LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL
ACUSATORIO
Fecha de recepción: 05/09/2020 Fecha de revisión: 21/09/2020 Fecha de aceptación: 20/10/2020
RESUMEN
El poder punitivo del Estado se
manifiesta de diferentes maneras, entre las cuales está el obligatorio
cumplimiento de la normativa penal, que dispone diversas conductas humanas que
delimita los hechos que de ser cometidos, acarreará la aplicación de una sanción;
no obstante, este poder no es omnipotente, sino limitado a ciertos principios que justifican precisamente el Estado de Derecho y las garantías
fundamentales de los asociados. Ahora bien, incluso
el derecho penal debe
intervenir únicamente ante la agresión grave de un bien jurídico protegido o
ante la imposibilidad de utilizar otros mecanismos de control social menos
gravosos, lo que guarda relación con los principios de subsidiariedad y fragmentariedad, así como de su carácter
de última ratio,
conforme al artículo 3 del Código
Penal. Una conducta
para ser catalogada “punible!”, debe estar previamente descrita como delito y
ajustarse a su tenor literal, tal como lo preceptúa el artículo 12 de dicha
excerta legal. Los Delitos Contra la Administración Pública configuran
conductas delictivas normadas en nuestro
Código Penal, cuya finalidad radica en la protección del buen funcionamiento de las labores y deberes
que se atribuyen a determinadas personas, a saber,
los funcionarios o servidores públicos, quienes administran las arcas
del Estado.
Cada una de estas conductas
tipificadas en el Código Penal destinadas a castigar la mala administración de
la cosa pública, debe ser analizada desde el prisma de la tipicidad,
conforme al principio de legalidad
estipulado en el artículo 31 de la Constitución Política de la República de
Panamá. Ante la noticia criminal por la presunta comisión de uno de estos
hechos punibles, el Ministerio Público debe
adoptar toda una
gama de estrategias y técnicas de investigación novedosas, que permitan acreditar el aspecto objetivo
y subjetivo del mismo, a saber,
el delito y la vinculación de un servidor público al
mismo, o en ocasiones un particular.
Palabras
clave: Delitos Contra la
Administración Pública, Derecho Penal, Poder Punitivo del Estado, Técnicas de
Investigación, Proceso Penal Acusatorio.
* Fiscal Adjunto de la Subsecretaría General de la
Procuraduría General de la Nación; Fiscal Adjunto de la Sección de
Investigación y Seguimiento de Causas de las Fiscalías Anticorrupción de la
Procuraduría General de la Nación
CRIMES AGAINST THE PUBLIC ADMINISTRATION, IN THE INVESTIGATION PHASE
OF THE ACCUSATORY CRIMINAL PROCESS.
ABSTRACT
The punitive power of the State is
manifested in different ways, among which is the mandatory compliance with
criminal regulations, which provides various human behaviors that delimit the
facts that, if committed, will result in the application of a sanction;
However, this power is not omnipotent, but limited to certain principles that
justify precisely the rule of law and
the fundamental guarantees of associates. However, even criminal law should
only intervene in the face of the serious aggression of a protected legal good
or the impossibility of using other less burdensome social control mechanisms,
which is related to the principles of subsidiarity and fragmentation, as well
as its character of last ratio, in accordance with article 3 of the Criminal Code.
A conduct to be classified as “punishable!”
Must be previously described as a crime and conform to its literal
wording, as prescribed by article 12 of said legal excess.
The Crimes Against the Public Administration
configure criminal behaviors regulated in our Criminal Code, whose purpose lies
in the protection of the proper functioning of the tasks and duties attributed
to certain persons, namely,
public officials or servants, who administer the coffers of the State.
Each of these behaviors typified in the Criminal Code aimed at punishing the mismanagement of the public
thing, must be analyzed from the perspective of typicality, in
accordance with the principle of legality stipulated in article 31 of the Political Constitution of the Republic
of Panama. Before
the criminal news for the
alleged commission of one of these punishable acts, the Public Prosecutor’s
Office must adopt a whole range of innovative investigation strategies and
techniques, which allow to prove the objective and subjective aspect of it,
namely the crime and the connection from a public server to it, or sometimes a
private one.
Keywords:
Crimes Against Public
Administration, Criminal Law, State Punitive Power, Investigation Techniques,
Accusatory Criminal Procedure.
INTRODUCCIÓN
Los
Delitos Contra la Administración Pública,
tienen como objetivo
fundamental proteger el buen
funcionamiento de la gestión gubernamental, así como la labor de sus servidores; no obstante, ante las
irregularidades cometidas por estos, interviene el poder punitivo del Estado,
manifestado en nuestra norma subjetiva representada por el Código
Penal, que bajo sus disposiciones, pretende preservar la correcta gestión administrativa del Estado.
Esta es una de las respuestas que
cada Estado puede adoptar en pleno ejercicio de su poder coercitivo, si bien no
la única, pretende corregir sus falencias y en cierto modo, hacer un “mea culpa”. Las facultades de la
organización gubernamental, no son ni deben ser omnipotentes, sino más bien
limitadas a cada una de las garantías y derechos fundamentales que para tales
efectos describe nuestra norma fundamental, los cuales favorecen a todos los
asociados, sean nacionales o
extranjeros, y que por consiguiente, configuran un verdadero Estado de Derecho.
El Derecho Penal debe intervenir solo
en los casos que lo amerite por situaciones de grave agresión a la normativa
(antijuridicidad) y conforme al principio de última ratio, lo que va de la mano
de los principios de subsidariedad y fragmentariedad; no obstante, al tratar
temas como los Delitos Contra la
Administración Pública, cuya acción penal generalmente inicia de oficio y no
admite desistimiento por parte de quien comunica la posible situación
irregular, es de forzoso cumplimiento las diversas
etapas del proceso
penal, el cual tiene como objetivo primordial, obtener una decisión jurisdiccional, sea favorable o no a las
pretensiones de cada parte interviniente.
Las nuevas modalidades delictivas, obligan a los
administradores de justicia, y en especial a los entes investigadores, adoptar
nuevas formas de investigación penal para lograr el fin último del proceso, es decir, la Justicia. Entre
las técnicas comunes
o tradicionales podemos
mencionar aquellas que se
desarrollan junto a los brazos auxiliares del Ministerio Público, a saber, la Dirección de Investigación Judicial
a través de la División
de Delitos Contra
la Administración Pública,
así como del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, respecto a los diferentes tipos de
experticias científicas que buscan
demostrar el hecho punible y la vinculación de una o más personas
al mismo. Ahora bien, esas mismas
conductas modernas, implican
la adopción de métodos innovadores, tanto de fuentes abiertas como formales, las cuales
desarrollaremos en la presente disertación.
Buscamos con esto, orientar sobre la delincuencia
gubernamental, así como de la reacción social bajo criterios, no solo
científicos, sino técnicos y experimentales de investigación, no comunes a un
sistema de juzgamiento penal que recientemente se ve modernizado.
DESARROLLO
El
poder punitivo de un Estado de Derecho
tiene limitaciones y estas configuran un elemento para la
paz social en general. La frontera de esa autoridad, lo representan los
derechos y garantías fundamentales reconocidos a nivel Constitucional y
Convencional y que operan a favor de cada uno de sus asociados.
Raúl Pariona Arana1
en su artículo sobre “El Delito
de Abuso de Autoridad, consideraciones Dogmáticas y
Político-Criminales” indica “que el
ciudadano tiene derechos fundamentales superiores y anteriores al mismo Estado.
En una democracia, el poder del Estado frente a los ciudadanos debe ser
ejercido con racionalidad y límites. Por ello, el control de la actuación del
funcionario público en el ejercicio de funciones públicas ha sido siempre
objeto de preocupación de los Estados.”
Ante la diversa gama de opciones que ostenta el Estado
para ejecutar la obligatoriedad de sus disposiciones, emerge el Derecho Penal
como medio coercitivo de regulación de la conducta humana, en esta oportunidad, de los servidores públicos, quienes se desempeñan en todos los niveles
jerárquicos de una institución y conforme a su grado de responsabilidades, les
está encomendada una especial labor
institucional. Siendo así, un funcionario debe poseer cualidades muy específicas y
niveles elevados de moralidad, honestidad y responsabilidad.
El actuar incorrecto del funcionario, requiere
la intervención de la potestad
sancionadora del Estado, ya
sea disciplinaria, penal o incluso la patrimonial, todas destinadas a exigir la
rendición de cuentas de ese servidor reacio.
El Derecho Penal, por su carácter de última ratio
(artículo 3 del Código Penal Panameño), debe intervenir ante un daño grave que
haga imperativa su aplicación, lo que guarda relación con los principios de subsidariedad y
fragmentariedad de esta especial materia del derecho; no obstante, la actividad
gubernamental debe configurarse en ejemplo a seguir de la buena gestión
administrativa, por lo que las irregularidades emanadas de sus colaboradores,
nunca deben quedar en impunidad, ya sea por la aplicación de una sanción menos
gravosa de carácter disciplinario, o por una pena de las que describe nuestra
norma subjetiva.
En ese orden de ideas, los hechos que
cometa un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y que presuntamente revistan
características delictivas, deben considerarse desde un análisis de tipicidad
conforme al principio de estricta legalidad establecido en el artículo 31 de la Constitución Política de la República
de Panamá, (únicamente serán penados, los hechos declarados punibles por ley
anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado), principio
constitucional que se encuentra desarrollado en los artículos 4, 9, 12 y 13 del
Código Penal.
1 ARANA PARIONA, Raúl. - El Delito de Abuso de Autoridad,
Consideraciones Dogmáticas y Político Criminales”. THEMIS-Revista de Derecho
68.2016.- (p.p.91).
Estos parámetros de legalidad orientan
la acción de los operadores de justicia al aplicar el ius
puniendi, entendido como el ejercicio del poder punitivo del Estado. A decir de
Manuel Vidaurri Aréchiga2 “ocuparnos
de estos principios también puede ser útil para recordarle al legislador las limitaciones impuestas a su potestad
por el modelo de Estado de Derecho que habrá de respetar a la hora de realizar
su función. Limitaciones que, por otra parte, también aplican a la función
realizada por jueces, fiscales y abogados defensores para quienes estas acotaciones al ius puniendi representan sólidas
herramientas de protección del ciudadano frente
al poder punitivo
del Estado”
Al intervenir el Derecho Penal debido a la presunta
comisión de un hecho punible, la participación del Ministerio Público es
imperativa, ya que nuestra Carta Magna le asigna la titularidad de la acción
penal y su persecución por contravenciones legales (artículo 220 de la
Constitución Política de la República de Panamá). Las averiguaciones sobre los
delitos cometidos contra la correcta
gestión gubernamental son de carácter
oficioso, tal como lo preceptúa
el artículo 71, en
concordancia con el 111 y 276 del Código
Procesal Penal, siendo su principal gestor, la Vindicta Pública.
Por la connotación docente del presente
artículo, nos limitaremos a esbozar un breve análisis sobre la teoría general de
algunos tipos penales que afectan la correcta administración pública, no sin antes aclarar que fueron elegidos
sin un orden de importancia específico. Vale destacar, que en la tipificación de estos delitos,
se incorpora la regulación propuesta por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción.
Para Iván Meini3, en su obra
de “Delitos Contra la Administración Pública”, “El bien
jurídico protegido en los delitos contra
la Administración Pública
lo constituye la Administración Pública, entendida como el correcto
desempeño de las labores y deberes que se delegan y descargan en determinadas
personas (servidores públicos) para que administren al Estado.”
En cuanto al sujeto activo, este es “calificado”, toda vez que recae sobre la persona de un funcionario
en ejercicio de sus funciones; sin embargo, no es únicamente limitativo a este,
sino también a aquel particular que no tiene tal embestidura, pero que de
manera directa o indirecta, realiza una función pública o maneja dinero
estatal, lo que la doctrina denomina “extraneus”.
2
VIDAURRI ARÉCHIGA, Manuel.
- “Compendio Temático
de Derecho Penal”,
Editorial Porrúa, S.A, México 2011. (p.p.130).
3
MEINI, Iván. -
Delitos Contra la Administración Pública. Con arreglo al Código Penal de la
República de Panamá (Ley 14 de 18 de mayo de 2007 y a las Convenciones
Internacionales contra la Corrupción firmadas y ratificadas por Panamá.
USAID-Panamá, Editora Novo Art, S.A. Panamá, 2007. (p.p.11).
Algunos autores afirman que el sujeto
pasivo no solo es el Estado, ya que en delitos como el Abuso de Autoridad, la acción afecta a
una persona sobre quien recayó la orden emanada.
También asevera el autor Meini, que debido a esta
dualidad de autores o partícipes, la legislación panameña distingue los Delitos
Contra la Administración Pública cometidos por servidores públicos, entre los
que se encuentran el peculado, algunas formas de corrupción, concusión,
exacción, enriquecimiento injustificado, abuso de autoridad y algunos otros; y
por otra parte, el cometido por particulares, tales
como el cohecho activo-corrupción privada-, tráfico de influencias, delitos contra los
servidores públicos, etc., y agregamos nosotros, algunas formas de peculado
cuando se trata de los denominados “agentes
de manejo”.
En
relación a este aspecto, la Convención Interamericana contra la Corrupción4
entiende por función pública: “Toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, realizada por
una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus
entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.
La primera figura
delictiva que encontramos, corresponde a los delitos de peculado regulados en los artículos 338 al 344 del
Código Penal vigente, donde se advierte las distintas formas en que se configura este tipo penal debido
a la sustracción, mal uso o desviación de fondos públicos.
Entre las modalidades tenemos el tipo doloso dispuesto
en el artículo 338, que ocurre cuando el funcionario sustrae bienes
estatales que administra, de lo que se deduce que el sujeto activo es
calificado y debe poseer entre sus atribuciones legales, la administración o
custodia de bienes o caudales estatales. Las modalidades cuya ocurrencia puede
verificarse, incluyen no solo cuando el
funcionario se apropia o malversa fondos públicos, sino también cuando éste
consciente que otro lo haga.
Al
analizar el verbo rector “sustraer” debemos
entender que no solo hace referencia a extraer
físicamente un bien del estado de las oficinas institucionales, sino también por el deficiente mantenimiento que debe aplicar
a lo que administra, ya que ese abandono, implicaría su no utilización. En
cuanto al término “malversar” Meini
lo define como “invertir ilícitamente los
caudales públicos o los equiparados a ellos, en usos distintos de aquellos a que están
destinados”.
Ahora bien, cabe advertir
la participación de terceras personas
en esta figura delictiva, catalogada como “extraneus”
y es quien se apropia
de bienes o fondos del estado, aprovechando la permisividad del funcionario. Sobre esta persona
ajena al ente
gubernamental, recae responsabilidad penal en grado de
complicidad del servidor público que directa o indirectamente permitió conscientemente
que así sucediera, u omitió su deber de cuidado.
4 
Convención
Interamericana contra la Corrupción.
Existe incluso la posibilidad que se cometan estos
delitos desde su concepción culposa, una vez ese servidor público que por razón
de su cargo tiene la custodia o administración de bienes públicos, incurre
en descuido o negligencia y esto repercute en la pérdida
o abandono de los mismos.
Respecto al peculado por error regulado en el artículo
339 del Código Penal, ocurre cuando un funcionario, aprovechándose del error de un tercero
o engañándolo para que lo cometa, obtiene un beneficio patrimonial
indebido. Cabe destacar, que en esta figura, el servidor público también debe
tener bajo su responsabilidad la labor de custodiar fondos o bienes estatales,
por lo que no recae sobre cualquier otro funcionario.
El artículo 341 del Código Penal, sanciona el darle un
uso distinto al público a dichos caudales (peculado de uso), a saber, un aprovechamiento particular. Este a su vez, se diferencia del regulado en el artículo 342 lex cit, toda vez que esta norma establece que a esos bienes, se
les da una aplicación distinta de aquella a la cual estuvieron destinados, pero
siempre dentro del servicio público (peculado por destinación).
Cuando el hecho recae en un agente de manejo (peculado
por extensión), el artículo 343 del
Código Penal nos señala una gama variada de situaciones en las que terceras
personas, que en principio no son
funcionarios, poseen facultades administrativas sobre bienes o caudales que
pueden o no pertenecer al Estado y por ello, pueden enfrentar responsabilidad
penal al respecto. Corresponde pues, a cinco supuestos en los cuales, bien sean
fondos públicos que un particular se encuentra designado a administrar, como
por ejemplo, aportes económicos estatales destinados a Organizaciones No Gubernamentales, o por el contrario, erarios
privados cuya gestión
se encarga, a través
de figuras como el depositario de bienes embargados o secuestrados, debidamente designado por autoridad competente.
Consideramos importante destacar
sobre este delito, el criterio esbozado por el autor Meini sobre la innecesaria
individualización de una cuantía del perjuicio patrimonial para el Estado,
tomando como eje fundamental de su aseveración, tanto el tenor literal de la norma
penal, como las Convenciones Internacionales
ratificadas por la República de Panamá que expresamente prohíben tal requisito,
criterio que compartimos íntegramente, toda vez que basta la existencia de la
mala administración o una utilización distinta al fin social de los caudales
públicos, para trasgredir
el bien jurídico protegido de la correcta función estatal. Aunado a
ello, el artículo 344 del Código Penal, señala que al existir el reintegro de
caudales públicos mal habidos, en el caso de los delitos contemplados en los
artículos 338, 339 y 341, existirá una disminución de la sanción, no así la
despenalización de la conducta.
Respecto a los delitos de corrupción de servidores públicos,
el artículo 345 del Código Penal
dispone una multiplicidad de verbos
rectores, incurriendo en esta conducta
el servidor público
que “acepte”, “reciba” o “solicite” dinero o cualquier beneficio o ventaja a cambio de “realizar”, “omitir” o “retardar” una
acción propia del cargo o no la realice conforme la ley se lo exige.
Lo anterior quiere decir, que la
modalidad del delito de Corrupción de Servidores Públicos, castiga los casos en que el sujeto activo
calificado (servidor público)
realiza un acto
en cumplimiento de su deber, a cambio de una contribución indebida, así como cuando omite su obligación o la hace indebidamente, a cambio de ese
beneficio ilícito.
En igual sentido,
el artículo 347 de la norma penal,
hace referencia al tercero que so pretexto de influir en las labores del
servidor público, le “ofrece”, “promete” o “entrega” cualquier beneficio o ventaja,
lo que es conocido como “corrupción
privada”. Ambos tipos penales entonces hacen referencia a la
participación de un servidor público y de una tercera persona ajena a la
administración estatal, existiendo de por medio el ofrecimiento de un beneficio
susceptible de ser cuantificable, para que el funcionario realice indebidamente
sus labores.
Respecto al delito de Enriquecimiento Injustificado, el
artículo 351 del Código Penal resalta
ciertos requisitos sine qua non del tipo, tales como el elemento volitivo
representado en una conducta dolosa del sujeto activo calificado, para
incrementar indebidamente su patrimonio, con relación a los ingresos legítimos
obtenidos durante el ejercicio del cargo. Dicho aumento de los caudales
personales, debe guardar relación con un acto propio del cargo, desde la
perspectiva que requiere acreditar la ejecución o celebración de actuaciones,
que revelen falta de probidad en su desempeño
laboral y que ésta a su vez, se encuentre ligada al enriquecimiento injustificado mediante
la obtención de ventajas económicas o actos fraudulentos (contratos públicos
por ejemplo).
En relación al delito de Abuso de Autoridad del artículo 355 del Código
Penal, ocurrirá cuando un funcionario en ejercicio de su
cargo pero sobrepasando sus límites, “ordena”
o “comete” un hecho arbitrario que provoca perjuicio
a una persona. Bajo esta premisa, el tipo penal contiene dos modalidades: el cometer y el ordenar
un acto que rebase sus facultades en perjuicio de alguien.
Si bien el capítulo VII titula la
conducta y la conjuga con el delito de Infracción de los Deberes de los
Servidores Públicos, no pueden interpretarse de manera conjunta, toda vez que
en ellos opera el principio de subsidariedad, tomando en consideración que el
primero describe la ejecución de actos positivos (comisión) por parte del
autor, comprendiendo que este trata de un hecho arbitrario no calificado
específicamente en la ley penal.
De tal manera, que difiere con la estructura jurídica del
delito de Infracción regulado en el artículo 356 del Código Penal, que prevé
actos negativos (omisión) en el que el sujeto activo “no debe hacer algo” para cumplir con las exigencias de la
disposición especial. Es en razón de la estructura dogmática de estos
tipos penales, que resulta hermenéuticamente improcedente sostener
la atribución a un sujeto activo la comisión de ambos tipos penales de manera
simultánea (Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes
de los Servidores Públicos), bajo el supuesto
de un mismo hecho jurídicamente relevante, es decir, no es posible
realizar una acción por comisión y omitirla a la vez.
Para la investigación de estas conductas, el Código
Procesal Penal, los Convenios Internacionales y la doctrina, orientan sobre
métodos modernos de investigación.
El artículo
272 del Código de procedimiento penal, establece que el Objeto
de la Investigación es “procurar
la resolución del conflicto si ello resulta
posible, y establecer si existen fundamentos para la presentación de la
acusación mediante la obtención de toda la información y elementos de
convicción que sean necesarios para esa finalidad, presentados por el
Ministerio Público o el querellante o ambos, con la oportunidad de la defensa
del imputado.”
En ese sentido, el artículo que le sigue, establece que
para estos fines, se consignará y asegurará todo cuanto conduzca a la
comprobación del hecho y a la identificación de los autores y partícipes (art.68
del C.P.P.), disponiendo para ello, la práctica de toda diligencia científico-técnica y en general, cualquiera que resulte más
adecuada mediante la participación de los organismos especializados o brazos
auxiliares del Ministerio Público, los cuales se encuentran debidamente
regulados conforme a los artículos 77 y 78, es decir, la Dirección de
Investigación Judicial y el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, quienes
actuarán bajo la dirección del Fiscal y se
ajustaran a los protocolos de actuación propios de las técnicas o ciencias
forenses necesarias para esa finalidad.
Asimismo, el Ministerio Público, practicará y ordenará la
ejecución de toda diligencia bajo criterios
de objetividad (art.70 del C.P.P.), incorporando al debate todo cuanto determine
la inocencia o culpabilidad del imputado y tomando en consideración las
necesidades y los derechos constituidos a favor
de la víctima. Es dable
acotar, que la carga de la prueba
corresponderá al Fiscal (art.72 del C.P.P) y en cada actuación
adelantada por él, debe motivar
de forma clara y concisa,
sus razones legales o jurídicas (art.73 del C.P.P.).
De manera general, estas son facultades de investigación
que el Ministerio Público utiliza en la función de persecución penal,
destacándose también la existencia de una obligación legal de parte de quien es requerido por el Fiscal,
toda vez que aquella persona
natural o jurídica,
pública o privada, que sea
conminado por un agente de instrucción para brindar, entregar o proporcionar la
información que posea relacionado al hecho punible, está en el deber de
suministrarla de manera pronta, eficaz y completa, según
exigen los artículos
75 y 277 de la norma de procedimiento penal.
Entre los actos de investigación del Código Procesal
Penal y que coadyuvan en las averiguaciones de este tipo penal especial,
encontramos aquellos que no están sujetos a control jurisdiccional (Inspección del lugar de los hechos -art. 318-; entrevista investigativa -art.320-; comparecencia del imputado ante el Ministerio Público
-art.321-). También los que deben ser controlados previamente ante un Juez de
Garantías (Allanamiento -art.293 al 306-; Entrega de objetos o documentos
-art.307-; Interceptación de comunicaciones -art.311-), o que requieren control
posterior (Incautación de datos -art.314 a 317 del C.P.P.-).
Otra modalidad que resulta de mucha utilidad, es la
figura del “Informe” reglado en el
artículo 418 del C.P.P., que permite,
tanto al Ministerio Público como a los abogados defensores, peticionar a
cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, información que posean
y que guarde relación al hecho punible,
estableciendo incluso un período perentorio para brindar respuesta oportuna y veraz,
sujeto a la autorización de sanción de no cumplirse así.
Entre los métodos
no convencionales, podemos
auxiliarnos de aquellos
destinados a demostrar la presunta comisión de un
delito de Delincuencia Organizada, tomando en consideración, que los delitos
contra la Administración Pública, constituyen delitos precedentes según lo
normado en el artículo 328-A del Código Penal.
En ese orden de ideas, Rodolfo Máximo Fernández Romo5
sugiere la aplicación de técnicas especiales de investigación tales como la
vigilancia electrónica, lo que incluye la interceptación de correspondencia,
comunicaciones y medios digitales; el agente encubierto y entregas vigiladas, destinados primordialmente
para delitos relacionados con drogas y los testigos protegidos, cuya aplicación
en Panamá se encuentra vigente y en la que apoya la Unidad de Protección a Víctimas,
Testigos
y demás intervinientes del Ministerio Público-UPAVIT-.
Realiza una especial mención de los acuerdos de
colaboración eficaz, figura novedosa ante la implementación del proceso de
corte acusatorio en nuestro país y de suma efectividad, no solo para
identificar a los autores y partícipes del delito, sino para conocer la
organización, jerarquía y funcionamiento de una organización delictiva y que
favorece también, la recuperación de activos.
A
manera de conclusión, hacemos eco de lo afirmado por Fernández Romo sobre el proceso de investigación de este tipo
penal, ya que “Se trata pues de contar
con un sistema normativo anticorrupción debidamente
articulado, que tenga eficacia disuasoria y,
por ende, preventiva, pero que
también sea eficaz en la reacción, es decir,
en la represión”, pero que para ello, “es necesario tener presente la idea rectora que inspira toda reforma
en materia de delitos contra la
Administración Pública: el cambio de
paradigma. Esto significa que no se puede pretender luchar jurídicamente contra la corrupción –que muchas veces
adquiere categoría de criminalidad
organizada– haciendo uso de instrumentos y criterios clásicos del derecho
penal, que fueron concebidos para contrarrestar un particular tipo de criminalidad. En otras palabras,
quien quiera ganar una batalla en el siglo XXI tendrá
que dejar de lado las lanzas y piedras y utilizar un arsenal
más sofisticado”.
5
FERNÁNDEZ ROMO,
Rodolfo Máximo. - Los Métodos Especiales de Investigación Criminal, como
alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero”. Profesor
Titular de Derecho Procesal Penal de la Facultad de derecho de la Universidad
de la Habana. (p.p. 293 y s.s.)
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Constitución
Política de la República de Panamá (2005). Código Penal de la República de
Panamá (2016).
Código Procesal Penal de la República de Panamá (2016).
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Interamericana contra la Corrupción. Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción.
ARANA
PARIONA, Raúl. (2016). El Delito de Abuso de Autoridad, Consideraciones
Dogmáticas y Político Criminales. -THEMIS-Revista de Derecho 68.
VIDAURRI ARÉCHIGA, Manuel.
(2011). Compendio Temático de Derecho Penal,
Editorial Porrúa, S.A, México.
MEINI, Iván. (2007). Delitos Contra la Administración
Pública. Con arreglo al Código Penal de la República de Panamá (Ley 14 de 18 de
mayo de 2007 y a las Convenciones Internacionales contra la Corrupción firmadas
y ratificadas por Panamá. USAID-Panamá, Editora Novo Art, S.A. Panamá.
FERNÁNDEZ ROMO, Rodolfo Máximo. (s/f). Los Métodos
Especiales de Investigación Criminal, como alternativa legal de persecución
penal contra el lavado de dinero. Profesor Titular de Derecho Procesal
Penal de la Facultad de derecho de la Universidad de la Habana.
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Editorial Chen, S.A., Panamá.
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Segunda Edición, Bogotá, Colombia.
ROJAS VARGAS, Fidel.
(2002). Delitos contra la Administración Pública. Grijley, Lima.
PORTOCARRERO
HIDALGO, Juan. (1996). Delitos contra la Administración Pública. Editorial
Jurídica Portocarrero, Lima.