LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO ESPECIALIDAD DE ESTUDIO JURÍDICO
Fecha
de recepción: 05/01/2019 Fecha
de revisión: 11/02/2019 Fecha
de aceptación: 25/03/2019
RESUMEN
En el presente artículo tratamos la
importancia del estudio de las Contrataciones Públicas y el impacto de la
corrupción en el desarrollo de las políticas públicas, y proyectos de Estado. Toda vez que, cada administración pública
establece dentro de su plan de gobierno, proyectos de infraestructura de
interés colectivo.
En ese sentido es necesario, que los ciudadanos
puedan crear conciencia, que el primer fiscalizador de la gestión pública es él
mismo. En ese mismo orden de ideas, debemos tomar en cuenta que, las
contrataciones públicas en Panamá, han sido constantemente cuestionadas, debido
a escándalos de corrupción, los cuales han tenido incidencia internacional, y que hace que obliga a los gobiernos a modificar las normas
actuales en esta materia.
Los cambios a realizarse, deben
contar con un estudio exhaustivo de las necesidades del mercado, aparejado con
el principio de transparencia, que tanto cumplimiento debemos exigir.
Palabras
clave: Estado, sociedad,
contrato público, compra, adquisiciones públicas, corrupción, transparencia.
PUBLIC PROCUREMENT AS A SPECIALTY IN LEGAL STUDY ABSTRACT
In this article we discuss the
importance of the study of Public Procurement and the impact of corruption in
the development of public policies, and state projects. Whenever, each public
administration establishes within
its government plan, infrastructure projects
of collective interest.
In that sense
it is necessary, that citizens
can raise awareness, that the first
public administration
controller is himself. In the same order of ideas, we must take into account
that, public contracts in Panama have been constantly questioned, due to
corruption scandals, which have had an international impact, and which
makes it necessary for governments to modify current
regulations. in this matter.
The changes to be made must have an
exhaustive study of the needs of the market, coupled with the principle of
transparency, which we must demand so much compliance.
Key
words: State, society, public
contract, purchase, public procurement, corruption, transparency.
ANTECEDENTES DE
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN PANAMÁ
Las Contrataciones Públicas dentro de
nuestro país, fueron normadas inicialmente mediante la Ley 56 de 1995 con la
cual se desvincula algunos trazos de procedimientos y la resolución de
conflictos, que estuvieron contenidos en dispersas normas del Código Fiscal y
del Código Administrativo, pero que al mismo
tiempo se encontraba carente de un Procedimiento Administrativo General, que impusiera
competencia en todas las entidades públicas y que solo nace para el año 2000,
con la génesis de la Ley 38 de ese mismo año.
Sin embargo, lo que en un inicio
produjo el carácter de compilación de normas en un solo instrumento jurídico,
como fueron las IFIS y su movimiento de globalización, ahora serían impulsadas
por una nueva corriente de Tratados de Bilateralidad entre Estados, que
proclamaba cambios adicionales para la suscripción de aquellos.
Es
así como el entonces presidente Martín Torrijos, designa
una comisión para la adecuación de las normas en materia de Contrataciones Públicas,
en consecuencia, es en el año 2006 mediante
la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que se generan cambios sustanciales, entre
las más importantes en materia de publicidad y transparencia, el Sistema Electrónico “Panamá Compra”, la creación de un ente independiente denominado
Dirección General de Contrataciones Públicas, regulador de la operatividad y funcionalidad del engranaje relacionadas a las compras
y ventas de bienes estatales.
No podríamos dejar de mencionar, que
ante la imposibilidad de la que los conflictos de la Administración, pudiesen
ser atendidas por juzgados o tribunales en sede judicial y sólo pudiese ser
dirimido el conflicto por la Sala Tercera de
lo Contencioso Administrativo, se crea de
manera innovadora un Tribunal dentro de la Administración con independencia
llamado Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas cuyo recursos son
formales y atienden los conflictos desde una perspectiva distinta a la anterior
por dilucidarse fuera de la entidad que emitía el acto administrativo en controversia, así las cosas,
los empresarios se garantizarían un sistema oxigenado que resolvería los problemas desde la misma
Administración y que permitiría entonces
acceder a la sede judicial con posterioridad1.
En su Marco Constitucional las contrataciones
públicas emanan del artículo 266 de la Constitución Nacional, conforme a lo
establecido en los convenios internacionales, el cual reza lo siguiente:
“ARTICULO
266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las
compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos
se harán, salvo las
excepciones que determine la Ley, mediante
licitación pública.
La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor para el Estado y plena justicia en la
adjudicación”. (el subrayado es nuestro)
En ese sentido las Contrataciones Públicas,
juegan un rol importante en el desarrollo del Estado, toda vez que las
perfectas utilizaciones de los fondos estatales son efectuadas mediante
proyectos de infraestructura pública, y que los mismos deben ser ventilados de manera transparente, formando parte de las
principales políticas públicas de los gobiernos.
Es por ello, que los gobiernos, han
creado políticas de divulgación, de manera que se pueda cumplir con el
principio de transparencia, que exigen las Naciones Unidas cumpliendo con los
convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción la Convención Interamericana contra la Corrupción. y conforme con
los estándares del mercado internacional.
Siendo la inversión en infraestructura pública,
el 80% del producto interno bruto (PIB) panameño.
Panamá para cumplir con las exigencias
internacionales en, materia de transparencia, ha creado leyes e iniciativas
encaminadas a reforzar la ejecución transparente de los Actos Públicos, ejemplo
de ellos el portal electrónico de “Panamá Compra” y la Iniciativa de
Transparencia en Infraestructura - CoST Panamá impulsada por la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y a la cual se han incorporado varias entidades. En su
mayoría de las iniciativas de transparencia cuentan con el apoyo de organismos
internacionales, cumpliendo con las normas y convenios internacionales de los
cuales Panamá es signatario, cumpliendo con su rol en la lucha contra la
corrupción.
1
Extracto del libro “El Contrato de Obra”
Tiara Villarreal. (2018). El Contrato
de Obra en las Contratación Pública. Panamá: Barrios & Barrios.
POSICIÓN DE
PAISES DE LATIONÁMERICA EN EL INDICE DE CORRUPCIÓN
NORMAS QUE RIGEN LA TRANSPARENCIA EN
PANAMÁ
1. Ley 15 de 2005 que aprueba
la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.
2.
Ley 42 de 1998 que aprueba la
Convención Interamericana contra la Corrupción.
3.
Decreto Ejecutivo 246
del 15 de diciembre de 2004 que dicta el Código Uniforme de Ética de los
Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central de la
República de Panamá.
4.
Ley 33 del 25 de abril
de 2013 que crea la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso
a la Información (ANTAI).
5. Ley 6 del 22 de enero de 2002 que dicta normas
para la transparencia en la gestión
pública, establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones,
o Ley de Transparencia.
Panamá,
en cumplimiento con su rol en la lucha contra
la corrupción, contemplo en el Código Penal el cual establece lo
siguiente en su capítulo noveno denominado “Fraude
en los Actos de Contratación Pública” lo
siguiente:
Capítulo
IX
Fraude en los Actos de Contratación
Pública
Artículo 364. Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su
equivalente en días-multa quien:
1.
Se
concierte con otro para alterar el
precio en un acto de contratación pública.
2. Solicite o reciba
pago, pague o haga promesa de pago para participar o no participar en un acto
de contratación pública.
3. Impida la participación
de otro proponente o participante
mediante violencia, intimidación o engaño.
4. Difunda noticias
falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública para
sacar provecho a favor suyo o de un tercero.
5.
Se
concierte con su competidor para fijar el precio en uno o más actos de
contratación
pública.
Artículo 365. El servidor público
que con su gestión favorezca o perjudique a alguno de los participantes en los
actos públicos señalados en el artículo anterior será sancionado con prisión de
dos a cuatro años o su equivalente en días-multa y con inhabilitación para
ejercer funciones públicas por igual periodo.
Siendo entonces, un delito aquellos
fraudes cometidos por los funcionarios responsables de las contrataciones
públicas, así como lo establecido dentro del delito de Corrupción de Servidores
Públicos, para aquellos proveedores que incurran en sobornos a funcionarios.
No obstante, aun existiendo normas que sancionan
la corrupción, vemos como funcionarios caen en este delito.
Por otro lado, debo mencionar que el problema
de la corrupción, más allá de los sobre costos, está en aquel funcionario que para la agilización de un trámite
o la adjudicación de un Acto Público recibe dineros por parte del
proponente o contratista.
En ese sentido, soy de la opinión que
la “moral” del servidor público que ejerce funciones dentro del proceso de contrataciones públicas, es de suma importancia, para que la transparencia en un acto público o contrato se dé
eficazmente. Es por ello que el funcionario que ejerza este tipo de cargo público debe contar
con ética y moral comprobada, de manera que se tenga certeza del nivel
de honestidad con la que se manejen los Actos
Públicos.
En ese mismo orden de ideas, debo concluir en que
la responsabilidad del estudio de las contrataciones públicas no solo recae en
el funcionario que ejerza funciones en esta materia, sino de cada ciudadano
responsable, que paga impuestos y que participa en la vida política del
país de manera que seamos los
principales fiscalizadores de la efectiva y transparente ejecución de los fondos del aerarium2 panameño
y que son materializados mediante proyectos de inversión e infraestructura
pública.
2 En la antigua
Roma el aerarium
(erario en el español moderno)
era el nombre que se daba al tesoro público,
obtenido mediante
la recaudación de los impuestos.
Su sede se encontraba en el Templo de Saturno en la colina del Capitolio, por lo que comúnmente recibía el nombre
de Aerarium Saturni. Wikipedia. (2019). Aerarium. agosto
2, 2019, de Wikipedia. Sitio web:
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerarium
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
•
Banco Mundial.
(2014). Informe del Banco Mundial: Los datos y las mediciones son fundamentales
para poner fin a la pobreza extrema. julio 24, 2018, de Grupo Banco Mundial
Sitio web: http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/10/09/
measurement-fundamental-ending-extreme-poverty-world-bank-report
•
CoST- Panamá.
(2017). Estudio de Alcance. Panamá: Deloitte
•
Jimmy Bolaños
González. (2010, enero- junio). Bases conceptuales de la rendición de cuentas y el rol de las Entidades de
Fiscalización Superior. Revista
Nacional de Administración, 1, Pp.109-138.
•
Tiara Villarreal. (2018). El Contrato de Obra en las Contratación Pública. Panamá: Barrios & Barrios.
•
World Bank
Institute, GOPAC. (2013). Rendición
de Cuentas Gubernamental y Fiscalización Legislativa: Routledge.
NORMAS CITADAS:
•
Ley 15 de 10 de mayo
de 2005. Por la cual se aprueba la convención de las naciones unidas contra la
corrupción, adoptada en Nueva York el
31 de octubre de 2003.Gaceta Oficial: 25296 Publicada el: 11 de mayo de 2005.
•
Ley 42 de 1 de julio de 1998.
Por la cual se aprueba
la convención interamericana contra la corrupción, suscrita en caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. Gaceta
Oficial: 23581 Publicada el: 08 de julio de 1998.
•
Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004. Por el cual se dicta un código
uniforme de ética de los servidores públicos que laboran en las
entidades del gobierno central Gaceta Oficial: 25199 Publicada el: 20 de
diciembre de 2004.
•
Ley 33 de 25 de abril de 2013, Que
crea la autoridad nacional de transparencia y
acceso a la información.
Gaceta Oficial No 27275-A de 26 de Abril de 2013.
•
Ley 6 de 22 de enero
de 2002. que dicta normas para la transparencia en la gestión pública establece
la acción de habeas data y dicta otras disposiciones. Gaceta Oficial: 24476
Publicada el: 23 de enero de 2002.