TENDENCIAS
EN DERECHO PENAL:
UN
ENFOQUE GLOBAL VERSUS LA REALIDAD PANAMEÑA
Fecha de recepción: 11/03/2020 Fecha
de revisión: 16/04/2020 Fecha de aceptación: 05/05/2020
RESUMEN
El Derecho penal en la República de
Panamá, siguiendo las tendencias en el Derecho Internacional y Comparado ha sufrido modificaciones, ha tenido presente
la necesidad de reconocer
desde los delitos en el ámbito informático, los que tratan de salvaguardar a
las personas que migran lícita o ilícitamente de su país en búsqueda de mejores
condiciones de vida hasta afinar las
restricciones a los capitales que generan riqueza
a empresas y personas. El tema a desarrollar es un tema amplio que trataremos de delimitar
a efectos de ser claro, conciso y preciso como debe ser un libelo de casación o
de anulación propuesto contra la sentencia penal. Se denomina Tendencias en Derecho Penal: un enfoque
global versus la realidad panameña. Algo así como un análisis comparativo de lo
que acaece en el mundo frente a lo que pasa en nuestro país en materia penal.
Palabras clave: Derecho penal, delitos informáticos, trata de personas,
tráfico ilícito de migrantes, defraudación fiscal.
TRENDS IN CRIMINAL LAW:
A
GLOBAL APPROACH VERSUS THE REALITY OF PANAMA
ABSTRACT
Criminal Law in the Republic of Panama, following the trends in International and Comparative
Law, has undergone modifications, it
has taken into account the need to recognize, from crimes in the computer field, those that try to
safeguard people who legally or illegally migrate from his country in search of better living
conditions until the restrictions on capital that generate wealth
for companies and individuals are fine-tuned. The topic to be developed is a broad topic that we will try
to delimit in order to be clear, concise and precise as it should be a libel of
cassation or annulment proposed
against the criminal sentence. It is called Trends in Criminal Law: a global
approach versus the Panamanian reality. Something like a comparative analysis of what happens in the world compared to what happens in our
country in criminal matters.
Key words: Criminal law, cybercrime,
human trafficking, illicit trafficking of migrants, tax fraud.
INTRODUCCIÓN
Debemos tener presente
que el derecho penal no es la medicina ni el remedio
que va a resolver las crisis
o situaciones graves que cada día acaecen en nuestra sociedad, sino que
corresponde a todos aportar nuestro grano de arena, instando a los niños,
jóvenes y colegas al estudio y trabajo duro que exige esfuerzo, dedicación y
paciencia. Nada de lo que nos llegue fácilmente va generar la satisfacción del
deber cumplido por el empeño empleado. Frente al mundo globalizado, el país no
aparece ajeno y con algo de retraso, así como llegan las buenas noticias,
también se ponen de manifiesto nuevas tendencias delictivas. Trataremos de
cumplir algunos objetivos con la presente redacción uno de carácter general y
dos de carácter específico.
El objetivo general de este ensayo es
el reconocer las actuales tendencias del Derecho penal a nivel internacional
más que global. Los dos objetivos específicos serán: advertir las tendencias
del Derecho penal en el ámbito global y seguidamente, precisar la realidad
panameña frentes a las nuevas tendencias
del Derecho penal. Si en alguna medida podemos colaborar a despertar el interés por la evolución de la ciencia
de los delitos, las penas y las medidas de seguridad me sentiré
satisfecho y complacido.
1. TENDENCIAS
EN DERECHO PENAL
Abordar las tendencias a nivel global
del derecho penal
dan para elaborar
un ensayo científico con muchas páginas, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de personas, el tráfico de armas,
el tráfico de drogas y los delitos ambientales se transforman a pasos
agigantados. Los Estados aúnan esfuerzos para combatirlos. Sin embargo, los delitos no disminuyen y se mantienen
en todos los continentes viejas figuras como: el robo de automóviles, el homicidio doloso y el homicidio por razón de género, de mujeres a manos de
su pareja y familiares (Naciones Unidas, 2015:
14).
Hace 19 años atrás, con el afán de
actualizar su legislación, Panamá aprueba la Convención de las Naciones Unidas
contra la Criminalidad Organizada Trasnacional, reconociendo que no puede estar sola en su combate
y que es necesario llevar
a cabo esfuerzos conjuntos a nivel regional.
La Convención sugiere la represión
de los grupos organizados que cometen las conductas antes indicadas y el comiso de los beneficios o ganancias que se generen
(Ley N°23 de 7 de julio de 2004,
G.O.
N°25,095 de 16 de julio de 2004).
Tenemos entonces, que se verifica la internacionalización
del Derecho penal con cierta tendencia a la uniformidad del mismo (Uribe
Holguín, 2006: 24). Ese deseo de frenar o disminuir la delincuencia, lleva a
que se aprueben tipos penales de peligro abstracto, de omisión por el no
cumplimiento de deberes
y de evitación de riesgos
(Spangenberg Bolívar, 2017)
con altas penas
de prisión como sanción.
La internacionalización de los
efectos de los delitos también ha llevado a que organismos internacionales como
el Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insten a los Estados a tipificar
la evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tal
como lo proponen los convenios internacionales1.
Estos delitos no son los únicos que
se vienen dando a nivel internacional, los Estados europeos desde el año 2001
adoptan el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que trata sobre
infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil,
seguridad en las redes, el uso y abuso de estas, puesto que han facilitado
abusos a menores de edad, a los que les gusta exhibirse ligeros de ropa
generando que adultos enfermos se aprovechen de ellos.
Como plantea Berdugo Gómez De la Torre, la dogmática penal está construida
basándose en Códigos penales del siglo XIX, sobre problemas en torno a los
denominados bienes jurídicos individuales y en gran parte a los delitos contra
la vida (2012: 201).
LA REALIDAD
PANAMEÑA
Prestando atención al Derecho Internacional,
nuestro país adopta el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia mediante la
Ley N°79 de 22 de octubre de 2010 (G.O. N°27403-A de 25 de octubre de 2013)
comprometiéndose al combate de los ilícitos informáticos. Dicho instrumento consta de 48 artículos de los cuales
en el Capítulo I se establece la terminología (art. 1), el Capítulo
II sugiere medidas que deben adoptarse a nivel internacional, en la Sección
1 Derecho penal sustantivo (arts. 2 a 13), el Título 1 Delitos contra
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas
informáticos; Título 2 Delitos informáticos; Título 3 Delitos relacionados con el contenido; Título
4 Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los
derechos afines; Título 5 Otras formas de responsabilidad de y de sanción. La
Sección 2 Derecho procesal (arts. 14 a 22) contiene: Título
1 Disposiciones comunes;
Título 2 Conservación rápida de datos informáticos
almacenados; Título 3 Orden de presentación; Título 4 Registro y confiscación de datos informáticos
almacenados; Título 5 Obtención en tiempo real de datos informáticos. La
Sección 3 aborda la Jurisdicción. En tanto, el Capítulo III desarrolla la Cooperación
internacional (arts. 23 a 35), Sección 1 Principios generales, Título 1
Principios relativos a la cooperación internacional; Título 2 Principios
relativos a la extradición; Título 3 Principios generales relativos a la
asistencia mutua; Título 4 Procedimientos relativos a las solicitudes de
asistencia mutua en ausencia de acuerdos internacionales aplicables. La Sección
2 Disposiciones específicas, Título 1
Asistencia mutua en materia de medidas provisionales; Título 2 Asistencia mutua
en relación con los poderes de investigación; Título 3 Red 24/7. El Capítulo IV
(arts. 36 a 48) contempla las cláusulas
finales.
1 En las 40 recomendaciones el GAFI, entre otros aspectos
señala que los Estados deben tipificar como delito el lavado de activos de
conformidad con la Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena) y
la Convención de 2000 de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional (Convención de Palermo).
Sobre las reformas efectuadas del año 2010 al 2014 no me referiré dado que en más de 10 leyes se aumentaron penas a diversos
delitos, se echó por tierra la eliminación de la reincidencia como
circunstancia agravante de responsabilidad penal
que había adoptado
el Código, se adicionó el tipo
penal de femicidio y de criminalidad organizada2. Muñoz Pope puntualiza la falta de coherencia en la política criminal patria en el
quinquenio 2009-2014 siendo categórico en sus observaciones en las leyes que
modificaron el Código penal (2019: 7-18).
Asimismo, entre
otras disposiciones se aprobaron las figuras dirigidas a evitar la trata y la
explotación de seres humanos, con los artículos 456- A, a-456-E del Código
Penal, adicionados mediante la Ley N°79 de 9 de noviembre de 2011 (G. O.
N°26912 de 15 de noviembre de 2011). Posteriormente, la Ley N°36 de 24 de marzo
de 2013 (G. O. N°27,295 de 27 de mayo de 2013) adiciona el Capítulo V Tráfico
ilícito de migrantes, artículos 456-F a 456-H, con el propósito de salvaguardar
a los migrantes durante su paso, estadía y movilización en el territorio
nacional.
La última reforma penal en nuestro país, como
centro de conexión internacional y de actividades económicas, no deja de
atender lo propuesto en el contexto exterior y lleva a cabo la aprobación de la
Ley N°70 de 31 de enero de 2019 (G. O. N°28705 de 1 de febrero de 2019) que
reforma el Código Penal y dicta otras
disposiciones, adicionando el Capítulo XII al Título
Séptimo del Libro Segundo
del Código Penal, tipificando por vez primera
la defraudación fiscal.
Este injusto penal restringe
su aplicación a defraudaciones iguales o mayores a trescientos mil balboas (B/. 300,000.00), es una norma penal en
blanco que requiere la realización de alguna de las acciones previstas por los
artículos 284, 285 y 286 del Código de Procedimiento Tributario que entró en
vigor el día 14 de mayo de 2019. Desde entonces puede perseguirse en la esfera
penal, a cualquier evasor que
defraude al fisco por la suma de B/.300.000.00 o más (art. 288-G). A la vez, se
puede reprimir a quien
obtenga fraudulentamente la exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales
indebidos (art. 288-H), a la persona jurídica utilizada para incurrir en estas
conductas o sea beneficiaria de las mismas (art. 288-I).
2 Con una técnica legislativa desatinada se aprobaron estas
modificaciones sin cumplir lo preceptuado por la Constitución para los Códigos
como leyes orgánicas, a excepción de la Ley N°82 de 24 de octubre de 2013 que
crea el delito de femicidio y sanciona hechos los hechos de violencia contra la
mujer (G. O. N°27,403 de 25 de octubre de 2013) vigente desde diciembre de
dicho año.
Con estas disposiciones, el país ha
logrado disminuir los niveles de aprehensión de muchos Estados que nos
consideraban paraíso fiscal y centro para movilizar importantes capitales desde
cualquier parte del mundo sin restricción alguna.
¿QUÉ PARTICULARIDADES PRESENTAN LAS NUEVAS FIGURAS
CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN PENAL PATRIA?
Las particularidades que presentan las nuevas figuras
contempladas en la legislación penal patria son las siguientes:
A. Los delitos cibernéticos o informáticos que prevé la Convención de Budapest tienden
a evitar el abuso de las redes
y sistemas informáticos pero es necesario que se acojan, incorporando al Código
penal las figuras y determinando las penas a aplicar a los infractores de
dichas conductas.
B. La trata y explotación de seres humanos previstas en nuestro
ordenamiento penal deben evitar que se empleen o aprovechen de las personas en
estado vulnerable, las organizaciones
criminales y personas a servicio de estas deben recibir sanciones ejemplares.
C. El tráfico
ilícito de migrantes que no cesan de utilizar
el Istmo, como paso para ir en búsqueda
del
sueño americano no puede quedar
impune si resultan
abusadas y engañadas estas personas.
D. La defraudación fiscal urge comenzar a emplearla como
instrumento para frenar la falta de fidelidad al erario público por las
innumerables facilidades de obtener ganancias que adquieren muchas personas y
empresas en el Istmo.
E.
Estos nuevos delitos
se dirigen a la protección de bienes jurídicos colectivos o supraindividuales,
esto es que los mismos van enfocados a la salvaguarda de la sociedad en general y no de ciertos individuos a título personal
o particular, trata de mantenerse el respeto a la dignidad de las personas, al respeto de sus derechos
humanos y su derecho a movilizarse
buscando mejores condiciones de vida
y de autorrealización.
F.
La defraudación
fiscal urge comenzar a emplearla como instrumento para frenar la falta de fidelidad al erario público por las
innumerables facilidades de obtener ganancias que se ofrecen en el Istmo. La
Hacienda pública requiere del aporte de todos con el pago de los tributos pues
sin estos no es posible la inversión en obras y necesidades sociales.
G. En un importante número de los nuevos ilícitos se suele emplear
la técnica de los delitos de peligro concreto por parte del legislador, con
estos se suelen incriminar conductas donde existe una probabilidad de
afectación a varias personas o la sociedad por no observarse las medidas de precaución o cuidado, se
pone de manifiesto una específica y comprobada amenaza al bien jurídico (Mir
Puig, 2015: 238; Muñoz Conde/García Arán, 2010: 226).
H. La acción desplegada por el sujeto activo o los sujetos activos
en ocasiones no resulta reprimida por la falta de instrumentos o insumos para realizar las investigaciones que permita
el juzgamiento de los mismos.
I.
La sanción
de conductas como la defraudación fiscal daría muestras
que el Estado panameño no
constituye ni santuario ni refugio de fortunas de dudosa procedencia o
legitimidad manejadas a través del sistema de sociedades anónimas.
¿SON
ESTAS CONDUCTAS SUFICIENTES O NO?
En efecto, no nos hemos quedado atrás y urge
retomar el Anteproyecto que adiciona los delitos cibernéticos o informáticos al
Código Penal adecuándolo al Convenio de Budapest sobre delincuencia en línea.
Este documento además de reforzar la protección a los derechos de autor, amplia la tutela a menores de edad de actos como el “sexting”, acoso a menores
y “ciberbullying”. También, se hace necesario considerar la
mejor tutela de datos personales (Mejía Patiño, 2018: 387-390) para
salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad con un tipo penal más claro
de violación de datos personales que vaya más allá de los artículos 289 y 290
del Código Penal.
La
sanción de las personas jurídicas en nuestro medio está autorizada si es destinataria de los efectos del delito o es utilizada para ocultar los mismos (art. 51 C. P.), pero ello es insuficiente dado que se requieren algunas disposiciones que permitan mejor control.
Los medios de comunicación en el exterior
continuamente refieren que la constitución de sociedades anónimas en paraísos
fiscales como Panamá, permiten el ocultamiento, movilización, traspaso y
legitimación de fortunas de extraña procedencia u origen.
Con
mucha mesura debemos
emplear las normas
penales, una vez integran el arsenal punitivo por constituir parte del instrumento más letal que posee el Estado, es menester hacer uso racional de las sanciones en aras de
mantener el control social.
CONCLUSIONES
El Código Penal de 2007 nos coloca en las últimas
décadas del siglo pasado, frente a los avances de la Dogmática penal. El
Derecho internacional ha ampliado los ámbitos de abordaje del Derecho penal, al
impulsar la lucha y represión de un sinnúmero de hechos que se consideran
lesivos a la sociedad global. La actualización de los textos penales debe
orientarse siempre a la tutela de los seres humanos y salvaguarda del ejercicio
de sus derechos en la sociedad.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Berdugo Gómez De la Torre, I. (2012).
Viejo y Nuevo Derecho
Penal. España, Madrid:
Iustel.
Mejía Patiño, O. A. (2018).
Protección penal de datos de carácter personal en Colombia en: Desafíos del
Derecho Penal en la sociedad del siglo XXI, Colombia: Bogotá, pp. 379-396.
Mir
Puig, S. (2015). Derecho penal, parte general, 10ª. ed. España, Barcelona:
Reppertor. Muñoz Conde, F./García Arán, M. (2010). Derecho penal, parte
general, 8ª. ed.. España, Valencia:
Tirant.
Muñoz Pope, C. E. (2019). Hacia una
Política criminal más coherente, disponible en:
facderecho.up.ac.pa/sites/facderecho/files/arch-img-derecho/publicaciones/boletin123.pdf
Naciones Unidas (2015). 13 Congreso
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 12 a 19 de
abril de 2015, Doha disponible en: https://www.unodc.org/
documents/data-and-analysis/statistics/crime/ACONF222_4_s_V1500372.pdf
Spangenberg Bolívar, M. (2017). El Derecho penal del riesgo
globalizado. Desafíos para un Derecho
penal legítimo y trasnacionalmente efectivo,
disponible en: www.scielo.edu.uy>pdf
Uribe Holguín, D. P. (2006). A propósito sobre la
discusión del Derecho Penal “Moderno” y la Sociedad del Riesgo disponible en:
publicaciones.eafit.edu.co>cuadernos-investigacion>article>download
40 Recomendaciones del GAFI disponible en: https://www.efatf-gafic.org/index.php/es/ documentos/gafi40-recomendaciones