APROXIMACIONES DE
INTERVENCIÓN POLÍTICA DESDE LAS RAMAS DE PODER PÚBLICO PARA LA SUPERACIÓN
INTEGRAL DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA
Fecha de recepción:23/09/2020 Fecha de revisión:15/10/2020 Fecha de aceptación:28/10/2020
RESUMEN
El presente ensayo se realizó con el
objetivo de plantear aproximaciones de intervención política desde las ramas de
poder público para la superación integral de la pobreza en América Latina. Para ello se utilizó la metodología cualitativa, con técnica de análisis documental, mediante la revisión bibliográfica de bases de datos
científicas, tales como Dialnet, Scielo, Redalyc, Researchgate y Google
Scholar, previo ingreso de las siguientes expresiones en sus motores de
búsqueda: como superar la pobreza en América Latina, intervención política a la
pobreza y causas de la pobreza en
América Latina. Como criterios de calidad, se tuvo en cuenta: la antigüedad
(artículos no mayores a diez años desde su publicación), pertinencia del
contenido y relevancia (credibilidad y transferibilidad), por el número de
citaciones de otros autores. Como resultado,
las aproximaciones de intervención política propuestas consisten en la
unificación política de los países de América Latina y la definición de un
Sistema Económico Regional, con ajustes a las funciones de las ramas del poder público. Así, en el poder legislativo, se propone el nombramiento
por meritocracia y democracia de los dirigentes. En el poder ejecutivo, se
proponen estrategias en cada ministerio que lo estructura, según su función.
Por último, en el poder judicial, frente
a delitos, además de la
privación de la libertad, se proponen medidas formativas y de servicio
comunitario. En conclusión, desde una mirada crítica, aunque las anteriores
propuestas son necesarias, no son suficientes; adicionalmente, sus actores,
deben ser motivados por principios de honestidad y ética profesional.
Palabras
clave: Superación, Pobreza,
América Latina, Poder Público, Sistema Económico Regional, Socio-empleado.
POLITICAL
INTERVENTION APPROACHES FROM THE BRANCHES OF PUBLIC POWER FOR THE COMPREHENSIVE
OVERCOMING OF POVERTY IN LATIN AMERICA
ABSTRACT
The present essay was carried out with the objective of
proposing political intervention approaches from the branches of public power
for the comprehensive overcoming of poverty in Latin America. For this, the qualitative methodology was used, with a document analysis
technique, through the bibliographic review of scientific databases,
such as Dialnet, Scielo, Redalyc, Researchgate
and Google Scholar,
after entering the following expressions in their search engines:
as overcoming poverty in Latin America, political intervention to poverty and
causes of poverty in Latin America. As quality criteria, the following were
taken into account: seniority (articles not
older than ten years since their publication), relevance of the content and relevance (credibility and transferability), by the number of citations from other
authors. As a result, the proposed political intervention approaches consist of the political unification of the Latin American countries
and the definition of a
Regional Economic System, with adjustments to the functions of the branches of
public power. Thus, in the legislative power, the appointment by meritocracy and democracy of the
leaders is proposed. In the executive branch,
strategies are proposed
in each ministry
that structures it, according to its function. Finally, in the judiciary, in the face of crimes,
in addition to deprivation
of liberty, training and community service measures are proposed. In
conclusion, from a critical point of view, although
the previous proposals are necessary, they are not enough; additionally, its actors must be motivated by
principles of honesty and professional ethics.
Keywords: Overcoming, Poverty,
Latin America, Public
Power, Regional Economic System, Socio-employee.
INTRODUCCIÓN
El presente ensayo se compone de los siguientes
apartados: identificación del problema, objetivo, antecedentes, síntesis de las
tendencias teóricas en torno a la superación de la pobreza y propuesta de superación integral de la
pobreza en América Latina. En primer lugar, en la identificación del problema
se muestran cifras sobre el número de personas pobres en América Latina, la
tendencia a la desigualdad, así como la meta trazada para superarla en los
próximos diez años. En segundo lugar, se indica el objetivo del ensayo, a saber, plantear aproximaciones de
intervención política desde las ramas de poder público para la superación
integral de la pobreza en América latina. En tercer lugar, en los antecedentes
se muestra el concepto de pobreza como un fenómeno político integral, que
trasciende los ingresos económicos. En cuarto lugar, se realiza una síntesis
de las tendencias teóricas frente a los intentos por superar la pobreza, las cuales tienen en común el abordaje unidimensional
del fenómeno. En quinto lugar, se presentan los argumentos referentes a las aproximaciones de intervención
política desde cada rama del poder público para la superación integral de la pobreza en América Latina. Por último,
en la conclusión se sostiene que los actores del cambio deben articular los
conocimientos, experticia y habilidades disciplinares, con una conducta
plenamente ética y de servicio, para garantizar la efectividad de dichas
políticas y programas de intervención.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En el día a día de los países de América latina y en
general del mundo, existe una realidad que afecta a la mayoría de la población:
la pobreza. De hecho, según investigaciones realizadas por Amarante, Galván y
Mancero (2016) y Bonaglia, Parra y Zamora (2020), en América Latina la
desigualdad y pobreza tiene grandes números: 220 millones de personas son
pobres y se espera que con la situación de emergencia sanitaria causada por el
covid-19, dicha cifra aumente en 35
millones. Como evidencia de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra el
alto índice de desigualdad y pobreza alrededor de 2002 y 2012.
Tabla 1. Estado de pobreza y desigualdad
alrededor de 2002 y 2012 en América Latina
Nota:
Los datos numéricos de la tabla corresponden al coeficiente de Gini.
Fuente: Amarante,
Galván y Mancero (2016, p. 31).
Frente al análisis de la tabla
anterior, cabe aclarar
que el coeficiente de Gini es un número
entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad, es decir,
todos tienen los mismos ingresos y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta
desigualdad. Por lo tanto, a más alejado
esté un país del origen del plano, más desigualdad y pobreza
posee. Así, en 2002 y 2012, el panorama
en materia de economía social, de los países de América latina,
evidencia un notable índice de desigualdad y pobreza, índice, que seguramente
se incrementará tras el impacto económico que causa la pandemia del covid-19.
Ahora bien, un sinnúmero de propuestas de solución frente
a la superación de la pobreza, han girado en torno a programas y
proyectos de tipo paliativo, sujeto a periodos de tiempo concretos (Max,
Elizalde & Hopenhayn 2010). Otras abordan el problema desde una perspectiva
de etiqueta de gobierno, pensando que con autoproclamarse capitalistas, socialistas
o mixtas, van a encontrar la solución. Sin embargo, diferentes autoridades en
el tema insisten en que las propuestas que se han gestado al respecto,
omiten atacar la pobreza como fenómeno multisistémico, con causas en el
funcionamiento y estructura del tipo de gobierno, sea cual sea su denominación
(Max, Elizalde & Hopenhayn 2010; Rodríguez & Sánchez, 2017).
Frente a lo anterior, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo se estableció como meta real
para el 2030 la superación de la pobreza mediante la intervención política
(Apoyado, 2018). Por lo tanto, la pregunta problema que en este ensayo se
plantea es: ¿Qué aproximaciones de intervención política, deben plantearse,
desde las ramas del poder público, para la superación de la pobreza en América Latina?
ANTECEDENTES
En primer lugar, en una aproximación al concepto de
pobreza, en este ensayo se asume la postura de Amartya Sen (citada en Vargas, León & Martínez, 2017), quien
la define como la falta de capacidad de producir o de realizar
su potencial productivo. En este sentido,
para la mencionada autora, una persona podría
tener ingresos y, no obstante, ser
pobre, pues, además de estos, tiene “la imposibilidad de alcanzar un mínimo de
realización vital por verse privado de las
capacidades, posibilidades, y derechos básicos para hacerlo” (p.32). Por
lo tanto, ser pobre es una condición de carencia integral, por lo que se
necesita una intervención de la misma naturaleza para superarla.
Síntesis de las
tendencias teóricas frente a la solución de la pobreza
Dentro de las principales tendencias teóricas en torno a
propuestas de mitigación o solución de la pobreza se tienen las siguientes: Teoría de Crecimiento Económico y de
Goteo, Teoría de las Necesidades
Básicas, Teoría del Desarrollo
Humano, Teoría del Empoderamiento, y
la Teoría de las Capacidades
(Martínez, 2017).
Dichas
teorías tienen en común el abordaje de la pobreza de manera unidimensional y
desde planes de intervención concretos, en muchos casos,
basados en concepciones de pobreza reducidas a necesidades básicas y no en la integralidad y lo multisistémico del fenómeno, referido
por Amartya Sen ( citada en Vargas, León & Martínez, 2017), además
de Giunta y González (2020).
Propuesta de
superación integral de la pobreza en América Latina
La propuesta de solución planteada en este ensayo
consiste en plantear aproximaciones
de intervención política consistentes en una reforma estructural
de gobierno, que
comienza con la unificación política de los países de América y las
organizaciones al interior de este: el Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
Comunidad Andina de Naciones (CAN), El CARICOM (Comunidad del Caribe), La Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), La Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Alianza del Pacífico
(AdP), La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para
potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de cada uno, en sus
políticas, proyectos y planes destinados a superar integralmente la pobreza
(Roldán & Norato, 2014). Esta unificación implica que debe construirse la
estructura directiva del nuevo estado, es decir, la conformación de las ramas
del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial, bajo el nombre de Estados
Unidos Latinoamericanos y un Sistema Económico
Regional.
En ese sentido, para generar condiciones de bienestar,
desarrollo social, dignidad y calidad de vida de la sociedad latinoamericana,
con el fin de superar integralmente la pobreza, uno de los primeros pasos consiste en garantizar, desde los representantes de todas las ramas del poder público, una cultura política de actuación
ética, con transparencia, en ausencia y oposición a la corrupción, así como la
formulación de políticas de tipo estructural, con base en un estudio exhaustivo
previo en torno a la magnitud
y aristas del problema en la región
latina (Salama & Valier,
1995; Pernalete, 2015). Asimismo
se deben formular
políticas directivas generales
en torno a la superación integral de la pobreza, así como planes y proyectos específicos,
que permitan materializar las políticas iniciales, mediante la aproximación
progresiva entre su axiología, teleología y los resultados concretos tras su
ejecución (Páez & Ceballos, 2014).
En cuanto a la estructura de la propuesta, esta se
desglosa en las diferentes ramas del poder público. Para el caso
del poder legislativo, se propone la construcción colectiva de leyes en los Estados Unidos Latinoamericanos,
conformación del Sistema Económico Regional, institucionalización de los
Derechos Básicos de Consumo Ciudadano, estatus de socios-empleados y
nombramiento de representantes, es decir, directores; e integrantes, es decir, socio-empleados,
para promover la conducta ética y representatividad real del pueblo.
Respecto al poder ejecutivo, se explica la propuesta en
función de los diferentes ministerios,
entre otros órganos que lo conforman, tales como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Asimismo, en la
argumentación se hace énfasis en las características de la ejecución y
administración que posibilitan de manera viable y factible, la superación
integral de la pobreza.
Por último, en la reforma al poder judicial, se argumenta
la propuesta en función de la nueva administración de justicia que hace posible
la percepción de justicia en la sociedad, la independencia de las demás
ramas, como debe ocurrir con cada una de las ramas del poder público, y en la penalización de delitos,
se propone complementar la privación de la libertad con medidas correctivas de
tipo pedagógico para la no repetición de las conductas socialmente indeseadas y
la formación de un ser humano apto para la vida y desarrollo comunitario, como característica de una sociedad que
avanza hacia la superación integral de la pobreza.
Reforma al poder
legislativo
En una aproximación a las funciones del poder legislativo,
Hervia de la Jara (2010) plantea que esta rama del poder público se encarga de
crear las leyes que expresan en un texto escrito una decisión política y consta
de tres etapas: “iniciativa, que permite
a diferentes actores presentar una propuesta; constitutiva, que transcurre
específicamente dentro del parlamento; y la etapa integrativa de eficacia, que tiene que ver con los procedimientos del poder Ejecutivo para publicar la
norma legal” (p.3).
En relación con los actores que presentan propuestas para
su constitución legal, si se habla de un contexto democrático, se entiende que
todos los distintos segmentos poblacionales, con sus concepciones e ideologías,
deben participar en la construcción de leyes que fomenten los intereses y el bienestar común
(Domínguez, 2012).
Ahora bien, dicha finalidad de bienestar social se ve
truncada por el fenómeno de la corrupción, que consiste en el aprovechamiento
de un cargo o función pública en beneficio de intereses privados, particulares o compartidos, reprobables por la sociedad, aunque pueden o no ser castigados por el código penal
(Soriano, 2011; Bautista, 2012; Hechler, 2013).
Por lo anterior, en vista de los altos índices de
corrupción desde los representantes de las ramas del poder público en América
Latina, y la contradicción teleológica que representa en relación con la
democracia, se propone un mecanismo de meritocracia y veeduría ciudadana a los representantes de las ramas del poder
público (Lacoviello & Strazza, 2011; Hechler, 2013), para aumentar la
probabilidad escoger los individuos con los aspectos actitudinales y aptitudinales necesarios para construir desde
las bases legales un sistema político-económico que propenda por el bienestar,
confort y desarrollo del pueblo, entendiendo que dichas leyes no son un
producto acabado sino que se desarrollan continuamente mediante el tránsito
desde la conciencia social hasta la institucionalización de la norma legal.
Concretamente, la reforma propuesta al poder legislativo
consiste en la modificación de las leyes que regulan
el acceso, permanencia y gestión de los empleados
de las ramas del poder público,
por meritocracia y democracia para los representantes de dichos poderes,
y con meritocracia para el resto
de los integrantes, dado que quienes perciben
un adecuado funcionamiento de la meritocracia, también perciben menos
desigualdad social (Castillo, Torres, Atria
& Maldonado, 2019).
En primer lugar, se propone que para el acceso y
permanencia, para acceder al cargo de representante(dirigente) o
integrante(operario) en cada rama del poder público, bajo el criterio de la meritocracia, el ciudadano postulado deberá
cumplir con el requisito mínimo de formación en para el cargo y experiencia
relacionada. Además deberá superar una prueba aptitudinal de conocimientos de
dimensión teórico-práctica, así como una prueba actitudinal de motivaciones,
compromisos éticos y comportamientos esperados en el cargo, de dimensión
práctica. Además, el caso de los
aspirantes a dirigentes, únicamente los que aprueben serán vinculados al
sistema económico-estatal, en estricto orden de mérito, según las vacantes. En
el caso de los aspirantes a
integrantes, deberán pasar por un programa educativo de refuerzo, y serán
vinculados una vez adquieran satisfactoriamente las competencias de su cargo. Respecto a la permanencia en el cargo, estos serán evaluados con cierta
periodicidad por su jefe inmediato y los demás
empleados.
Adicionalmente, para el caso de los aspirantes a
representantes de las ramas del poder público, una vez cumplidos los requisitos
anteriores, deberán construir un plan de trabajo afín a su cargo, a disposición de los integrantes del sistema, para
que puedan realizar los ajustes necesarios,
orientados a la administración eficiente, con equidad, para el bienestar
social, dignidad y confort. Dichos representantes deben comprometerse por escrito
a cumplir lo pactado, con evidencias de los logros parciales, para la
continuidad en su cargo. Posteriormente se someterá a la elección por
democracia, y el representante electo, empezará en periodo de prueba, por lo
menos un año.
En segundo lugar, en cuanto a la permanencia en el cargo,
cada año será evaluado por un órgano independiente a las tres ramas del poder
público, y por la ciudadanía en general a través de un espacio de veeduría, con base en los indicadores de acuerdo con lo pactado
en la fase de campaña.
Para el caso de los integrantes del poder legislativo,
por ser este una rama que regula a las demás
(Hervia de la Jara, 2010),
además de la meritocracia, se debe garantizar la representatividad
en la vos y concepciones de la sociedad. Para ello, se conformarán con líderes de diferentes regiones de América Latina, que recojan
el sentir de sus comunidades, especialmente, las percepciones sobre los
aspectos que les generan bienestar calidad de vida, dignidad y desarrollo.
Reforma al poder
ejecutivo
Según Cadena y Gayosso (2016), en los estados
democráticos el poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del
Estado, mediante la ejecución de políticas y leyes, y puede sugerir respecto
a estas, en representación de la voluntad popular a la cual representa y
defiende. Para ello posee una estuctura organizacional, compuesta, entre otros
órganos, del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa, Ministerio de
Educación, Ministerio de Ciencia Tecnología
e Innovación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio
de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
No obstante, numerosas
investigaciones refieren que en América
Latina, lejos de ser garantes de la voluntad popular, responden
a intereses de algunos sectores reducidos, incluso, toman decisiones que ponen
en tela de juicio su idoneidad y contribuyen a la reproducción y producción de
situaciones de pobreza para la mayoría de la población (Stampini, Robles,
Sáenz, Ibarrarán & Medellín, 2015; Álvarez, 2017). Por esta razón en este
apartado se realizan propuestas de reforma del poder ejecutivo, desde los
ministerios que lo estructuran, con el fin de propiciar la superación integral
de la pobreza.
En el Ministerio
de Hacienda
Según Marín y Plazas (2019), la secretaría de hacienda está
encargada de “la prestación de los
servicios públicos esenciales, para garantizar a la sociedad condiciones de
dignidad humana, armonía y paz” (p.1). Además, según el mismo autor, “de su adecuado manejo depende el nivel de
bienestar que se puede suministrar a la población, por lo que se constituye
como fundamento esencial de la política económica
para la estabilidad de una nación”
(Marín & Plazas,
2019, p.2).
Así para lograr la finalidad de dignidad, armonía, paz y
desarrollo social, no es un secreto que por décadas, el modelo de
administración de los recursos es esencialmente capitalista, y el objetivo que
ha logrado ha sido precisamente el contrario, la acumulación excesiva de recursos
en unos pocos, a costa del detrimento en las condiciones de dignidad y
bienestar social en todos los sentidos (Borón, 2008), por lo que actualmente,
distintos autores se refieren a dicho modelo como inviable para el desarrollo y superación de la pobreza en
América Latina (Borón, 2008; Ancada, 2008; Martínez, 2008; Harnecker, 2010;
Fernández, 2014). Asimismo, las nuevas tendencias en la administración de los
recursos, se orientan a modelos más democráticos, institucionales, con
aproximaciones socialistas, donde todos los integrantes del sistema económico
(ciudadanos) son socios y a la vez empleados del sistema, con voz y voto para
decidir y ejecutar (Martínez, 2008; Harnecker,
2011).
De esta manera, se propone un cambio de la figura de
presidente a administrador nacional, con una estructura directiva subsiguiente,
dotada de empleados-socios de la gran empresa estatal en América Latina, los
cuales tendrán acciones del patrimonio nacional correspondiente y en el
macroproyecto económico, lo que maximizará el beneficio obtenido (Briceño,
2013). Además, de acuerdo a su cargo, funciones, responsabilidades en la estructura jerárquica, el salario de los socios- empleados podrá variar ligeramente. No obstante, aun el más salario bajo, deberá ser de tal cuantía
que permita amplias condiciones de bienestar social, salud, previo un estudio
de percepciones individuales relacionadas.
Por lo tanto, en lo relacionado con el ministerio de
hacienda, en este ensayo se propone la democratización de los recursos
económicos y medios de producción de América Latina, es decir, renombrarlos
como parte del erario estatal y ser utilizados por los representantes de la
rama del poder ejecutivo o administración nacional, para promover el desarrollo económico, en dos grandes vertientes: la seguridad de
consumo nacional y la elaboración de productos del sector económico secundario
y/o terciario para exportación (Schmidtke, Koch & García, s.f). Dichas
actividades económicas son factibles de desarrollarse en América Latina, pues
esta región presenta diversidad de estos sectores económicos entre países, lo
que permite la complementariedad económica al momento de fusionar sus
actividades comerciales (Schmidtke, Koch & García, s.f; Rodríguez & Vanegas, 2014).
En consonancia con lo anterior, la actividad comercial de
la macroempresa estatal consistirá en la exportación de sus productos y en la creación de multinacionales, pues este uno de los factores
más importantes para el crecimiento económico y del PIB regional (Armijos, Ludeña
& Ramos, 2017). Además, muchos países latinoamericanos poseen empresas
multinacionales, lo cual es un buen punto de partida, para fortalecer el
comercio exterior (Casanova, 2015).
Ahora bien, luego del proceso de comercialización
internacional, se destinará un fondo para los
costos y gastos de producción y la utilidad
será repartida equitativamente entre los miembros
de la gran empresa
América Latina, la cual se constituirá en su pago. No obstante, estos dineros serán utilizados solamente para actividad
comercial externa, no habrá necesidad
de mercado interno, pues las necesidades básicas estarán cubiertas
gratuitamente por el hecho de ser socio-empleados del sistema y para el caso de los bienes adicionales que los ciudadanos deseen, deberán importarlos (Martínez, 2008; Max,
Elizalde & Hopenhayn, 2010; Harnecker, 2011).
Asimismo, se destinará un fondo para el ahorro, con el
fin de atender sucesos imprevistos negativos que pueda afectar la economía de
la región, tales como una catástrofe ambiental o biológica. De esta manera no solo se fortalece la economía
desde la diversificación de sus fuentes y diferentes niveles
de actividades económicas, sino que se logra mejorar
la competitividad con los
otros países, los ingresos y poder adquisitivo de los ciudadanos.
En el Ministerio
de Salud
Según Cotlear et al. (2015),
el ministerio de salud tiene
como objetivo principal la formulación,
ejecución, y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la salud de
los ciudadanos y riesgos profesionales, con el fin de que estos ejerzan su
derecho a la protección a la salud.
No obstante, son muchos los investigadores que coinciden
en que el servicio de salud en América Latina es precario (Martínez et al.,
2011; Laurell, 2016; Báscolo & Del Riego, 2018). A esto se le suma la alta
percepción desfavorable de la ciudadanía, quienes explican la precariedad por
la prioridad de intereses económicos empresariales por encima del bienestar
ciudadano (Sojo, 2011).
Por lo anterior,
se propone una reestructuración al sistema de salud, empezando por sustituir el
concepto de servicio de salud, por derecho a la salud. Este derecho a la salud
será garantizado por el área de gestión
del Sistema Económico
Regional, encargada del cubrimiento de necesidades
básicas de salud de los socio-empleados de sistema económico estatal, de forma
completamente gratuita.
Para ello se deben reestructurar las empresas prestadoras
de salud, en el sentido de mejorar la infraestructura y capacidad instalada de
los hospitales, y garantizar con celeridad la atención hospitalaria pertinente según la complejidad de cada caso. Además, la prestación de este servicio
se distribuirá a cargo
de tantas sucursales como sea necesario, cada una con un número
de ciudadanos que atender,
establecido con base en estudios piloto. Además, la calidad y cobertura del
servicio prestado por el área de gestión de salud del Sistema Económico Regional, serán evaluadas y sujetas a planes
de mejoramiento, con base en las percepciones evidentes a través
de espacios de veeduría
ciudadana.
En el Ministerio
de Defensa
Según Eissa (2017), el ministerio o secretaría de defensa
tiene como objetivo la planeación, organización y administración de programas y
proyectos, con el objetivo de defender la soberanía de cierta nación, mantener
el orden constitucional y convivencia democrática.
De ese modo, la propuesta en este ministerio consiste en
convocar a las fuerzas armadas, legales e ilegales a un cese bilateral del
fuego, con el fin de establecer un acuerdo de paz que incluya reparación a
víctimas, resocialización, educación para la resolución pacífica de conflictos,
convivencia ciudadana y educación para el ingreso al Sistema Económico
Regional. Luego, serán inscritos en la planta de socios-empleados del mencionado sistema
económico previo cumplimiento de los requisitos meritocráticos para ello. Solamente quedará un grupo
reducido de la fuerza pública, para defender la soberanía,
integridad regional y velar por la convivencia
ciudadana.
En el Ministerio
de Educación
Según Vásquez (2015) el Ministerio de Educación se encarga de elaborar la política nacional de educación, lo que incluye
criterios y parámetros que permitan el acceso, permanencia y calidad en todos los niveles de
formación.
Frente a la calidad educativa, algunos autores
manifiestan que, salvo en algunos casos, la educación en América Latina,
se orienta a los aprendizajes teóricos, es decir,
el aprender a conocer
y,
en menor medida,
al aprender a hacer (Rivas,
2015; Plá, 2016).
Por tanto, se propone una reforma
educativa que articule en su currículo los cuatro pilares de la educación, es
decir, el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir juntos y
aprender a ser, contextualizados con
el nuevo sistema económico, en virtud del perfil esperado de los ciudadanos en
calidad de socios- empleados de dicho sistema (Delors, citado en Garcés,
Monsalve, Chavarriaga & Moreno, 2017). En ese sentido, se debe realizar una
transposición didáctica del saber implicado en todo el proceso productivo y de desarrollo económico, con el fin de convertirlo en un saber enseñable, enfocado
en los mencionados cuatro pilares de la educación.
De esta manera,
la educación se pretende desarrollar con base en el proyecto
de vida nacional, desde la actividad económica comercial conjunta y los valores
que se requieren para la convivencia,
formación y autorrealización personal, sentido de curiosidad e investigación,
conciencia ética, de acuerdo a las necesidades de la cultura
y forma de vida, producto
de la transformación de las ramas
del poder público, especialmente la referida al nuevo sistema económico
nacional para que los estudiantes, los cuales serán los socios empleados del
mañana, hereden y continúen desarrollando su estado de bienestar, confort y
participación ciudadana en la dirección y organización del estado regional propuesto.
Para lograr lo anterior, se propone construir un
Currículo Unificado Regional cuya finalidad
sea el aprendizaje conceptual, procedimental, crítico de las diferentes aristas
de las ramas del poder público, así como el proceso productivo del sistema
económico regional, de menor a mayor complejidad, según el nivel de formación y
la formación de valores éticos, para potenciar los primeros aprendizajes y
garantizar la continuidad y progreso del nuevo sistema implementado. Así, en el
pilar educativo aprender a conocer, esto implica reconstruir los contenidos y
el discurso pedagógico subyacente en las áreas
de conocimiento que comúnmente se abordan, en consonancia
con el nuevo currículo unificado regional (Plá, 2016).
Además del aprendizaje conceptual, es necesario que la
nueva educación potencie el aprender a hacer (Delors, citado
en Garcés et al., 2017),
mediante la aplicación y puesta en contexto
especialmente en actividades propias del Sistema
Económico Regional, según el nivel
de formación en que se
encuentren los estudiantes.
Ahora bien, no bastará solo con aprender a conocer y
hacer, en tanto se constituyen solo en un ejercicio de reproducción de
conocimiento que pertenece a la cultura. Por esta razón, se resalta educar en el ser (Delors, citado
en Bécart & Garrido, 2016),
en primer lugar desde una perspectiva
disciplinar, para la adquisición de habilidades tales como la metacognición,
pensamiento crítico- reflexivo, investigación; y en segundo
lugar, desde una perspectiva comportamental, para la formar una adecuada conciencia ética laboral, profesional, responsabilidad ambiental, así como el manejo
de finanzas personales, y habilidades para llevar una
vida sana y productiva individual y en sociedad.
Por último, es necesario formar en el aprender a vivir
juntos (Delors, citado en Garcés et al., 2017), es decir, construir escenarios
de aprendizaje para la convivencia ciudadana, las buenas relaciones
interpersonales, valores morales en relación con el otro, que propendan en el
desarrollo y fortalecimiento de la convivencia
pacífica.
En el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Según López (2017), este ministerio se encarga de
ejecutar las políticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación productiva, para incorporar el conocimiento y la innovación como base de su desarrollo social y económico.
A pesar de la claridad
conceptual de su función, diferentes autores manifiestan que, en América Latina, a este ministerio no se le da la debida importancia: existe un bajo porcentaje del PIB en la asignación de recursos y acompañamiento a los procesos
de desarrollo científico (Lemarchand, 2016; Baptista, 2018). Por lo tanto, se
propone una reforma al ministerio de ciencia tecnología e innovación, para
integrarlo en el sistema económico estatal, el cual, mediante un proceso de
articulación con el ministerio de educación regional, se encargará de promover
la investigación, para la construcción y generación de nuevo conocimiento que
permita el mejoramiento continuo del sector productivo, sea para potenciar los
procesos ejecutados, o para generar nuevas formas de producción.
Es especialmente importante hacer énfasis en estas nuevas
formas de producción, pues dichos constructos se constituirán en modalidades alternativas para afrontar con éxito contigencias biológicas como la que
ocurre actualmente con el covid-19. Por ejemplo, podrían fomentarse
investigaciones para establecer una economía regional basada en el comercio
internacional de activos electrónicos. Por tanto, será competencia de este ministerio
fortalecer la ciencia tecnología e
innovación en todas y cada una de las etapas por las que atraviesa el proceso
empresarial, que permita el desarrollo de nuevas ideas de comercio
internacional viables y factibles. Asimismo, este ministerio impulsará en la misma medida el desarrollo humano mediante la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación, para
mejorar de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos, desde la satisfacción de las necesidades básicas hasta las socialmente complejas. Por último, se enfatiza que este ministerio será fundamental en
la promoción de la investigación, ciencia y tecnología para el mejoraramiento
organizacional y disciplinar de los demás ministerios.
En el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural
Según Sabourin, Massardier y Sotomayor (2016), este
ministerio tiene como objetivos primordiales la formulación, coordinación y
adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del sector
agropecuario, esquero, así como otras actividades del sector primario, no
asociadas al Ministerio de Minas y Energía.
Aunque las políticas de este ministerio han anunciado
desde el discurso el estudio y la promoción
de las agriculturas familiares en una perspectiva de desarrollo rural mediante un modelo
inclusivo generando empleos, mayor autonomía y sustentabilidad de la producción
y reducción de la pobreza
y de las desigualdades con intervención de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) en
realidad las políticas han sido débiles y han aumentado la brecha entre el
campo y la urbanidad (Botella & Suárez, 2016).
Frente a lo anterior, este ministerio se encargará de
fortalecer y ejecutar las políticas, programas y proyectos destinados a maximizar
la producción de los recursos agropecuarios de los que cada socio-empleado tiene acciones, pues estos se
constituyen en materia prima para la elaboración de productos económicos
industriales y en forma de bienes y servicios para comercio internacional, así
como para la seguridad alimentaria regional, bajo el principio de
sostenibilidad ambiental. En síntesis,
la propuesta se basa en la asignación de acciones equitativas del patrimonio
nacional, para todos los ciudadanos, incluidos los campesinos, con una
educación que les permita realizar actividades para el desarrollo del sistema
económico regional y que contribuyan a la vez, en el beneficio y calidad de
vida personal.
En el Ministerio
de Minas y Energía
Según Hincapié (2017), el Ministerio de Minas y Energía
tiene la función de administrar los
recursos naturales no renovables del país, para su uso racional en función de
las necesidades y la protección del medio ambiente, con el fin de garantizar su
conservación en el tiempo.
En concordancia con lo anterior, por tratarse de recursos
finitos, se propone su uso exclusivamente para consumo interno, para prolongar
su aprovechamiento en el tiempo; para
ello estará en articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el
desarrollo de mecanismos que permitan el aprovechamiento de fuentes de energía
alternativas. Asimismo, su proceso de extracción se debe hacer con el principio
de sostenibilidad socio-ambiental, para lo cual, estará en articulación
con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Para finalizar, los productos obtenidos de los recursos
no renovables, por tratarse de consumo interno, serán distribuidos de forma
gratuita para todos los socio-empleados pertenecientes al Sistema Económico Regional.
En el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Según Rodríguez y Espinoza (2016),
la función de este ministerio es garantizar el uso racional de los recursos ambientales a través de normas y directrices en materia de recursos renovables y no renovables, para su conservación en el tiempo.
Por lo tanto, dentro de la gestión
de este ministerio se propone
explotar los recursos
naturales, especialmente los no renovables, en sujeción a un inventario
de consumo, para estimar la cantidad
y el tiempo de aprovechamiento. Asimismo, es urgente elaborar, en articulación
con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, proyectos y programas para el aprovechamiento de fuentes de energía alternativas y amigables con el ambiente,
tales como la eólica,
hídrica, solar, eléctrica, etc., en
articulación con el ministerio de ciencia, tecnología e innovación, para que
las generaciones futuras tengan disponibilidad de recursos energéticos.
Asimismo, la densidad poblacional de las generaciones
futuras también serán controladas con base en estudios de proyección de
crecimiento económico y estado del patrimonio y PIB nacional, para estimar una
tasa de crecimiento poblacional y la máxima cantidad de hijos por pareja, con el fin de no comprometer la estabilidad, sostenibilidad ni calidad de vida de los Estados Unidos Latinoamericanos.
Reforma al poder
judicial
Según Sutil (2016),
es una de las tres ramas del poder público,
encargada de impartir
Justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas y
principios jurídicos en la resolución de conflictos.
No obstante, existe una alta percepción ciudadana sobre
la independencia de esta rama respecto a las otras, pues cuando los delitos son cometidos por altos funcionarios, tienden a quedar en la impunidad (Popkin, 2016).
Por lo tanto, aunque es sabido que las ramas del poder público son
independientes, se propone que a este ministerio se le aplique veeduría
ciudadana, en aras de garantizar la intersubjetividad y el acuerdo colectivo para
la imparcialidad en la administración de
la justicia con celeridad. En ese sentido, se espera que la administración
imparcial y con ausencia de impunidad, se constituya en objeto de aprendizaje
de la ciudadanía y disminuya la incidencia delictiva (Popkin, 2016). Esto
permitirá generar, poco a poco, un ambiente de confort, bienestar y seguridad social, los cuales son aspectos
que caracterizan una condición social contraria a la pobreza.
Adicionalmente, se propone
que el poder judicial apoye al ministerio o secretaría de defensa
mediante el nombramiento de jueces de paz en microambientes, previo proceso de
formación pertinente, con el fin de resolver conflictos rutinarios, pero que
potencialmente puedan trascender.
En el caso que esté implicado un delito, se debe aplicar
una pena que, además de privar de la libertad, implique un proceso correctivo
de formación pedagógica y la posterior prestación de servicio comunitario, para resarcir el delito cometido, con supervisión de funcionarios de la fuerza
pública. En caso de asesinato, la pena para el victimario consistirá en trabajos
de índole sociocomunitario y subsistirán únicamente con sus Derechos Básicos de consumo ciudadano.
CONCLUSIÓN
En este ensayo
se plantéo una reforma estructural de gobierno fundamentada en la superación de la pobreza como factor
político estructural y multidimensional. Por esta razón, se propone una alianza política
de los países de América
Latina, llamada los Estados Unidos
Latinoamericanos, y la resignificación de las ramas
del poder público,
empezando por la independencia política
efectiva de las mismas y culminando con la creación
de políticas efectivas, es decir, aquellas
que son evaluadas con base en el grado de cubrimiento de necesidades,
pues la finalidad de dichas políticas, más
que ejecutar obras, de ser la satisfacción de necesidades sociales.
Para finalizar, cabe destacar que toda política, planes y
programas elaborados con el fin de
mitigar o acabar con la pobreza, requieren de la articulación de competencias
disciplinares y comportamentales. No obstante,
de manera accidental o deliberada, en la sociedad
se da a entender que el
éxito de las mencionadas políticas, planes de desarrollo, etc. dependen en su
mayoría, del conocimiento, experticia, experiencia en el campo, a la vez que se
omiten las habilidades del ser, tales
como honestidad y ética profesional, que moldean y le dan sentido a dichas
competencias disciplinares. Esto es especialmente importante comprenderlo, ya
que por mucha experticia y conocimiento que un funcionario público tenga, si su
ética profesional no es la adecuada, no será efectivo plenamente en la
finalidad de sus funciones.
Dicho de otro modo, la definición de una política
disciplinar para solucionar la pobreza es una
condición necesaria, pero no suficiente. La suficiencia se alcanza con la articulación de Ahora bien,
aunque para nadie es un secreto la importancia de la honestidad y ética
profesional, no es un tema del que se hable a menudo en la política; por el
contrario, permanece bajo la sombra, oculto, como si su presencia
no pareciera importarle a dichos actores.
Por ello, cabe preguntarse: ¿por qué
no le interesaría a un gobierno hablar de ética?,
¿por qué no se le da la importancia adecuada
en las políticas implementadas?, ¿Acaso no le interesa que las políticas
sean efectivas contra la pobreza?,
¿Será que sus verdaderas intenciones políticas distan de
las acciones visibles y su discurso social? Hasta tanto no se respondan estas
cuestiones y se asuman con la seriedad e importancia debida en el ejercicio
político, para asegurar
la adecuada motivación-acción de los dirigentes; probablemente la solución definitiva a la pobreza seguirá
siendo escurridiza.
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