Revista Cathedra

Presentación de la edición Cathedra 22

Gino Osellame — 2024-11-30

“A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos"

Marco Tulio Cicerón

Ser jurista es ser un incansable estudioso.

La noble tarea de un jurista, consiste en poner el conocimiento a los pies, de quien los necesite, para soslayar un obstáculo o bien, resolver una lid que afronta con un tercero. Juristas son aquellos que incansablemente, en el medio de sus responsabilidades ordinarias, consultan la gaceta oficial, leen los registros judiciales, analizan la aplicación de un principio, se documentan por medio de libros empolvados, de esos llamados clásicos, pero también, aquellos que usan los medios electrónicos para poder auto dotarse de conocimiento, en tiempo real.

Ahora bien, acaparar conocimiento, no es la única tarea del jurista, sino que transmitirlo, someterlo a la crítica y a la obligada actualización, esto es propio de la dinámica del Derecho en constante evolución, por lo que la relación aprendizaje y re-aprendizaje es fundamental.

Cada medio y proceso que use, para compartir conocimiento, ya sea de forma individual; publicaciones de textos académicos, a nivel digital los blogs y redes sociales, cada logro mancomunado; como el de las asociaciones o gremios de profesionales, que convocan congresos, seminarios y cursos, aunado a los esfuerzos institucionales de universidades, centros de capacitaciones y escuelas de Derecho, van construyendo la academia jurídica nacional, que no es más que el conocimiento aceptado en nuestra foro jurídico-social, inmerso en el círculo indetenible del debate contemporáneo.

Ergo, plausible es todo esfuerzo que se haga para ir ladrillo a ladrillo, levantando la academia en cimientos sólidos de conocimiento, que, a hombros de gigantes, toca de generación en generación materializar como compromiso férreo de nuestra profesión.

Jurista que no estudia constantemente, obnubila su curiosidad y el pensamiento crítico, para ser cada día menos jurista.

Con esta breve cavilación, la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), aporta un nuevo ladrillo al conocimiento jurídico, con la Edición 21, de la Revista Cathedra, correspondiente a mayo de 2024 a octubre de 2024.

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, como máxima autoridad de nuestra casa de estudios superiores, en la cual manifiesta su complacencia por esta nueva edición y la continuidad de nuestra revista, como un medio de divulgación y aporte a la academia en el campo de las ciencias forenses y el derecho.

Iniciamos este número; con el artículo titulado EL ACUERDO DE ESCAZÚ Y SU IMPORTANCIA PARA PANAMÁ, desarrollado por la abogada y conservacionista, Raisa Alvarado Frías. En dicha obra la autora nos pone de relieve, luego de toda la coyuntura nacional del tema minero, y el derecho a un medio ambiente sano en Panamá, la importancia radical de que la sociedad conozca los pormenores que afecten la ecología, y que cuenten con instrumentos jurídicos internacionales, para la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, en defensa de los derechos ciudadanos.

Seguidamente, en materia forense, contamos con la colaboración del perito forense, Mijaid Joseph Tuñón Pérez, quien en su prima obra, nos ofrece un artículo de investigación de sumo interés para las ciencias forenses y jurídicas. El artículo se titula TECNOLOGÍA Y JUSTICIA: IMPACTO DEL ANÁLISIS DE RECORRIDOS VEHICULARES EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN PANAMÁ, de donde podemos conocer, la importancia de esta disciplina científica, dentro de las ciencias forenses, y técnicamente entender la importancia de los datos obtenidos de vehículos grabados por cámaras de vigilancia saliendo de lugares de interés de manera sospechosa, a su vez, para la investigación delictiva los recorridos y datos proporcionados por dispositivos tecnológicos permite ubicar los vehículos en tiempo y lugar, relacionándolos con diferentes sitios cruciales para descubrir la verdad material, en ciertos delitos.

Por su parte, el jurista y especialista en informática jurídica, Jaime Fong Buckridge, realiza un importante estudio técnico, en relación a la contratación electrónica. Su ensayo se intitula: VALIDEZ DE LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS EN EL DERECHO PANAMEÑO POSITIVO PANAMEÑO. Por medio de este ensayo, logramos identificar y analizar el conjunto de normas, que regulan la creación y transmisión de derechos y obligaciones respecto de los bienes y servicios informáticos, es decir, los derecho de aquellas relaciones contractuales, y su diferencia entre normas privadas; civil y comercial, que se distancian conforme el uso de estos contratos justamente para acompañar actividades de mercado.

Continuamos, con una investigación de obligada lectura. Desde Colombia, tenemos el honor de publicar esta obra tan interesante de un grupo de juristas e investigadores, que además de permitirnos ahondar más en el campo de los Derechos Humanos, nos logra encarnar un problema social, del cual, todos como sociedad somos de alguna u otra forma responsables. Los juristas son Miguel Rafael Escobar Melguizo y Orlando Ramón Alarcón, en su artículo titulado APROXIMACIÓN CONCEPTUAL SOCIOJURÍDICA DEL FENÓMENO SOCIAL HABITANTE DE LA CALLE ENMARCADO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, donde se enfatiza la necesidad de considerar el estudio del fenómeno social desde diferentes dimensiones que contemplen los principios constitucionales a partir de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos y sobre todo que se fomenten sus derechos fundamentales, como aporte de solución a la situación. Un habitante de la calle no es una casualidad, sino una causalidad.

Finalmente, desde la Provincia de Chiriquí, es un orgullo para esta esta revista, contar con una publicación de Juan Manuel Guerra Acosta, jurista especializado en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, y docente de esta casa de estudios, en dicha sede regional, nos aporta un estudio crítico, al ejercicio del derecho procesal administrativo nacional, en el ensayo: REFORMA INTEGRAL AL PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO EN PANAMÁ (Efectividad, funcionalidad y resiliencia), en el que nos brinda luces sobre la evolución de los procedimientos administrativos en la función pública, y su relación con los nuevos elementos centralización y rigurosidad, que tornan los procesos administrativos lentos y carentes de solución, para los administrados en general.

Que este número sea de interés para todos nuestros lectores

Editorial Cathedra 22

Jose Alberto Nieto Rojas — 2024-11-30

Panamá ante el desafío del delito de terrorismo global: Estrategias de prevención y cooperación internacional

Elizabeth Andrades Crúz — 2024-11-30

Panamá, como país estratégico en la región centroamericana, enfrenta el desafío del terrorismo global, que ha evolucionado y se ha diversificado, para contrarrestar esta amenaza, el país ha implementado varias estrategias enfocadas en la prevención y la cooperación internacional. Panamá ha actualizado su marco legal para tipificar y sancionar los actos de terrorismo, alineándose con las normativas internacionales, el país ha establecido alianzas con organismos como la ONU, la OEA y la Interpol, participando en iniciativas para el intercambio de información y mejores prácticas, se han llevado a cabo programas de formación para las fuerzas de seguridad en técnicas de prevención y respuesta ante actos terroristas, se promueven campañas de sensibilización y educación para la ciudadanía, fomentando la denuncia de actividades sospechosas. Panamá ha mejorado su capacidad de inteligencia para detectar y prevenir amenazas, incluyendo la vigilancia de grupos extremistas y el análisis de redes financieras. A través de estas estrategias, Panamá busca no solo proteger su territorio, sino también contribuir a la seguridad regional y global, entendiendo que el terrorismo es un problema que trasciende fronteras y requiere una respuesta conjunta y coordinada

Propuesta conceptual básica y de contenido jurídico del nuevo código de recursos minerales de Panamá

Luis Alexander Barria moscoso — 2024-11-30

El Código de Recursos Minerales de Panamá es un instrumento jurídico desfasado del año 1963; nace a la vida jurídica acorde a la Constitución derogada de 1946, lo cual actualmente lo convierte en una norma integramente inconstitucional e ilegitima a la vez, por violentar la Constitución vigente de 1972 y por haberse aprobado por la cuestionada figura de Decretos-Ley; es decir, no surge del Poder Legislativo, surge del Poder Ejecutivo, sin tres debates, ni participación pública ciudadana. Para la época en la cual se adoptó, no exitían en el mundo claramente definidos, los criterios de protección ambiental actuales, ni los principios y normas del Derecho Ambiental surgidos de las cumbres de 1972, 1982, 1992, 2002 y 2012, que establecieron además parámetros muy claros sobre el Desarrollo Sostenible y el Uso sustentable de los Recursos Naturales. Al momento de presentar esta investigación a concurso, ganarlo e iniciarla en el año 2022, el tema Minero en Panamá era fuertemente cuestionado desde el punto de vista social, ético, ambiental e incluso de la economía nacional ya que no había referencias claras de los beneficios reales que dejaba en el país, versus los daños ambientales terribles que causaba a la naturaleza (Naturaleza que ya es reconocida en Panamá por la Ley 287 de 2022, como Sujeto de Derecho); Nuestro trabajo se enfocó en investigar si existía alguna alternativa jurídica para lograr un punto medio entre posiciones naturalmente irreconciliables (extractivistas y conservacionistas). Avanzada la investigación, la crisis sociopolítica vivida en todo Panamá en el año 2023, provocada por un Contrato-Ley minero que fue aprobado y declarado inconstitucional en tiempo record (menos de un mes entre ambos hechos), contribuyeron tremendamente a enriquecer el contenido de este trabajo y a fortalecer el análisis, los resultados, las consideraciones finales y las propuestas aquí plasmadas.

El proceso penal del adolescente en Panamá

Luis Gabriel Peñalba Ríos — 2024-11-30

La justicia penal relacionada con los adolescentes es un tema de gran relevancia en cualquier sociedad, ya que involucra la protección de los derechos y el desarrollo de la juventud, al tiempo que aborda la responsabilidad por actos delictivos. En Panamá, como en muchos otros países, se ha establecido un sistema legal y de justicia especializado para atender a aquellos adolescentes que tengan algún conflicto con la ley. Este sistema tiene como objetivo principal no solo aplicar medidas punitivas, sino también brindar oportunidades de resocialización y educación que permitan a los jóvenes reintegrarse de manera efectiva a la sociedad. Este informe explora en detalle el proceso penal del adolescente en Panamá, desde la investigación inicial hasta la implementación de medidas específicas para su custodia y educación. Además, se analizan las leyes y principios fundamentales que rigen este sistema, destacando la importancia de garantizar el interés superior del niño y la adolescencia, la especialización en el enfoque educativo y la resocialización. También se examinan las normativas internacionales, convenios y tratados que respaldan los derechos de los adolescentes en el contexto de la justicia penal, destacando la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. Finalmente, se presenta una opinión crítica sobre el sistema y se concluye destacando la importancia de abordar los desafíos existentes para garantizar que se cumplan plenamente los todos los derechos del adolescente que esté pasando por algún proceso legal en Panamá.

Verdad: ¿Derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado en Colombia?

Héctor Alonso Sepúlveda Patiño — 2024-11-30

El artículo propone identificar la potencial valoración jurídica del derecho a la verdad como derecho fundamental para que las víctimas del conflicto armado en Colombia tengan instrumentos de exigibilidad para la concretización de conocer la verdad de los hechos que violaron sus derechos humanos. Para esto, a través del método hermenéutico se revisa, compara y reflexiona literatura arbitrada y oficial, mediante una matriz de análisis teórico conceptual, que legitima la verdad como derecho humano y que, brindan rasgos de derecho fundamental. El abordaje de las categorías de víctimas del conflicto armado; la justicia transicional y reparación integral y; los enfoques diferenciales, permitió asociar la verdad a derechos fundamentales y, en conexidad con estos se considera como derecho fundamental. Esto propone llenar el vacío jurídico en la normatividad colombiana que, si bien reconoce la verdad como derecho, queda la incertidumbre del por qué no asume el derecho a la verdad como fundamental. Por consiguiente, si la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado, que dignifica a la persona afectada y, el derecho a la verdad está en estrecha conexión con derechos fundamentales, se concluye que se puede valorar como derecho inherente a la persona cuando es afectada en su integridad física, psicológica, moral y material con ocasión o en relación con el conflicto armado.

Pruebas orientativas y confirmatorias para determinación de sangre humana

Lizbeth Ruth González Fuentes — 2024-11-30

El presente estudio se desarrolló con la finalidad de conocer como la Biología forense en Panamá ha realizado grandes avances en sus técnicas analíticas y científicamente aprobadas por la comunidad científica a nivel mundial para la detección de vestigios de sangre en casos donde la escena del crimen ha sido lavada o en casos donde no se observan las manchas de sangre a simple vista. En años anteriores, solamente el perito de criminalística de campo recolectaba las muestras de un posible fluido biológico, sin realizarles alguna prueba orientativa y menos confirmatoria, lo que ocasionaba que al llegar al Laboratorio de Biología Forense se encontraban con falsos positivos, gastando tiempo y recursos del Estado. La morfología de la sangre presente en las escenas delictivas se determina por sus factores y características propias como fluido biológico, por lo cual está nos permite reconstruir una escena del crimen e identificar a los involucrados mediante el análisis de sangre, empleando pruebas orientativas para su búsqueda y detección y pruebas confirmatorias o de certeza para la identificación de manchas de sangre de origen humano.

Uso irresponsable de plaguicidas agropecuarios: Problemas de salud y muerte

Rubén Darío Collantes González — 2024-11-30

La población mundial continúa creciendo, razón por la cual áreas de uso agropecuario pasan a ser urbanizadas, mientras que espacios con vida silvestre son deforestados para producir más alimentos. Aún persiste el manejo convencional, con el cual el uso indiscriminado de plaguicidas de síntesis, además de atentar contra la biodiversidad natural, también afecta directamente a los seres humanos. Esta revisión sistemática aborda el cómo la utilización irresponsable de plaguicidas ocupados en la agricultura y la ganadería, puede provocar complicaciones de salud e inclusive la muerte (premeditada o accidental). Se consultó un total de 40 referencias relacionadas con la temática, escogidas por su pertinencia. Como resultados, se encontró que, en Panamá hay 72 plaguicidas prohibidos, 13 de uso restringido y 110 altamente peligrosos por su toxicidad, carcinogenicidad, entre otros atributos; destacando los insecticidas prohibidos (47), de uso restringido (11) y altamente peligrosos (56). Si bien existen convenios internacionales que regulan la comercialización, distribución, manejo y disposición final de plaguicidas, las áreas rurales distantes son vulnerables, por el acceso limitado a capacitación idónea sobre la materia. En la medida en que se logre ilustrar la población sobre los riesgos ligados al uso irresponsable de plaguicidas, esta situación podría reorientarse hacia una producción sostenible tanto para los humanos como para la vida silvestre.