THE POSSIBILITIES OF CONSOLIDATION OF POINT 2. POLITICAL PARTICIPATION: DEMOCRATIC OPENING TO BUILD PEACE OF THE FINAL AGREEMENT FOR THE TERMINATION OF THE CONFLICT AND THE CONSTRUCTION OF A STABLE AND LASTING PEACE (2016) IN COLOMBIA, SEEN FROM THE PHILOSOPHY AND PEDAGOGY OF LIBERATION

ABSTRACT

Assuming the tradition of Latin American’s thought that vindicates the philosophical reflection on problems that are part of our daily life and which considers that the contextual knowledge constitutes a contribution to find ways of liberation, the study of Point 2, (Political participation: Democratic openness to build peace of the Final Agreement for the termination of the conflict and the construction of a stable and lasting peace (2016), signed between the Colombian State and the FARC-EP), is approached. This reflection aims to broaden the interpretive horizon and the understanding of democratic processes in Colombia by taking the agreement as a reference that allows us to evaluate the historical claims of openness in the politics of the country. The historical background that is made has in itself a critical-hermeneutic position that highlights the political violence which has been experienced in Colombia; in this way, we aim to focus on the peace processes of the last decades, as part of the journey made in the difficult solution to the conflicts. Finally, Point 2 of the AFP is analyzed by taking into account the reports of its implementation and the contributions that can be made from the Latin American liberationist currents. This is done by highlighting those elements that allow the democratic action in the country be deepened.

Key words: Philosophy, Pedagogy, Liberation, Democracy, Historical process, Politics, Education.

LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN COMO SOPORTE ANALÍTICO

Después de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, se va consolidando el reclamo, por parte de algunos estudiosos de la filosofía, de que desde su propia reflexión se deben hacer aportes a los problemas que se afrontan cotidianamente. Gracias a ello, la filosofía latinoamericana fue fortaleciendo su reconocimiento como una particular forma de pensar de la que pueden surgir importantes aportes. Nacen corrientes y grupos de intelectuales que enriquecen el debate y colocan en el foco de la reflexión los problemas propios de nuestra cultura y sociedad.

En esa búsqueda de identidad intelectual se va consolidando una corriente conocida como filosofía de la liberación con diferentes matices, donde se destaca con especial relevancia la propuesta de Dussel. En un primer momento es el reclamo de identidad de la filosofía latinoamericana como saber contextual y la capacidad de interpretar el mundo por medio de su experiencia. Posteriormente entabla diálogo con pensadores europeos y pasa del reconocimiento de la identidad a la formulación del saber construido desde la periferia, marcada por las experiencias de la colonización y elementos como la raza y el género. Es por eso que de tales reflexiones uno de los aspectos que es importante resaltar es la descolonización, como elemento que permite desmarcarse de los modelos hegemónicos y abre la posibilidad de entablar diálogo directo con corrientes intelectuales influyentes a nivel global. (Dussel, 1998).

Los aportes de Freire en el campo de la pedagogía por su parte, permiten convocar al maestro a una acción pedagógica consciente y comprometida con un proceso de humanización, en el que ambos participan, aprenden y contribuyen en la construcción de caminos para una vida más justa y digna. (Freire, 1994).

Desde estas posturas es que se ha pretendido abordar el Punto 2 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (AFP). Analizar esta parte del AFP permite centrar la atención en la democracia colombiana, como uno de los reclamos más recurrentes en los procesos sociales y políticos del país.

ANTECEDENTES HISTÓRICO-POLÍTICOSALA NECESIDAD DE LAAPERTURA DEMOCRÁTICA

La historia colombiana está marcada por conflictos de carácter político que se encuentran en la base de procesos de violencia que han hecho parte del trasegar de la vida republicana del país. Con ello se evidencia una dificultad para el establecimiento, dentro de cierta normalidad democrática, de ideas que no sean acordes al statu quo.

Las ideas de la Ilustración permitieron en los criollos una toma de conciencia de la necesidad de cambiar las condiciones de vida política y social que tenía impuesta la Corona española (Herrera, 2001). Llenos de ambiciones, convencieron una buena parte de la población de sus buenos propósitos para adelantar el proceso de independencia. Una emancipación que generó la toma de distancia frente al poder español, pero que a su vez gestaría una clase aristocrática criolla interesada en dominar vastos territorios como feudos. Embebidos de las ideas modernas ilustradas, desdeñaron del pasado español, indígena y africano y quisieron convertir las nuevas repúblicas en copias de los también nacientes estados europeos (Martí, 1975). Los choques de ideas se tradujeron en guerras y fueron consolidando los partidos como sustento legitimador de sus combates. El país vive sumido en diferencias ideológicas, algunas alimentadas desde los púlpitos y la confrontación armada está a la orden del día con guerras fratricidas que debilitan el poder y control territorial, llevando a la pérdida de provincias como el caso de Panamá. (Bushnell, 1996).

Afrontar el inicio del siglo XX con las diferencias políticas y los retos para consolidar la nación y desarrollar la economía se enmarca en una relativa estabilidad de hegemonías partidarias al mando del poder gubernamental. Ante el crecimiento de sectores sociales inconformes por un espacio político cerrado y ajeno a las necesidades, desde los partidos surgen disidencias que tratan de acercarse a los sentires populares, situación que es mal vista por el establecimiento hasta que estalla nuevamente la confrontación con el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. (Bushnell, 1996).

La violencia que se desata tiene efectos en las diferentes regiones donde los poderes regionales se disponen a defender sus feudos, la prolongación del conflicto lo hace evidente: en el campo se libra una guerra política mezclada de rencillas históricas. La solución que encuentra la clase política colombiana a los efectos de la violencia es empeñar el estado, dejándolo en manos de los dos partidos, cerrando las posibilidades de cualquier fuerza alterna de aspirar al poder, nace el Frente Nacional. La nueva estrategia consolida el cierre del espacio de participación política a nuevas fuerzas, el bloque oligárquico en el poder se consolida mientras regiones enteras del país sienten el abandono del Estado y la represión para que vuelvan a la paz impuesta de los partidos.

El acumulado de situaciones permite el surgimiento de las guerrillas que se nutren de las condiciones ideológicas que el momento les enseña como son la Revolución cubana y el contexto de guerra fría. Ante la confrontación armada, se acogen los manuales contrainsurgentes dictados desde la Casa de las Américas donde el libreto anticomunista y represivo se hace sentir con todas sus fuerzas alimentando el inconformismo social generando la proliferación de grupos armados revolucionarios. La aplicación de la doctrina de seguridad nacional implementada en las dictaduras del cono sur se hace en Colombia bajo el mando civil y la alardeada democracia y estabilidad política colombiana, bajo una total impunidad de actuación de las fuerzas del estado que asumen prácticas corruptas para atacar a los movimientos insurgentes. (Restrepo y Rivera, 2013).

PROCESOS DE PAZ

En tal situación emerge un elemento más que toma fuerza y marcará la historia reciente del país: el narcotráfico. Para garantizar la protección del negocio, se crean sus propios grupos de seguridad con los que se alían sectores militares para atacar la insurgencia. En medio de este panorama comienza una nueva era de procesos de paz en Colombia con la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), en medio de una situación explosiva de confluencia de diversos actores armados (Restrepo, 2011). Fruto de las negociaciones con la insurgencia, surge la Unión Patriótica que termina siendo víctima de un exterminio sistemático en medio de la violencia de la guerra de los carteles del narcotráfico y el Estado.

De una división en el seno de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba a las organizaciones insurgentes, el M-19 adelanta un proceso de negociación que con el apoyo de la sociedad civil se consigue plantear la posibilidad de una Constituyente que elaborará la Constitución Política que comienza a regir a partir de 1991 (Villarraga, 2015). La nueva Constitución consigue reacondicionar normativamente el Estado para la implementación en pleno de la política económica neoliberal, permite la desmovilización de una serie de grupos insurgentes que entraron en el proceso de negociación de este contexto y a su vez se actualiza en el reconocimiento de los derechos humanos, el pluralismo y la participación democrática. Estos últimos aspectos son los más problemáticos y difíciles de hacer comprometer a las élites dominantes acostumbradas a la exclusión de los diferentes sectores sociales en las esferas de poder y a la violación sistemática de los derechos humanos.

Para la segunda mitad de la década de los 90, los grupos insurgentes que no entraron en el proceso constitucional toman una fuerza renovada con las movilizaciones de los campesinos cocaleros del sur del país y consiguen importantes victorias militares al Estado y demostraciones de fuerza política con el dominio de vastos territorios. Con ello. consiguen presionar hasta dar inicio a un nuevo proceso de diálogos que inicia en 1999 (Villarraga, 2015).

Este nuevo proceso de diálogo se desarrolla en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), en medio de una crisis humanitaria derivada del crecimiento de los grupos paramilitares que pretenden derrotar a la guerrilla y atacan indiscriminadamente la población, tenida como apoyo de los grupos insurgentes. El rompimiento de los diálogos a inicios de 2002, enmarcado en el contexto internacional por la guerra al terrorismo derivada del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, retoma la confrontación y aleja las posibilidades de un posible proceso de paz. La participación política se hace más difícil, la estigmatización y el señalamiento a cualquier expresión de disenso es vista como apoyo a las guerrillas a las que se les quita cualquier status político y se les tilda de terroristas.

LA GUERRA TOTAL HASTA EL ACUERDO

En ese contexto toma fuerza el discurso guerrerista de Álvaro Uribe (2002-2010) quien llega al poder con el propósito de acabar por la fuerza con la insurgencia. Su propuesta de Estado comunitario en lugar de permitir el fortalecimiento de la democracia, concentra las decisiones en la figura mesiánica del presidente (Foro Tomo I, 2020). El afán por resultados en la confrontación militar implica una percepción de victoria con el manejo de las cifras de capturas y bajas, terminando por incurrir en graves violaciones de derechos como el caso de los falsos positivos.

Los excesos encuentran justificación en la negación de la existencia del conflicto, lo que implica el saltarse normas en la confrontación. En este período la oposición política pasó por serias dificultades, la estigmatización y el señalamiento para aquellos que se atrevieran a denunciar la violación a los derechos humanos podía significar casi una amenaza de muerte. El conflicto es negado y el rol que se da a los grupos insurgentes es el de terroristas cerrando así cualquier posibilidad de diálogo y por ende de proceso de paz.

Del grupo cercano al gobierno surge el candidato que habría de heredar el poder. Más cercano a las familias oligárquicas, Juan Manuel Santos se distancia de Álvaro Uribe y busca acercamientos con las FARC-EP consiguiendo en secreto pactar una agenda que se haría pública en 2011. A partir de allí se comienzan a discutir en La Habana, con países garantes del proceso, los acuerdos. A pesar de mantener informada del proceso a la población, sigue manteniéndose al margen de los aconteceres cotidianos, donde las campañas de desinformación abundan, la estigmatización a cualquier oposición, las campañas contra discursos políticos críticos y el espíritu conservador de la cultura colombiana comienzan a generar el rechazo a la posibilidad del Acuerdo con las FARC- EP. El presidente negociador J. M. Santos, a pesar de obtener la reelección en 2014, apoyado en la promesa de la paz, no consigue validar el Acuerdo por medio de su pretendido Plebiscito y lo lleva a discutir algunos aspectos con los grupos de derecha liderados por el expresidente Álvaro Uribe. Finalmente, el Acuerdo se firma con algunas variaciones y se comienza el proceso de paz con las FARC-EP.

ACUERDO Y DEMOCRACIA

El AFP viene concebido como un todo en el que sus partes necesariamente están relacionadas (AFP, 2016). Sin embargo, a pesar de que todos los aspectos que contempla son importantes, se ha querido resaltar el Punto 2 dado que permite analizar conceptualmente la democracia y visualizar propuestas que permitan mejorar el desarrollo político del país.

La democracia colombiana goza de una dudosa estabilidad. Es un país en democracia con un conflicto político armado interno heredado desde los tiempos de la violencia, que se manifiesta abiertamente durante el Frente Nacional en la década de los 60 y es fortalecido ideológicamente de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, donde influye el espejo de la Revolución Cubana. Es un conflicto que a lo largo de su historia sus actores reclaman apertura democrática ante la eliminación sistemática de la oposición y de líderes y lideresas sociales.

En ese sentido, al realizar un diagnóstico de carácter conceptual del modelo democrático en el estado liberal de derecho (Vieira, 2006), teniendo como referente el punto 2 del AFP en el que se reclama una apertura democrática en Colombia, se encuentra una democracia que se ejerce en medio de violencia política y una cultura de estigmatización y discriminación hacia posturas y pensamientos críticos a la forma en que tradicionalmente se ha gobernado el país. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021).

El ejercicio de la democracia en Colombia, a pesar de haber creado una serie de mecanismos para la participación ciudadana, como característica del modelo liberal moderno, ha dispersado los caminos de acercamiento de la población a las decisiones sobre las políticas sociales y ha dificultado aún más, en una democracia ya limitada por la violencia, los caminos de una efectiva participación. En ese sentido, los reclamos directos sobre las grandes cuestiones en los diferentes sectores sociales para que tengan impacto solo ha sido posible por medio de grandes movilizaciones, acciones de hecho y manifestaciones ciudadanas, que se extienden en el tiempo, demostrando la dificultad de realizar una injerencia efectiva de la población sobre las políticas sociales que le competen. (Secretaría Técnica Octavo Informe, 2021).

Se ha establecido una distancia y desconexión entre la élite política y la población, sustentada en una cultura de resignación y descrédito en la institucionalidad, reforzada por el tradicionalismo y apego a las mismas estructuras que lo oprimen. Ante ello, se encuentra la necesidad de una democracia en relación más directa con la población.

Es de tener en cuenta que el contexto en el que se firma el AFP está marcado por una tendencia hacia gobiernos conservadores en la región, lo que prevé un entorno difícil a su implementación. No obstante, se reconoce el potencial teórico que se ha desarrollado en Colombia en diferentes frentes, al abrir escenarios de propuestas nutridas de teorías. Ha permitido que algunas posiciones definan su realización de Estado en la solución del conflicto.

Al considerar una definición amplia del concepto de derecho, que permite contemplar la complejidad y pluralidad de ámbitos, no solo conductuales o normativos, sino también a diferentes realidades en las que se aplica, va a permitir comprender su aplicación en los diferentes aspectos de la vida social (Castaño-Bedoya, 2013). En ese sentido, se pretende retomar las líneas generales que apuntan a una idea del bien común, como intención manifiesta en el lenguaje que expresa el AFP, actuando en el marco de un Estado social de derecho que presupone su actuación en términos del bienestar social por encima del bienestar individual.

La actuación de un texto jurídico que pretende incidir de manera positiva en la solución de un conflicto, presente por muchos años en la historia del país, adquiere una importancia fundamental en el camino de conseguir la paz y el bienestar de todos. Los acuerdos entran a hacer parte de la Carta Magna y obtienen un carácter vinculante para la nación. En ese sentido, el derecho se convierte en instrumento para la realización del bienestar y la justicia entre los seres humanos (Castaño-Bedoya, 2013). La puesta en marcha de este deber ser, permite tener un referente de actuación para conseguir la construcción de una paz estable y duradera.

Desde las primeras líneas el AFP invoca el derecho a la paz y lo reclama como mandato ciudadano en los artículos 22 y 95 de la Constitución Política que lo establecen como derecho y deber del estado colombiano. (Constitución Política de Colombia, 1991).

sentido, el Estado no da las garantías para el ejercicio de la política; la guerrilla por su parte, al llevar al extremo la oposición política, deja al descubierto a líderes, lideresas y comunidades que quedan en medio del fuego cruzado.

En el AFP se compromete al Estado a evitar que se adelanten actos de violencia hacia quienes ejercen la política y se señala expresamente el compromiso para evitar el resurgir de grupos paramilitares. Hasta el momento ha sido difícil cumplir cabalmente con tal reclamo, lo evidencian las cifras de violencia del posacuerdo donde se destaca el asesinato de líderes y lideresas sociales, firmantes del acuerdo y la acción continua de fuerzas oscuras que involucran a miembros de la fuerza pública. Intolerancia y estigmatización se siguen presentando por parte de líderes políticos hacia defensores de derechos humanos, periodistas o cualquiera que no manifieste afecto por sus ideas, en medio de un contexto en el que fácilmente se puede terminar como objetivo militar de grupos que ejercen control social. Ante ello se hace evidente la necesidad de fortalecer una cultura de paz que transmita valores como la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas, la posibilidad de construir un país en el que todos tengan voz.

La escalada de violencia contra los firmantes del Acuerdo repercute también en las víctimas que se ven privadas de la posibilidad de saber la verdad y del compromiso de reparación (Secretaría Técnica Octavo Informe, 2021, p. 65). Sin embargo, la situación no se limita a los firmantes, pues también partidos que tienen presencia en el Congreso se han visto amenazados y han sufrido atentados como el caso de Colombia Humana, UP, MAIS. Los informes señalan como preocupante la actitud del gobierno al mostrar poco interés en asumir una posición efectiva de erradicación de tales prácticas y lo que hace es desconocer el origen de la violencia:

“suele atribuir la victimización de líderes y firmantes a la disputa entre actores armados por economías ilegales, en especial por el narcotráfico. Este último, es un factor que sin duda es una variable, pero no una suficiente para operar como explicativa de estos persistentes ciclos de violencia. Con ese enfoque, se dejaría de lado que en algunas ocasiones las agresiones responden a intereses de élites locales (políticas y criminales), donde se establece una línea delgada entre actores legales e ilegales que ven en la implementación de algunas disposiciones del A.F., en la participación y reivindicación de algunas comunidades, una amenaza para su statu quo.” (Secretaría Técnica Octavo Informe, 2021, p. 67).

De esta manera el SISEP (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) ha respondido a situaciones momentáneas del proceso, pero no ha conseguido configurar un sistema de respuesta que garantice la seguridad de quienes ejercen la política. Las Fuerzas Armadas requieren aún de una mejora profunda en su estructuración, a su interno permanecen estructuras reacias a los cambios que implica el AFP por ser vistos como imposiciones de quienes fueron sus enemigos en la guerra. Adicionalmente, las fuerzas militares se ven involucradas regularmente en acciones que reducen su legitimidad.

Para unas fuerzas militares que contribuyan en la construcción de un país en paz, se requiere abrir un debate de fondo que establezca su sentido acorde con las necesidades de apertura democrática que demanda el AFP. Un aspecto importante es revisar la instrucción amigo-enemigo que han recibido históricamente y que pueden entorpecer su relación con los civiles en el país. Alejados de intenciones golpistas y supeditados al mando civil, los ha alejado del contacto con la sociedad y la nación, el vínculo que pretendió crear el gobierno de Álvaro Uribe involucrando civiles en la guerra lo que hacía era extender la violencia a todo el país. La exigencia de resultados los llevó a la violación de derechos humanos y a la connivencia con grupos paramilitares. De ahí el reclamo a buscar una independencia de la policía como fuerza civil, para que salga de la óptica de represión a sectores inconformes.

Respecto a los Mecanismos de participación ciudadana expresados en el apartado 2.2, es de señalar el aporte reflexivo que hace Dussel a la posibilidad de la realización de la democracia desde pequeños espacios donde se requiere participación (Dussel, 2006). Resolviendo los problemas comunitarios es posible encontrar el germen de la participación en la vida pública, a partir de allí la comunidad puede comprender el poder que tiene y la forma de ejercerlo. En ese ámbito es posible pensar en Boaventura de Souza Santos cuando plantea una democracia de alta intensidad que podría pensarse desarrollada bajo las necesidades básicas de los entornos comunales (Santos, 2005). De esa manera, la comunidad ejerce la potentia como capacidad que le es inherente (Dussel, 2006, p. 27).

No se hace obligatorio llevar a cabo toda una transformación social para poder comenzar a implementar prácticas democráticas, pues desde los espacios comunitarios se pueden recrear formas nuevas de participación y concientización que no respondan a los cánones establecidos por las instituciones o las directrices de la democracia representativa liberal.

La ley 1757 de 2015 busca proteger la participación ciudadana y la regulación de los mecanismos de participación; sin embargo, considera la participación solo por los mecanismos institucionales creados y se queda corta en el reconocimiento de la libre movilización social y organización ciudadana como caminos viables de participación. En ese sentido, la participación no depende de la norma para su ejercicio, sino también de la lógica interna de la formación política y de la actividad del movimiento social. De allí la importancia de la participación y del compromiso que manifiesten los gobernantes a la demanda del AFP.

Con la Constitución de 1991, Colombia daba un paso importante en el tema de la participación ciudadana y buscaba oxigenar la crisis de legitimidad de la democracia representativa. Sin embargo, tal apertura se da desde el ámbito procedimental, como caso clásico de la ideología liberal que mide la democracia por los procedimientos que se siguen para realizarla, como señala Boaventura de Souza Santos:

“A pesar de ser globalmente triunfante, no garantiza más que una democracia de baja intensidad basada en la privatización del bien público por elites más o menos limitadas, en la distancia creciente entre representantes y representados y en una inclusión política abstracta hecha de exclusión social.” (Santos, 2005, p. 25).

Han existido modelos de democracia participativa y popular sin necesidad de haber entrado en las instituciones creadas como complemento de la democracia representativa, son experiencias que han podido relacionarse con experiencias de carácter global constituyendo redes alternativas. Es necesaria una apertura que permita que tales experiencias sean vistas como complementarias en la comprensión de lo que es la democracia.

En ese sentido se puede pensar en una nueva forma de comprensión de la democracia, constituida desde la base por las comunidades que buscan solucionar los problemas concretos y a su vez ejercen control sobre ámbitos más generales. Allí aplica la trasformación de la política como vocación, donde se ejerce el poder obediencial, el que gobierna obedece al poder superior que es el pueblo. (Dussel, 2006).

Para poder pensar en la posibilidad de ir instituyendo nuevas formas de hacer política, es necesario el acompañamiento de una labor de concientización, que cree las condiciones para el surgimiento de un nuevo concepto de política y de ejercerla, aquella en la que el mandato soberano está en las manos del pueblo y no del representante o delegado quien solo está al servicio del pueblo.

Ante la dificultad de incidir en las políticas públicas por medio de la institucionalidad creada con la Constitución del 91, aumentó la movilización social como mecanismo más efectivo de incidencia en las decisiones. Ello llevo a un incremento en la creación de mecanismos de concertación con los que se consiguió limitar el impacto de la movilización y asimismo los caminos de decisión. (FORO Tomo 1, 2018, p. 123).

Algunos mecanismos son más conocidos que otros y el AFP propone asumir el compromiso de fortalecer y ampliar los espacios de participación existentes. Es fundamental una pedagogía que invite a la ciudadanía a ejercer control sobre las intervenciones del Estado de manera crítica, empoderando en los niveles de toma de decisiones. Por su parte, la apatía y desinterés del pueblo colombiano hacia los temas de política terminan siendo funcionales al sostenimiento de la misma clase política.

Con el gobierno de J. M. Santos se logra sancionar la Ley 1448 de 2011, con la que se busca la reparación de las víctimas del conflicto armado interno. Por medio de ella se abre la posibilidad para las víctimas de organización y de elevar reclamos e inconformidades. El inconveniente allí es la creación de nuevas instancias sin haber fortalecido las ya existentes, generando confusión sobre la decisión del lugar específico sobre el que se quiere incidir. Allí el tema de las Circunscripciones Transitorias Especiales permitiría abrir un nuevo capítulo, por su accidentado trasegar en el Congreso. Diseñado como mecanismo de participación para las zonas afectadas por el conflicto, terminó siendo estigmatizado como un mecanismo de favorecimiento para las FARC y el temor de abrir el Congreso para nuevas curules no controladas. Se hacen intentos por revivir la discusión, pero el gobierno no ha tenido la voluntad política de adelantar un proceso para su implementación y por el contrario es receloso del mecanismo.

En esa espera han quedado algunos mecanismos como la posibilidad de una ley de garantías para la participación y la protesta pacífica, propuesta que surge de las organizaciones avaladas en el AFP para el acompañamiento al Consejo Nacional de Participación en el proceso de implementación:

“El Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar al Consejo Nacional de Participación con el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que organice el espacio de participación de carácter nacional de que trata el punto 2.2.1.” (AFP, 2016, p. 44).

El proyecto de ley sobre participación al no conseguir entrar en el Marco Normativo para la paz, quedó en discusión entre el gobierno y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Con el cambio de gobierno parece que el proyecto quedo archivado y el país sigue aún sin una ley de garantías para la participación.

El cambio de gobierno congeló en este punto la implementación del acuerdo, la mayoría obtenida para el Congreso permitió cerrar el paso a algunos de los propósitos allí contemplados. Se continuó bajo la lógica de mantener controlada la participación por medio de los canales institucionales, dificultando la comunicación directa para manifestar las demandas sociales. De esta manera, el movimiento social ha encontrado como único camino las medidas de fuerza para obligar los gobiernos a negociar en medio de la estigmatización y criminalización de la protesta.

El Paro nacional del 21 de noviembre de 2019 dejó ver vacíos en cuanto a la participación ciudadana. En medio de la fuerte represión ejercida por la policía muere el estudiante Dilan Cruz por el impacto en la cabeza de un lanza-lacrimógenos, adicional a ello se difunde el temor en la ciudadanía sobre supuestos planes de saqueos en los barrios, situación que solo se presentó en casos aislados y por delincuencia común, pero que fueron aprovechados para estigmatizar la protesta y buscar desmovilizar el paro. Fue un caso emblemático que permite ver la vulneración de derechos constitucionales por parte del gobierno y la Fuerza Pública (Secretaría Técnica Octavo Informe, 2021, p. 69).

Con la aparición de la Pandemia del COVID-19 las actividades del movimiento social se interrumpen y se consigue desviar la percepción de los problemas sociales como derivados de la Pandemia y no como la crisis del modelo económico, político y social. Sin embargo, en medio de la Pandemia se reactiva la protesta y también la represión, dejando ver la dificultad del gobierno para el manejo de los reclamos de la ciudadanía.

Desde la filosofía de la liberación y de la pedagogía liberadora es de vital importancia la participación, pues se constituye en condición determinante de las transformaciones sociales posibles y permite la ampliación de una nueva democracia que responda a los retos que se deben afrontar. Si bien el AFP pretende hacer énfasis en la necesidad de potenciarlo, la voluntad política del gobierno ha sido poca para hacerla efectiva.

Uno de los grandes propósitos del AFP es la eliminación de las armas para el ejercicio de la política en el país y en ese sentido la promoción de la participación política es una garantía para mejorar la democracia (AFP, 2016). Se convierte en un reto propio de las sociedades modernas que han distanciado a la ciudadanía de los intereses colectivos, convirtiéndola en consumidora funcional al sostenimiento de un sistema desigual. A pesar de que Colombia se ha mantenido por largo tiempo en medio de un movido ambiente político, que en el último período se vio influenciado por la implementación del AFP y las necesarias reformas al Estado, resalta el desinterés y desconocimiento de la sociedad colombiana por los temas de carácter público.

El truncamiento de procesos debido a la violencia política ejercida históricamente, la estigmatización de la protesta social y la percepción de corrupción continuada en el país han permitido desmotivar la población en la construcción de alternativas. Ante ello se encuentra el camino fácil de esperar la solución a los problemas sociales por parte de unos representantes continuamente cuestionados, acusados de corrupción y que a su vez facilita asumir una percepción de justicia equitativa con los malos actos individuales de los ciudadanos. La guerra prolongada ha permitido que parte de la población justifique entrar en escenarios de guerra absoluta, contemplando la eliminación del enemigo político y el rechazo de la paz.

Con el AFP se ha fortalecido el movimiento por la paz, lo que abre la posibilidad de resignificar acciones y poner a la orden del día condiciones importantes para construir cultura de paz y permitir colocar en la agenda discusiones que no ha sido fácil afrontar en el país.

Contenida aún en esferas institucionales, la formación ética y política ha tenido un avance normativo que puede ser aprovechable para vehicular contenido de fondo sobre aspectos relevantes de apertura democrática. La ley de Convivencia escolar de 2013 y la ley 1732 de 2014 que establece la Cátedra de la Paz, son políticas que ayudan a promover una cultura de paz. Por lo que respecta la implementación de la Cátedra de la Paz es importante señalar que es necesario un mayor compromiso para garantizar que quienes habrán de encargarse de mediar en los contenidos de la asignatura sea personal idóneo. Los maestros, como mediadores del proceso formativo, tienen la posibilidad de fomentar nuevos valores que permitan una mejor manera de afrontar las diferencias y asumir la discusión política con respeto y objetividad. Es necesario aportar en la consolidación de una cultura de paz, donde los ciudadanos desarrollan su pensamiento crítico y aportan al país en el respeto de sus derechos. La pedagogía crítica fomenta el conocimiento del entorno y el compromiso con procesos transformadores tendientes a la dignificación del ser humano, permiten el reconocimiento del otro, la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de las víctimas, lo que contribuye a disminuir el impacto que la violencia ha dejado al país.

EDUCACIÓN, LIBERACIÓN Y CULTURA DE PAZ

El maestro como un intelectual de la cultura está convocado a aportar en un proceso necesario de consolidación de cultura de paz, pues no basta la educación por si sola para transformar un imaginario colectivo construido durante décadas con base en la estigmatización y la negación de posturas alternativas. El movimiento sindical colombiano ha dado un paso importante en ese sentido al reivindicar la escuela como territorio de paz. El entorno educativo y pedagógico requiere compromiso de sus actores para conseguir dar contenido al anhelo de la paz.

El AFP establece que la promoción y fomento de la participación son garantía para el mejoramiento de la democracia, lo que invita a una labor de contracultura que mitigue los efectos negativos de la estigmatización y criminalización de la protesta. Es necesario concientizar sobre la importancia del conocimiento del entorno social y político en el que se encuentra inmerso el sujeto. La labor debe desenvolverse en medio de las condiciones que se presentan y hacer de ellas fortaleza para una acción transformadora. Es por eso que la pedagogía liberadora permite hacer frente a situaciones que se presentan en medio del conflicto social y que contribuyen evitando que tomen fuerza elementos que pueden convertirse en origen de conflictos.

Las condiciones de polarización y diferencia entre sectores sociales en que se desarrolla la movilización social, teniendo también presente la violencia política ejercida en el país al largo de su historia, permiten evidenciar contradicciones que se convierten en materiales de apoyo formativo que podrían permitir perfeccionar una idea de la forma en que se quiere transformar costumbres, formas de interpretación e incluso instituciones como el Estado mismo, para recrear una cultura incluyente, con principios éticos que surgen de la necesidad cotidiana de comprender la posición del otro. Incluir elementos de descolonización, raza y género, conseguir estructurar una cultura ética acorde a las exigencias de concientizar al pueblo como potencia (Dussel, 2006).

En ese sentido se invita a una praxis filosófica que contribuya en la superación de la dominación y desigualdad social histórica de los pueblos latinoamericanos. La educación para la liberación por su parte implica una toma de posición por el excluido y complementa la praxis filosófica de liberación en su contribución de tomar conciencia de las condiciones necesarias de transformación. A propósito, dice Cuero-Cera:

“La educación otorga mayor claridad para interpretar el mundo, claridad que abre las posibilidades de intervención política. La posibilidad de ser y estar en el mundo ofrece, a su vez, la posibilidad de transformarse y transformar el entorno del sujeto, por ello, la principal responsabilidad de los educadores consiste en intervenir en la realidad, mantener la esperanza y ser copartícipe del cambio o transformación de tipo educativo, el cual repercute indisolublemente en lo social.” (Cuero-Cera, 2014, p. 46).

Los aportes de Freire van en el sentido de una transformación en el acto pedagógico que envuelve por igual en el proceso de aprendizaje tanto al educando como al educador, quienes por medio de tal acercamiento elaboran conciencia crítica, entrando en un proceso de humanización. Es una importante contribución en la construcción de paz, abre la posibilidad al reconocimiento del otro y a la identificación con él en una búsqueda de liberación que respeta la autenticidad.

La capacidad de desarrollar pensamiento crítico y su consecuente argumentación, redundara en ampliación de posibilidades de comprensión de la realidad aportando en la construcción de una democracia que permita la confrontación de ideas y realización de nuevos proyectos. La consolidación de una cultura de paz requiere del compromiso de todos los actores sociales y las instituciones educativas particularmente “ya que a través de la educación se llega a contribuir en las personas el desarrollo de aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la cual viven.” (Maldonado, 2020, p. 50).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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ORATORES ISSN Impreso: 2410-8928 ISSN Electrónico: L-2644-3988 Año 9. Número 14. Junio - Noviembre 2021

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