Revista Cathedra

El principio de legalidad y la discrecionalidad administrativa en la administración pública

Stella María Escala — 2023-05-31

El derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que rigen la organización, atribuciones y funciones de las instituciones públicas, cuyas actividades van destinadas a lograr el bienestar social de los ciudadanos. El derecho administrativo no solo se concentra en la relación jurídica de la Administración Pública con los ciudadanos, sino también incluye las normas reguladoras de los servicios públicos.

La Administración Pública es el conjunto de dependencias estatales cuyas actividades están encaminadas a satisfacer necesidades públicas, sin embargo, para evitar arbitrariedades o abusos en la Administración Pública por quienes ostentan el poder, es indispensable que sus actuaciones se desarrollen sobre la base del principio de legalidad como una regla fundamental del Estado de Derecho.

El principio de legalidad garantiza que todas las actuaciones de la Administración Pública queden sometidas al derecho y sean controladas por el Poder Judicial a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que ejerce el control de la legalidad en relación con los actos administrativos y debe velar por una tutela judicial efectiva que proteja los derechos de los ciudadanos.

Luego de abordar el principio de legalidad, surge el tema de la discrecionalidad administrativa que se traduce en la razonabilidad que deben ejercer los funcionarios conforme a sus competencias, para resolver situaciones cuyas particularidades no están contempladas en la normativa, y que requieren de una atención inmediata.

Nuestra sociedad evoluciona, pero la normativa no necesariamente va al mismo ritmo, por tanto, la discrecionalidad administrativa es el núcleo de la problemática del derecho administrativo, sin embargo, dicha discrecionalidad en función de la Administración Pública no se limita a la aplicación automática de las leyes, sino a su finalidad esencial que es satisfacer las necesidades públicas.

El poder discrecional aparece como un margen de arbitrio de las instituciones públicas, que representa una oportunidad de dictar un acto administrativo por razones de interés público, lo que está siempre sujeto al control judicial, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales.

Frente a la discrecionalidad administrativa juega un rol importante la motivación de los actos administrativos, en el que se debe dejar plasmado la competencia conforme a la ley, los antecedentes, objeto y causa de hecho y de derecho, que sustente en la medida de lo posible la justificación racional del acto administrativo en apego a las funciones que tiene la Administración Pública.

Historia del sindicato en Colombia, leyes e impacto social

José Gregorio Noroño Sánchez — 2023-05-31

El presente artículo analiza el movimiento sindical desde sus orígenes a partir del fenómeno de la industrialización, en donde se registró un aumento en el número de obreros teniendo entre sus filas a hombres, mujeres y niños por igual, los cuales se verían explotados de manera indiscriminada. El movimiento sindical, nació en aquellos entonces para hacer valer el derecho de los trabajadores y regular las condiciones a las que eran sometidos. Es allí, en donde el sindicato se posiciona como una asociación de trabajadores asalariados o por cuenta ajena, de carácter permanente y autónoma, sin fines de lucro, para la representación y defensa de sus intereses colectivos, no obstante, la llegada del movimiento sindical a América Latina no tuvo el mejor de los recibimientos, enfrentándose a diversas problemáticas y evidenciando una brecha significativa entre los sindicatos de sector privado y sector público. Metodológicamente se aplicó la revisión bibliográfica y se hizo uso de la hermenéutica para el análisis de los postulados, así como el contraste de diversos artículos, libros, revistas y encuestas recuperadas de bibliotecas virtuales, se procedió a realizar un análisis detallado referente a las posturas de los autores que han hecho aportes significativos sobre los sindicatos del sector público y privado, haciendo retrospectiva histórica del origen de los mismos y el cómo este movimiento obrero llegó a Latinoamérica, asimismo se hizo un abordaje del sindicalismo en Colombia, los problemas a los que se enfrenta y el impacto causado. Concluyendo así que los sindicatos se han visto expuestos a ambientes de desigualdad, intromisión Estatal, falta de cohesión desde la base obrera y varios momentos críticos desde su creación observando, así como las principales diferencias entre el sectores público y privado, originando distorsiones en el derecho de huelga y negociación, y serias e irreconciliables brechas salariares hoy significativas.

Lucha anticorrupción y derechos humanos: Una sola agenda reforzada por convenciones especializadas

Joel A. De León Quintero — 2023-05-31

La corrupción es un flagelo social de vieja data, que evoluciona constantemente, adquiriendo nuevas modalidades que impactan negativamente los sectores público y privado. El efecto destructivo de la corrupción trastoca la capacidad que los Estados tienen para desarrollar, respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Históricamente han surgido iniciativas anticorrupción, entre ellas a nivel de país como ocurrió con la ley FCPA (Estados Unidos, 1977), a nivel regional con la Convención Interamericana Contra La Corrupción (CICC- Caracas, 1996) y a nivel internacional con la Convención Anti cohecho de la OCDE (1997), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus Protocolos complementarios (2000) y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUC, 2003). Finalmente, a través de este artículo reconocemos que el éxito de la lucha anticorrupción se fundamenta en el cumplimiento de objetivos comunes, los cuales a vez redundan positivamente en la modernización de la administración pública, promoviendo así atención oportuna y respeto por los derechos humanos de la población, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación.

Facultades del Querellante conforme al artículo 341 del Código Procesal Penal vigente.

Saima Yodalis Pitti Suira — 2023-05-31

A lo largo de la práctica procesal penal, muchas son las posturas que se han venido discutiendo con respecto a la figura de la víctima o querellante, su actuación y facultades dentro del proceso penal.

A pesar de lo anterior, no ha existido mayor dificultad en cuanto al reconocimiento de los derechos de las víctimas, como tampoco acerca de las facultades legales que puede ejercer, una vez constituida como querellante legítima.

El punto medular de la discusión ha sido siempre, el momento procesal oportuno para presentar su escrito de querella y ejercer cualesquiera de las facultades que le confiere el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal.

Sobre este tema en particular se referirá este breve y a mi parecer necesario ensayo, no teniendo como finalidad la de convencer de nuestro criterio a ningún interviniente del proceso, sin embargo, sí pretendemos traer al debate nuestra postura, con la esperanza que pueda ser analizada, discutida, y por qué no, ser utilizado como punto de consenso para la unidad de criterios a lo largo del territorio nacional.

Editorial

Jose Alberto Nieto Rojas — 2023-05-31

Presentación de la edición

Gino Pietro Osellame — 2023-05-31

Preliminares e índice

Arturo Nieto — 2023-06-06

Principio de legalidad en el Sistema Penal Acuastorio

Luis Gabriel Peñalba Ríos — 2023-05-31

Esta investigación titulada principio de legalidad dentro de los procedimientos penales, busca evaluar si se cumple con el principio de legalidad dentro de los procesos penales en el Sistema Penal Acusatorio en Santiago de Veraguas, mediante una metodología cuantitativa en donde se aplica el instrumento de la encuesta a 10 abogados que han formado parte del SPA en Santiago, de ello se concluyó que En primera instancia se destaca que se corrobora la hipótesis Hi, en la cual se establece que en el SPA de Santiago si se cumple con el principio de legalidad es decir que se vela por establecer sanciones en base a lo que se impone en las leyes panameñas. Las respuestas obtenidas de abogados que tienen años ejercicio de su profesión dentro del SPA hacen constar este punto, ya que se corroboró mediante un alto porcentaje que todo proceso penal se interviene acorde a las leyes vigentes y la jurisdicción, por lo tanto, se concluye que prevalece la Ley.