 del Comité. …”
Finalmente se concluye que los temas analizados requieren de mayor atención
por parte de las instancias responsables de aplicar
las medidas establecidas en la CEDAW para eliminar la discriminación contra las mujeres ya que en el periodo
2012-2016, en general, la situación de las mujeres
panameñas no ha tenido mayores avances de fondo.
Referencias
generales y metodología propuesta para el desarrollo del informe sombra del periodo 2012-2016
Referencias generales
Para comprender la
situación de la discriminación contra las mujeres en Panamá, en toda su complejidad, es necesario conocer
las causas estructurales que dan lugar a este fenómeno, entre las cuales,
las desigualdades socio-económicas y de
género, son quizá las más importantes.
De allí que los
estudios cualitativos que se han realizado siempre refieran al factor socio- económico, a partir del análisis de la pobreza
estructural de las mujeres, la feminización de la
pobreza y de las migraciones, la falta de oportunidades laborales, así como el
bajo nivel de educación, entre otros; constituyéndose en elementos de desigualdad determinantes, conducentes a
mantener
y agravar esta forma de
discriminación.
Teniendo esto
claro, el marco conceptual que sustenta el presente informe parte del respeto al principio de dignidad humana, del derecho internacional de
los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres y las
niñas; necesariamente observados bajo
un enfoque de género.
Panamá tiene un
atraso de 4 años en lo que concierne
a la presentación del informe de cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra
la Mujer (en adelante CEDAW)
dado que el último informe
presentado ante su Comité fue en el año 2008, situación que ha impedido
evaluar desde esta instancia el estado de avances en el cumplimiento de las medidas establecidas en esta Convención.
Si bien, se
reconocen avances legales importantes en este periodo de tiempo; esto no ha implicado
una reducción significativa en materia de discriminación contra
las mujeres, en especial cuando se trata de situaciones de
violencia, tales como, el femicidio, la violencia
doméstica y sexual.
El Comité
Latinoamericano para la Defensa de
los Derechos de la Mujer (CLADEM) - Panamá, y el Centro de Estudios
y Capacitación Familiar
(CEFA), presentan en esta ocasión,
este informe sombra referido específicamente a las áreas consideradas de mayor
preocupación por su gravedad y que
además, han sido objeto de múltiples observaciones y recomendaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación (en adelante, Comité
de la CEDAW).
Es así
que el informe se propone dar cuenta de:
-
Los
derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres
en Panamá.
-
La institucionalidad en lo que concierne a las instancias que
tienen relación con la protección de las mujeres y,
-
La
violencia contra las mujeres,
en especial sobre el femicidio y la violencia doméstica.
METODOLOGÍA
La
metodología utilizada para elaborar el informe consistió en:
-
Revisión documental
de informes, memorias,
investigaciones, revistas, información estadística, medios
de prensa, entre otros.
-
Entrevistas a mujeres líderes
del movimiento social,
político y académico
de defensa de los
derechos.
-
Entrevistas a las autoridades.
-
Realización de talleres de consulta en 6 provincias: Colón, Coclé, Chiriquí, Herrera,
Veraguas y Panamá (centro).
Para las entrevistas y realización de los talleres
se elaboraron previamente instrumentos de recolección de información tales como: guía de preguntas sobre experiencias en acciones de derechos humanos de las mujeres en
general y, cuestionarios para entes gubernamentales y organismos no
gubernamentales.
Se les solicitó información a los siguientes sectores:
A.
Instancias Estatales
-
Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU)
-
Instituto Nacional de la Mujer ( INAMU)
-
Unidad de Acceso a la Justicia
y Género del Órgano Judicial
-
Oficina de Atención a Víctimas
del Ministerio Público
-
Defensoría del Pueblo
-
Asamblea Nacional (Comisión de Educación, Cultura y Deportes y Comisión de Trabajo,
Salud y Desarrollo Social)
-
Ministerio de Salud
-
Ministerio de Educación.
-
Secretaria
Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia (SENNIAF)
*Cabe señalar
que se enviaron cuestionarios a todas estas
instituciones, y sólo respondieron: el INAMU, la Defensoría del Pueblo, la
Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, la Asamblea
Nacional (dos Comisiones) y el Ministerio de Educación.
B. Instancias No Gubernamentales
-
Organizaciones de mujeres (Por medio de talleres provinciales)
-
Activistas del movimiento de mujeres e investigadoras (Entrevistas y cuestionarios)
-
(Se
enviaron 18 cuestionarios, de
los cuales sólo respondieron 10)
-
Organizaciones de derechos humanos (Por medio de informes)
C. Academia
-
Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, IMUP (No se respondió cuestionario.
Cabe señalar
que estaba en proceso de cambio de Directora)
ANÁLISIS
El escenario
político, económico y social del país en el periodo
del informe 2012-2016
Panamá, cuenta con una población
estimada al 2016 de 4,037,043
habitantes de la cual, el 49.81% son
mujeres. A esta población censada habría que sumar que para el periodo en
estudio; según cifras oficiales, han entrado legalmente al país 137,708
extranjeros/as (Servicio Nacional
de Migración de Panamá). Sin embargo, algunos
medios de comunicación señalan que han ingresado alrededor de 250,000 extranjeros/as por
razones económicas, sociales y políticas (La Prensa. 26 Agosto del 2017). Sin duda, este aumento de población repercute
en la economía del país, entre otros,
porque implica mayores
requerimientos en atención médica, previsión social
y otros servicios.
El país ha experimentado un crecimiento económico
sostenido con cifras que oscilan entre el
4.2% al 5.6% en el 2016. (Contraloría General de la República). Este
crecimiento se ha debido a la
ejecución de múltiples obras de infraestructura pública, tales como: la
ampliación del Canal de Panamá, la
construcción del Metro, las dos Cintas Costeras, entre otras. No obstante, este crecimiento no ha alcanzado a las mujeres
panameñas porque se ha utilizado preferentemente mano de obra masculina. En este orden de ideas se mantiene la
desigualdad estructural que afecta a
los derechos de las mujeres/-económicos, sociales y culturales -/los que se interseccionan con otras
condiciones de discriminación que las afecta, relativas a la etnia, condición
de discapacidad, privación de libertad, procedencia geográfica, etc.; mismas
que agravan la situación de desigualdad en el acceso a los recursos.
Informes oficiales del Ministerio de Economía y
Finanzas del año 2013, aseguran que la pobreza
ha disminuido tanto la general, como la extrema, pero, esto es debido en gran
parte a los subsidios otorgados a los
grupos más vulnerables como lo han sido la beca universal, el programa l20 a los 65, los subsidios por
electricidad, etc. Sin embargo, si se desagrega por grupos rurales e indígenas observamos otra realidad, dados
los altos niveles de desigualdad que hay en estas áreas. (Informe de
Desarrollo Humano. PNUD, 2014).
Particularmente esta desigualdad es más notoria en las comarcas indígenas, ya
que en ellas la brecha es aún mayor,
así el índice de desarrollo humano para la provincia de Panamá es de 0.54; sin embargo,
en la comarca GunaYala es de
0.87. (Atlas. PNUD, 2015).
Según el Informe Económico
Anual del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF, 2013), la pobreza extrema
ha disminuido de 11.5% en 2011 a 10.6% en 2013; y la pobreza
general de 16.1%
a 15.2% respectivamente. Sin embargo, cuando esta información se
desagrega por áreas urbana y rural,
la realidad es otra.
En lo que se refiere
a las tasas de desempleo
abierto, la tasa de las mujeres es de 7.1%,
por tanto superior a la de los hombres que es del 4.64 %. (Informe de la
Contraloría General de la República.
2016). En cuanto a las actividades ocupacionales, las mujeres laboran
preferentemente en el comercio y en
el servicio doméstico por lo que las remuneraciones son más bajas y tienen escaso acceso a los créditos para emprender
otro camino laboral que les permita mejorar sus condiciones de vida.
En general, podríamos decir que es el empleo
informal, donde las mujeres tienen más posibilidades
de desarrollo, pero, en estas labores no acceden a una mejor
condición a la salud y además no tienen previsión social, situaciones que dificultan su mayor participación laboral.
Otra situación que afecta a las mujeres es que representan un alto número en las jefaturas de hogar. Estas amas de casa, contrario a
lo que el género masculino presenta, tienen otra particularidad y es que el 80.5% de ellas carecen
de pareja estable
y deben enfrentar
solas la diaria
sobrevivencia. En estas circunstancias, estas mujeres ven limitado el
acceso tanto al estudio como a las oportunidades de trabajo por la doble
jornada impuesta. (V1 informe nacional
Clara González 2011 -2013. ). En el informe no aparece
la fecha exacta de Edición pero, fue en la administración del INAMU
2014-2019).
En lo concerniente a la salud, los problemas
financieros de la Caja de Seguro Social y del
Ministerio de Salud, sea por falta de presupuesto, demora en la entrega de los medicamentos- entre otros factores- han afectado
gravemente a la población, y por ende a las mujeres cuya situación es además más compleja por la falta de una política
integral de género. En este periodo, los avances
en la educación han sido minúsculos. De allí que subsiste la disparidad en las comarcas
indígenas y en las zonas rurales en lo que se refiere a la educación
primaria. Así vemos que en las zonas rurales
hay un mayor número de personas con educación primaria incompleta, la que es del 30.7% en comparación con la urbana
que es del 21.4%. Algunas
expertas señalan que esta
situación se debe a que los niños y
niñas de estas regiones no asisten a
la escuela; unos por irse a trabajar
y/o a ayudar en la familia, y otras por tener que asumir las labores domésticas del hogar. Sumado a esto, en dichas áreas se observan
infraestructuras inadecuadas además de la existencia de limitaciones económicas en general, situación
que aumenta la deserción escolar y la repitencia. (Ver Memoria
del Primer Foro Nacional sobre la Niña 2014, pág. 56).
En el ámbito de la participación política, para
el año 2016, de un total de 71 escaños, las mujeres
sólo alcanzan a representar un 18%; la Corte Suprema de Justicia está compuesta
por 9 magistraturas, de las cuales
sólo una es ocupada por una mujer.
En el caso del Órgano
Ejecutivo, la participación de mujeres es muy baja,
por lo tanto en este escenario, se
mantiene la brecha entre hombres
y mujeres. (Ver análisis presentado en
el 2016 por el PNUD, IDEA y ONU MUJERES).
Las cifras sobre violencia contra las mujeres nos
muestran que los femicidios en Panamá en los años 2011-2013 se mantuvieron en alrededor del 30% del total de muertes violentas de mujeres, particularmente cometido por parejas o ex
parejas. (Tomado de los Boletines de la Defensoría del Pueblo).
Según las estadísticas del Ministerio Público
entre el año 2014 y 2016 se registró
un total de 69 femi¬cidios y 34 tentativas. (Ver Cuadro N°1). Es
importante considerar la cifra de
tentativas que de haberse consumado impactarían mucho si tomamos en cuenta la baja población del país. Además llamamos la atención de la edad de las mujeres fallecidas que oscila entre 21 a 40 años (año 2016), es decir en
pleno desarrollo y productividad.
Por su parte los actos de violencia contra la mujer están tomando caracteres de epidemia, y están aumentando. Las denuncias por violencia intrafamiliar en el año 2016, alcanzaron casi las 20,000
según informa el Centro de Estadísticas del Ministerio Público.
En el año 2015, alcanzan
la cifra de 23.357casos. Y en el año 2014
totalizaron 20,244. Esta situación se torna grave
considerando el bajo porcentaje de sentencias condenatorias en este tipo de procesos
que oscila entre el 5.3% al 6.1%.
(Boletín del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo 2012-2016).
La cifra de niñas y adolescentes embarazadas ha
ido ascendiendo paulatinamente cada año según revelan
estadísticas y diversos
estudios tanto del Ministerio de Salud como de instancias que realizan investigaciones, entre ellas el Instituto
Conmemorativo Gorgas y la Asociación Nacional
para el Planeamiento Familiar
(APLAFA).
Podemos indicar
que entre los años 2012 y 2016 en las instalaciones del Ministerio de Salud ingresaron 52,511 embarazadas cuya edad oscila
entre los 10 a 19 años. (Ver Boletines Estadísticos del Ministerio de Salud).
También han aumentado
sustancialmente las enfermedades de trasmisión sexual,
cuyo escenario es preocupante
porque además, tal como indica el informe realizado por la organización “Mujeres
con Dignidad y Derecho de Panamá”, hay una estrecha relación entre la violencia
sexual y el VIH. (Informe,
2017).
Si bien es cierto, nuestro país cuenta con
legislación específica, es decir con la Ley 29 del 2002 (reformada en 2016) que garantiza el derecho a la educación
y a la salud de las adolescentes embarazadas, en la práctica
muchas escuelas les ofrecen un sistema de módulos para que no asistan a las
escuelas. (Niñas, madres. Embarazo
forzado en América Latina y el Caribe, 2016).
Cabe señalar que en materia de salud sexual y
reproductiva se han presentado dos proyectos
sobre el particular. El último de estos fue presentado en el año 2016, conocido
como el proyecto de ley 61, el cual tiene como objetivo
recoger, en un solo cuerpo legislativo, todas las disposiciones que existen
en Panamá sobre el tema.
Dicho proyecto pasó el primer debate en la Asamblea
Nacional sin embargo,
fue retrocedido dada la campaña
de desinformación de los grupos
fundamentalistas. Han sido principalmente las iglesias católica
y evangélica las que han manifestado su rechazo a esta iniciativa
legislativa so pretexto de
señalar que esta “atentaba contra la familia panameña, favorecía el aborto, e introducía la ideología de género.”
Desde el año 2008 se cuenta con el Instituto Nacional
de la Mujer como ente
rector y responsable de coordinar y ejecutar la política de igualdad de oportunidades para las mujeres.
Para el año 2010 se creó el Comité especializado en
Violencia contra la Mujer mediante la Resolución No 10 del INAMU,
cuyo perfil fue elevado al ser parte de la Ley 82 de 2013 y denominado Comité Nacional contra
la Violencia en las Mujeres
(CONVIMU). Este ente tiene entre sus funciones: el registro de información de los casos de violencia, revisión de procedimientos, protocolos, proporcionar ayuda
técnica al INAMU, además de actualizar el Plan Nacional de Violencia
Doméstica y Políticas de Convivencia
Ciudadana.
En materia jurídica
es relevante la aprobación de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, por la
cual se adoptan medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y
reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra
la mujer.
Igualmente se debe señalar que con la puesta en
marcha del Sistema Penal Acusatorio a partir
de la Ley Nº 63 del 28 de Agosto del 2008 se amplió la cantidad de medidas de
prevención en los casos de violencia contra
la mujer, pero algunas no se han implementado como el uso de los brazaletes
electrónicos; además su aplicación ha sido paulatina ya que su vigencia en todo
el país se dio en septiembre de 2016, lo cual ha impedido que al momento
de elaborar este informe se haya podido
evaluar su eficacia y eficiencia debido al corto
plazo de su vigencia.
En lo que se refiere a la generación de
estadísticas relativas a casos de violencia contra las mujeres subsiste el problema de no contar
con información oficial
debidamente sistematizada; aún persiste
la falta de coordinación en la recolección de datos que provienen de los
diferentes actores competentes. Cabe señalar que el Ministerio Público sí publica
las estadísticas relativas
a los casos de femicidio,
desde que se tipificó como delito
mediante la Ley 82 de 2013.
Por su parte el Ministerio Público reforzó la
Secretaria de Derechos Humanos cambiándola por una Secretaría de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia
de Género con mayores atribuciones y competencia a partir del año 2012.
Consideramos de importancia en el periodo
estudiado la aprobación de la Política
Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres mediante
Decreto Ejecutivo Nº 244 de 18 de diciembre de 2012.
Principales resultados de los talleres
realizados en las provincias Educación sexual y salud
reproductiva
En todas las provincias, la mayoría de las participantes del taller confirmaron tener conocimiento sobre la existencia de un proyecto
de ley sobre educación sexual.
En cuanto a educación sexual,
están de acuerdo
con que se brinde en las escuelas; por el alto índice
de embarazo y enfermedades de
transmisión sexual en adolescentes, pero necesitan más información. Específicamente en el taller realizado en ciudad de
Panamá se indicó que esta es una temática obligante
en materia educativa y que debe ser regulada. Incluso una participante del taller realizado en la provincia de Coclé destacó que se debe educar en materia de “masculinidad”.
Otra de las consideraciones planteadas en los
talleres es la necesidad de que la familia sea
incorporada en los procesos
de formación en sexualidad.
En relación a la prestación de servicios de atención para adolescentes embarazadas, en los distintos talleres se identificó al
Ministerio de Salud (Centros de Salud) y a la Caja de Seguro Social.
También se mencionó al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y al
Ministerio de Educación. (Estos
últimos en la provincia de Coclé).
A nivel no gubernamental se menciona a la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, APLAFA (prov. de Panamá y Veraguas), Las Claras (área de Pacora, provincia de Panamá) y Hogar Santa Luisa
(área de Juan Díaz, provincia de Panamá).
La ley 29 de 2002 sobre adolescentes embarazadas no es conocida por todas las participantes de los talleres;
sin embargo, algunas
señalaron saber de qué se trata, acotando
que en la práctica, no se reconocen los derechos de la población
escolar (no se cumple lo
establecido).
Institucionalidad
Las
participantes identifican distintas instituciones gubernamentales para la defensa
de los derechos de las mujeres. Entre ellas destacan: el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto Nacional de la Mujer
(INAMU) (aunque algunas lo ubican como organismo no gubernamental), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público
y la Policía Nacional.
En el caso de la provincia de Panamá, también
se mencionó: el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (IMUP), el
Municipio y las Oficinas de Género de las instituciones públicas.
Sólo en el caso de la provincia de Chiriquí se
mencionó a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS).
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales
de defensa de los derechos de las mujeres,
se menciona en algunas provincias a: APLAFA, las cooperativas, la Alianza de
Mujeres, las SOROPTIMISTAS (en
Chiriquí), Voces de Mujeres Afrodescendientes y el CEMP (Coclé) y Mujeres
con Dignidad y Derecho de Panamá, entre otras. Específicamente en el caso de Veraguas, se identifica a la Red contra la Violencia hacia las Mujeres.
Llama la atención que en la provincia de Herrera
la mayoría de participantes no reconoce la
existencia de este tipo de organizaciones.
Evidentemente en la ciudad de Panamá las
participantes tienen conocimiento de una mayor
cantidad de organizaciones, tales como: Tener ovarios; ICW Mujer;
Mujeres con Dignidad y Derecho de
Panamá; ONUMUJERES; Espacio de Encuentro de Mujeres; FUNDAGENERO; Caminando
Positivamente; Nuevos Horizontes; CLADEM, organizaciones de mujeres indígenas
y afrodescendientes,
entre otras.
En cuanto al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) en Chiriquí, Coclé, Panamá
y Veraguas algunas conocen la institución; en
Herrera algunas han escuchado el nombre. En
Colón una participante vio la ubicación de la oficina
cuando fue a hacer un trámite en el Órgano
Judicial.
Las participantes en general no tienen conocimiento sobre las funciones
que desempeña el INAMU
(“no saben que hacen,
ni cómo se proyectan”).
La mayoría de las participantes no conoce el
significado de la sigla CONAMU (Consejo Nacional de la Mujer).
Las participantes que reconocen el INAMU
señalaron que no han buscado, ni recibido orientación. En ciudad de Panamá una señaló que acudió a INAMU, iban a darle seguimiento a su caso
y llevó papeles, sin obtener
mayores resultados.
Se sugiere que el INAMU se dé a conocer
y que se proyecte. Que divulgue los servicios que realiza. En Colón se recomienda la
realización de talleres, congresos, seminarios, charlas y distribución de folletos. En el caso de
Veraguas se exige que se destine más recursos y personal para el INAMU y se reconoce que funciona el CINAMU y que éste debe ser fortalecido.
En el caso de la proyección de las organizaciones
no gubernamentales se requiere que sean fortalecidas, visibilizadas y que se les asignen
fondos para su trabajo (también
se señala que deben desvincularse de los temas religiosos).
En el caso de la provincia de Chiriquí, se sugiere que para la proyección de las mismas, éstas rindan
cuentas, desarrollen actividades en el sector educativo y que divulguen su trabajo.
Violencia contra las mujeres
(doméstica y femicidio)
La mayoría identifica servicios de
atención, no obstante, concluye que dichos servicios no cuentan con estándares y tiene recursos
económicos y humanos
limitados. Entre las instancias que prestan estos
servicios se identifica al INAMU (CINAMU), el MIDES y la Defensoría del Pueblo.
Una de las participantes
refiere al servicio que presta el INAMU como: “… deficiente. Sólo para personas
que realmente
se atreven
a denunciar
el delito de manera
objetiva”; otras señalaron que han escuchado que el INAMU es un albergue para mujeres violentadas. En el taller realizado en Coclé, se señala que la atención
es limitada, incluso
algunas participantes expresaron: “poco conocemos de INAMU”; algunas indicaron
que el personal no orienta adecuadamente, su impacto no se ve.
En el caso de las participantes del taller de Colón, indicaron
que no hay servicios de atención para mujeres maltratadas.
Una participante del taller realizado en la provincia
de Colón señaló
que se debe tener mano dura con los hombres maltratadores y procesos más rápidos y eficaces.
La violencia debe ser erradicada brindando charlas a los jóvenes
desde los colegios
para que reconozcan su valor y sepan defenderse.
La formación debe darse desde la educación inicial. Se requiere concienciación
de las mujeres sobre sus derechos.
En la mayoría de las provincias, el servicio que
se brinda se considera bueno pero “el gobierno debe dotar de herramientas,
principalmente personal idóneo, transporte para que puedan dar respuesta a la violencia de
cualquier tipo”, también se requiere de la asignación de mayor presupuesto.
Se sugiere más dinamismo en las instituciones, “ganas de trabajar con amor y vocación. Muchas mujeres necesitan un refugio donde puedan
buscar ayuda y no lo encuentran, ya que las instituciones están
calladas, como escondidas, Necesitamos que se hagan sentir.”
Concluyen que se necesitan políticas públicas
reales para eliminar la discriminación, el maltrato
y todo acto que atente contra la mujer. Particularmente dichas políticas deben hacer énfasis
en: tratamiento psicológico para hombres maltratadores, nuevas leyes, divulgación y capacitación. Se sugiere también que haya empoderamiento de las
mujeres.
Resultado de la consulta
dirigida a mujeres
activistas Educación sexual
y salud reproductiva
Todas las mujeres
consultadas están de acuerdo en que no se está dando cumplimiento a la obligación específica del Ministerio de Educación en materia de educación sexual.
Señalan que la causa de esta
inobservancia es producto de los fundamentalismos
religiosos y de grupos retardatarios que inducen a tener miedo a disponer de una información veraz
y científica.
Consideran que
para incluir la educación sexual se debe, entre otras acciones:
ü Exigir al Estado que cumpla
con la obligación de educar
en sexualidad como tema trasversal a lo largo de todo el currículo de educación básica y media.
ü Habilitar programas con ejes temáticos
para cada edad con contenidos como: valores, identidad, género, mitos, entre otros.
ü Cumplir con las obligaciones contenidas en leyes
existentes en esta materia, a saber: Ley 4 que promueve la igualdad de oportunidades para las
mujeres (ver artículo 13, numeral 8; y el artículo 22, numeral 7); el Decreto
Ejecutivo 53 de 2002 que la reglamenta; al igual
que con los mandatos establecidos en la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana
sobre los Derechos de los Jóvenes,
todas las cuales establecen que debe darse educación
sexual.
ü Proporcionar el presupuesto necesario para la capacitación adecuada
y llevar campañas
de concienciación y conocimiento a través de los medios
de comunicación y las redes
sociales.
En cuanto a los programas dirigidos a las adolescentes embarazadas para que puedan continuar sus estudios, la mayoría de las consultadas afirma desconocer
estos programas. Algunas señalan que
el Ministerio de Educación imparte algunos programas pero estos son por medio
de módulos para seguir en casa, a los
que no se les da continuidad y que no contemplan información sobre la prevención
de futuros embarazos. Se indica que
estos programas no tienen acompañamiento de psicólogos/as
ni de orientadores/as.
En cuanto a si se está dando educación sexual
en las `áreas indígenas y rurales, la mayoría de las encuestadas dice no conocerlos. Sólo se han impartido algunos
seminarios, pero son iniciativas aisladas.
Institucionalidad
Las entrevistadas coinciden en
señalar que ni el INAMU, ni el CONVIMU y CONAMU cumplen a cabalidad con las obligaciones que
les señala, tanto
la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades, como la
Ley 82 sobre Violencia contra las
Mujeres. Sus fundamentos fueron:
ü Falta de presupuesto, por consiguiente no pueden contar con las instalaciones requeridas ni con personal especializado.
ü No tienen el impacto necesario.
ü Porque el INAMU Y el CONVIMU no están presentes en todas las provincias, sólo en
algunas existen los CINAMU pero, estos no tienen personal suficiente, sólo buena voluntad.
ü Su personal no maneja la teoría de género y
le falta experticia.
ü Porque el CONVIMU es un ente burocrático y el CONAMU es inoperante y del siglo
pasado, por
ende debe ser reformado.
Existe una coincidencia total en que las organizaciones de mujeres son importantísimas pero no pueden estar en todo: activismo,
acompañamiento de víctimas, orientación, incidencia legislativa; por la carencia de fondos y por el carácter de voluntariado. Su trabajo se dificultad dado que la mayoría no tiene fondos
suficientes para sus actividades, hay muchos obstáculos para su creación y funcionamiento, por ello,
son escasas en las provincias. A esto se suma que no hay relevo generacional, en fin, son todas estas razones las que
denotan un claro debilitamiento por lo que se requiere
de mayores alianzas entre las existentes.
Violencia contra las mujeres
(doméstica y femicidio)
En
relación a la aplicación de la Ley 82 de 2013 todas las mujeres
encuestadas responden que no se está cumpliendo con lo establecido en dicha legislación. Al respecto señalan,
entre otras, que:
ü No se han creado las Fiscalías especializadas, ni Juzgados especializados, así como no se han construido los albergues, ni centros de atención o acogida para las víctimas, tampoco se cuenta con el registro de agresores.
ü El CONVIMU no ha presentado ningún informe anual sobre la situación
de las mujeres, ni se ha
pronunciado ante la ocurrencia de actos de violación grave de los derechos de las mujeres (por ejemplo, sobre la ley de educación sexual).
ü No se ha dotado de los recursos humanos y materiales requeridos,
lo que se considera ocurre por falta de voluntad política
del Estado Panameño
y la existencia de estereotipos en el abordaje del tema. Sumado a esto se considera que hay
impunidad frente a las denuncias de violencia que presentan las mujeres dado que falta
capacitación de los/ las
fiscales y jueces/zas; hay falencias en el sistema penal acusatorio, la
aplicación de reducción de un tercio
de la pena en estos delitos, no se establece el acompañamiento terapéutico multidisciplinario, persiste
el machismo, los procesos son muy garantistas para el victimario, además de que su seguimiento y tratamiento son ineficaces.
Resultados de la consulta realizada
a organismos gubernamentales
a. Instituto
Nacional de la Mujer
(INAMU) Ente coordinador de la política
pública en materia
de igualdad de oportunidades para las mujeres
En base a las observaciones del Comité de la CEDAW
podemos indicar que para el periodo
2012-2016 el INAMU
registra los siguientes logros:
ü
Incremento del presupuesto
institucional.
ü
Gestión para la adquisición de un nuevo local.
ü
Entre
el año 2015 y 2016 se han creado 14 Centros Integrales de Atención de la Mujer (CINAMUS), incluyendo dos centros ubicados en áreas
comarcales indígenas.
ü
Elaboración de un diagnóstico institucional que evalúa
el trabajo y la incidencia del Consejo Nacional
de la Mujer (CONAMU).
ü
Atención a 3 Albergues
a nivel nacional: Nueva Vida –
ubicado en ciudad de Panamá, Casa de la Mujer ubicada en la Provincia de Chiriquí y Casa de corta Estancia,
ubicada en la Provincia de Colón.
ü Elaboración del Plan
de Acción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2016- 2019.
La propia institución reconoce las siguientes limitaciones:
-
Invisibilidad institucional y de educación
en medios de comunicación (lo cual es ratificado
en
los talleres de consulta y, por las mujeres y organizaciones entrevistadas)
-
El presupuesto del
INAMU pese a su leve incremento se
queda muy por debajo del mínimo
requerido. Esto es reconocido por la propia institución cuando expresa respecto a la imposibilidad de sostener una
campaña educativa formativa contra los prejuicios de género y otras
similares:
“… recordemos que el INAMU
con el presupuesto que cuenta,
no puede sostener
una campaña en el tiempo que
sería el escenario ideal.”
INAMU indica que para realizar
un trabajo eficaz
y cónsono con el mandato
de la ley 4 de igualdad de
oportunidades, es menester contar con
un presupuesto anual de por lo menos 40 millones de balboas o dólares. No obstante en el periodo
2012- 2016, el presupuesto asignado
es de aproximadamente 4 millones de balboas o dólares.
-
En cuanto a la
relación del INAMU con las ONG´s y organizaciones de
mujeres según informa la propia
institución no se identifica de forma
directa el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres como asunto prioritario.
Otras organizaciones gubernamentales consultadas y que son vinculantes
En lo que concierne a la respuesta proporcionada por la Asamblea Nacional
(dos Comisiones) se informa que aparte de la aprobación de la ley 82 del 2013 y un Foro desarrollado en el año 2012 sobre mujeres víctimas de violencia, se
expresa que no tienen competencia, ni información sobre estadísticas de violencia. Tampoco informaron sobre la
existencia del proyecto sobre educación sexual presentado en el período indicado.
Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo a
través de la Dirección de Protección de los Derechos
de las Mujeres tuvo a bien dar una extensa respuesta sobre las actividades que
realizan de las cuales destacamos las más importantes realizadas en el periodo estudiado.
•
158 capacitaciones con una población
beneficiaria de 6,827,
de la cual 5,124 son mujeres y 1,703 son hombres. Temas abordados:
violencia contra la mujer, violencia en el noviazgo, derechos sexuales y reproductivos y
derechos humanos en general.
•
Tres
campañas a nivel nacional sobre Derechos Humanos.
•
Registro de estadísticas sobre violencia contra la mujer a través del Observatorio de Violencia.
•
Seguimiento del Observatorio de Violencia de Género.
Respecto a las limitaciones, tienen baja
cobertura y presupuesto, poco nivel de influencia legal para generar
cambios en las políticas. Esto nos indica que es importante darle mayor jerarquía
a la Dirección de Protección de los Derechos
de las Mujeres dentro de la propia
Defensoría.
Por su parte, la Oficina de
Población del Ministerio de Educación, al responder el cuestionario enviado informó
que en lo que se refiere al proyecto de ley 61, estuvo a cargo de monitorear esta iniciativa en el año 2004 y en su
momento participó en varios debates. Pero que luego el seguimiento a este proyecto fue traspasado a la Dirección
Nacional de Servicios Psicoeducativos. Por
lo anterior, desconoce las razones por las cuales su discusión y aprobación se ha estancado. Manifiesta que “supone que entró
en contravención debido a fuerzas antagónicas.”
Se señala que no hay investigaciones en el
Ministerio sobre la situación de las adolescentes embarazadas pre y post parto por escasez
de recursos humanos; por lo demás estos programas son impartidos por
orientadores/as que son las personas responsables para impartir los
conocimientos a su criterio. En ese
sentido, no hay seguimiento para
conocer si las adolescentes embarazadas terminan o no su
año escolar.
En tanto el Órgano Judicial, a través de la
Unidad de Acceso a la Justicia y Género señala
que para el periodo 2012-2016
desarrolló 97 acciones
de capacitación cuyas personas beneficiarias fueron funcionarios judiciales (magistrados/as, jueces/zas,
defensores/as públicos/as, entre
otros. Se trataron temas como:
derechos humanos, acceso
a la justicia así como género, trata
de personas y explotación
sexual.
En el periodo
referido también se llevaron a cabo acciones
de difusión sobre temas de género y violencia y otros, a través de su
página web, material informativo y documentos tales como el “Protocolo de Actuación Judicial
para casos de Violencia de Género contra
las Mujeres”.
En el año 2015 y 2016 se establecieron en sedes del Órgano Judicial, 4 Centros Integrales de Atención a la Mujer
del INAMU a partir del Convenio suscrito
con esta institución para establecer estas
oficinas de atención.
CONCLUSIONES Y SU RELACIÓN CON LAS OBSERVACIONES FINALES (RECOMENDACIONES) DEL COMITÉ
DE LA CEDAW AL ESTADO PANAMEÑO
(45° PERIODO DE SESIONES, 5 DE FEBRERO
DE 2010) EN LOS TEMAS ANALIZADOS POR EL
PRESENTE INFORME SOMBRA
Educación sexual
y salud reproductiva
Subsiste en el país una alta tasa de
embarazos precoces de niñas y adolescentes, y cada vez más niñas y adolescentes contraen
enfermedades de transmisión sexual. Frente a esto, a la fecha del informe
no se han implementado las guías de educación sexual,
pese a que han sido aprobadas por el Ministerio de Educación. Y lo que es más grave es que, a pesar de contar con la Ley 29 de 2002, modificada por la Ley 60 de 2016, que protege a adolescentes embarazadas,
aún existen muchas limitaciones que
garanticen su permanencia y posterior reincorporación al sistema educativo. Por ende, sigue dándose la deserción escolar.
Concluimos que dadas las respuestas del
Ministerio de Educación a nuestro cuestionario, esta institución carece
de una política integral dirigida a la prevención de los embarazos
en adolescentes y tampoco tiene un mecanismo de seguimiento y evaluación al respecto. De la información recibida, se desprende que
existe poca o nula asignación presupuestaria para atender esta temática por lo tanto, se evidencia
que no se ha considerado la Recomendación No 37 del Comité de
la CEDAW que dice lo siguiente: “El Comité recomienda al Estado parte que realice
estudios o encuestas para analizar las principales causas de los embarazos
precoces en el país y que ejecute programas o
planes para fomentar la continuación de la educación para las niñas que quedan embarazadas. También recomienda que se
aplique una estrategia para vigilar el cumplimiento
a corto plazo de la Ley núm. 29 con objeto de facilitar que las niñas embarazadas terminen sus estudios.”
También preocupa que no se ha logrado la
aprobación de una ley sobre educación sexual
integral debido a movimientos fundamentalistas
y religiosos que se han opuesto a ello y a la falta de voluntad de quienes tienen
la responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto
no se ha prestado atención
sobre la urgente necesidad de lograr la aprobación del proyecto de ley
sobre educación sexual, tal y cual lo plantea
la Recomendación No 41 del Comité de la CEDAW que dice lo siguiente: “41. El Comité
insta al Estado
parte a que adopte las medidas necesarias para superar el estancamiento en el que se encuentra
el proyecto de ley núm. 442 y promulgar dicha
ley lo antes posible.”… “El Comité recomienda asimismo que el Estado parte intensifique sus esfuerzos por incorporar
en los programas de estudios la educación sexual adecuada
a la edad y organice
campañas de información para prevenir los embarazos entre las adolescentes.”
Institucionalidad
Si
bien, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
para el periodo 2015-2019 logró un leve incremento anual en su presupuesto y
tiene un nuevo local en perspectiva,
además de haber ampliado los
servicios de atención para las mujeres a través de 14 CINAMUS; todavía presenta importantes limitaciones para cumplir
debidamente con su rol de ente coordinador de la política pública en materia de igualdad de
oportunidades y en políticas sobre violencia contra las mujeres. Se evidencia
poca visibilidad y reconocimiento de las funciones que realiza.
El presupuesto y la asignación de recurso humano
capacitado sigue siendo
un problema para INAMU. Hay mucha dependencia de la cooperación internacional para ejecutar
planes.
En cuanto al Consejo Nacional de la Mujer
(CONAMU), éste no sólo es desconocido por la
mayoría de las organizaciones de mujeres consultadas, sino que también;
a pesar de contar con un estudio
evaluativo realizado en el periodo del informe (2012-2016), no se reconocen
cambios que evidencien nuevas
formas de proyección e incidencia nacional. Esta instancia exige con urgencia un trabajo profundo de reestructuración que lleve a una acción
que responda realmente a los objetivos
para los cuales fue creado.
Sobre el Plan de Acción de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres (2016-2019), no
queda claro si se le asignará un presupuesto específico que permita que
su ejecución se concrete y no quede
como un documento más. Esto es preocupante.
Es por lo anteriormente señalado que es necesario
y en consecuencia estratégico, asignar mayores recursos
para que el INAMU pueda realizar y divulgar la labor que le compete en materia de igualdad de oportunidades para
la mujer; dado que es evidente que no se ha atendido debidamente la Recomendación No 19 del Comité de la CEDAW al Estado
Panameño en 2010 que dice
lo siguiente:
“El Comité recomienda
que el Estado parte fortalezca el mecanismo existente para el logro de la igualdad entre los géneros
proporcionándole una visibilidad adecuada,
facultades y recursos
humanos y financieros en todos los niveles, a fin de aumentar su eficacia y mejorar su capacidad para la coordinación y supervisión de las medidas
que se adoptan
en los planos nacional y local para el adelanto
de la mujer y la promoción de la
igualdad entre los géneros. …”
También nos preocupa
que según información dada por el INAMU, la institución no identifique
de forma directa el fortalecimiento
de las organizaciones de mujeres como un asunto prioritario por atender.
Esto evidencia que falta una política coordinada con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil que incentive el desarrollo y
crecimiento de este sector a nivel nacional.
Esta situación ha sido reiterada en las consultas realizadas en los talleres
realizados en las provincias. Se destaca
que:
ü Grupos particulares como las trabajadoras sexuales y mujeres portadoras de VIH, entre
otras, no están en las agendas de abordaje programática y
de políticas.
ü Las organizaciones de mujeres han tenido gran beligerancia en los
temas estudiados y han logrado muchos de los avances legales,
sin embargo, no se ha conseguido una comunicación fluida
y permanente con el ente rector: INAMU.
ü El movimiento de mujeres percibe que se ha ido debilitando, en
parte, por falta de recursos, pero también por la falta de
decisión política de los entes encargados que no le están dando la
prioridad que merece esta situación.
En ese sentido, concluimos que no se está
cumpliendo con lo observado por el Comité de la CEDAW en su Recomendación No 21 que dice
lo siguiente: “El Comité
insta al Estado
parte a que coopere de manera eficaz y sistemática con las organizaciones no gubernamentales, en
particular las asociaciones de mujeres, para
la aplicación de la
Convención. …”
Violencia contra las Mujeres
(doméstica y femicidio)
La ley 82 de 24 de Octubre del
2013 es una
herramienta legal que
contribuye con la prevención, atención y sanción de los actos de
violencia contra las mujeres, en especial del femicidio
y que evidentemente visibiliza la
gravedad de estos fenómenos, no obstante, los femicidios
han seguido ocurriendo en forma constante y las denuncias por violencia doméstica siguen
en aumento.
De la información recabada se concluye
que no se ha asignado
el presupuesto requerido para contar con los recursos materiales y humanos necesarios para el efectivo cumplimiento de esta ley. Tal como ha indicado la consulta
realizada, aún no se ha creado la totalidad de instancias responsables, ni se han adoptado mecanismos necesarios tales como: el registro
de agresores y la creación de alberges en las provincias del país.
En cuanto a la prestación de servicios de atención integral
de la mujer, si bien se reconoce
el esfuerzo adelantado con la creación
de los Centros de Atención
Integral de la Mujer (CINAMUS), dado que son recientes, no hemos podido
evaluar sus resultados. No obstante, es importante indicar que de no asignarse un presupuesto y personal debidamente
capacitado, tal como lo indican las mujeres
consultadas, estos servicios se
pueden convertir en un número (cantidad), sin
calidad. Además, esperamos
que estas iniciativas sean sólo temporales y sean acciones
transitorias para crear
verdaderos institutos
provinciales de la mujer que puedan prestar el servicio integral requerido.
Es por ello que es importante recordar lo señalado
por el Comité de la CEDAW en su
Recomendación No 27
que dice: “27. El Comité insta al Estado parte a que redoble
sus esfuerzos para aplicar eficazmente las medidas legislativas
existentes y a que haga frente a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica,
teniendo en cuenta la recomendación general núm. 19 del Comité. …”
CONCLUSIÓN FINAL
Los
temas analizados en el presente
informe requieren de mayor atención
por parte de las
instancias responsables de aplicar las medidas establecidas en la CEDAW para
eliminar la discriminación contra las
mujeres ya que en el periodo analizado, en general la situación de las mujeres panameñas no ha tenido gran avance
de fondo en comparación con el informe alternativo del periodo 2009-2011 presentado ante el Comité de la CEDAW.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•
ALIANZA CIUDADANA
PRO JUSTICIA. (2012). “Informe del Observatorio de Género
del sistema Penal Acusatorio”. 2º Distrito Judicial
2011-2012.
•
APLAFA.(2015). Plan estratégico 2011-2015.Panamá.
•
CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES. CEDHM (2010) “El acceso a la justicia para las mujeres
víctimas de violencias de género en el sistema
penal acusatorio”.
•
CEPAL. (2014). Observatorio de igualdad de género de América
Latina y el Caribe. 2011 al
2014.
•
CLADEM-CEFA. (2016). “Niñas madres, embarazo y maternidad forzada en América Latina y el Caribe”.
•
CLADEM-CEFA. (s.f.). “Informe alternativo de Panamá para LA CEDAW”.
•
CLADEM-CEFA. (2015). “Memoria del Primer Foro Nacional de la niña”.
Panamá 2014-2015.
•
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS. (2013). “Informe Alto Nivel 2013”.
Panamá.
•
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PANAMA. (2016).
Boletines informativos 2012-2016.
•
OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE GÉNERO DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE. (2011). “El salto de la autonomía de los márgenes
al Centro”.
•
OEA. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
(2006). Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en Las Américas.
•
FORO
DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS. (2011). “Evolución de la
participación política de las mujeres de Panamá”.
•
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD.
(2015). 2012 2016. “Factores
de riego asociados
a la trasmisión del VIH y otras enfermedades de trasmisión sexual en adolescentes en el distrito
de Panamá”.
•
“Encuesta Nacional Salud Sexual y Reproductiva Nacional Multisectorial, de IDA 2014-2019.
•
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(2008). “Femicidio:más
allá de la violación del derecho a la vida”. San José Costa Rica. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. (INEC). (2013).
“Encuestas mercado laboral”. 2011-2013.
•
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. (INEC). (2013).“Encuesta de hogares”. 2013.
•
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. (INEC). (2010).Censo 2010.
•
INSTITUTO DE LA MUJER. (2013). Panamá.
Informe Clara González
.Panamá 2011- 2013.
•
INAMU
(s.f.). Respuesta al cuestionario enviado al INAMU para el informe alternativo 2012-2016.
•
MECSEVI. (2012).
Mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
“Tercer Informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Para”.
Guía para la aplicación de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la Mujer.2014.
•
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2013).
Panamá. “Informe económico”2013”.
•
MINISTERIO PÚBLICO DE PANAMÁ. (2016). “Boletines
del Centro de estadísticas
y censo”.2012-2016.
•
MINSTERIO DE SALUD. (2010).
“Informe del monitoreo
y evaluación del paquete
básico de indicadores”. Panamá
2010.
•
MINSTERIO DE SALUD. (2015). Análisis de la situación de la salud en Panamá.
2015.
•
MINSTERIO DE SALUD. (2015).
Políticas y estrategias de salud.2010-2015
•
MINSTERIO DE SALUD. (2016). Boletines Estadísticos. Anuarios 2012-2016.
•
MUJERES CON DIGNIDAD Y DERECHO DE PANAMÁ. (s/f). “El trabajo sexual y la violencia institucional. Vulneración de derechos y abuso de poder”
•
MONTANARI, MARIA ROSA. (2012).
En Androcentrismo en las Ciencias
Sociales. Universidad de Panamá. 2012.
•
ONUMUJERES. (2016). “Modelo de Protocolo Latinoamericano de la investigación de la muerte
violenta de mujeres por razón de género”.
•
ONUMUJERES. (2013). Compromisos de los
Estados para erradicar la violencia
contra mujer en América Latina.
•
ONUMUJERES. (2013). La eliminación y prevención de todas las formas de violencia
contra las mujeres y niñas.
•
ONUSIDA (2016).. “Estimaciones sobre el VIH y el SIDA”.
•
PNUD.
(2014). ”Informe de Desarrollo Humano:
el futuro es ahora”.
•
PNUD.
(2015). “Atlas del desarrollo humano local”.
•
RedTraSEX. (2017). “Identificar las deudas del Estado Panameño
en materia del VIH y de derechos
humanos de las mujeres, aportes
al informe sombra
sobre la aplicación en Panamá de la Convención para la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW)”. Agosto del 2017.
•
TAUS, PATRICIA.
(2014). ”La igualdad
de género y el acceso
a la justicia en las mujeres víctimas de violencia en la región dentro
del sistema internacional de
protección de los Derechos Humanos”. Revista IVS. Volumen
8 nos 34. Puebla, México.
ORATORES ISSN Impreso: 2410-8928 ISSN Electrónico: L-2644-3988 Año 9. Número 15. Diciembre 2021- Mayo 2022