CRISIS ECONÓMICA: ORGANIZACIONES SOCIALES DE HECHO Y ESTADO DE DERECHO

Una de las situaciones históricas, que más ponen en riesgo el Estado de Derecho y el orden normativo, viene representada por las crisis que se desata en materia económica, dentro de una sociedad determinada.

Sin importar que sus casusas sean endógenas, producto de la mala administración de la cosa pública, o exógenas, como la inflación por aumento de costos en mercados internacionales, el resultado es el mismo. El individuo pierde poder para saciar sus necesidades.

Las desigualdades e iniquidades en sociedad, se acentúan en tiempo de crisis económica. Esta sobrecarga dimensional desata una reacción en cadena, que afecta puntualmente, el acceso limitado o carente a bienes y servicios comunes.

Por su parte el Estado al disminuir su capacidad de endeudamiento, agota sus recursos presupuestarios, y desiste de atender funciones públicas importantes, como salud, educación, vivienda, seguridad y desarrollo productivo. En adición, funciones públicas ordinarias, se tornan deficientes y repercuten negativamente, sobre la sociedad, sesgando el acceso a los servicios más elementales.

La sociedad con sus sistemas de organización colectiva, sean asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos, sociedad civil, asociaciones religiosas, incluso organizaciones criminales, y otras de cualquier naturaleza, tratarán de resolver sus desiguales necesidades, buscando crear su orden propio, con el fin de garantizar mecanismos para acceder a lo que el Estado no les garantiza o provee.

Consecuentemente, sobreviene el distanciamiento de los intereses materiales del Estado en contraposición de los intereses reales de la sociedad, y el ciudadano no solo pierde afinidad con la administración pública, sino que desaparece la voluntad de aceptar las reglas de derecho, sin temor a las consecuencias, por concebirse víctima de la incompetencia administrativa.

Frente a este escenario, yace la pérdida de poder real del Estado, sobre sus administrados. Un ejemplo somero, es la evasión fiscal, justificada bajo la afirmación cultural, de no pagar tributos, porque el Estado es deficiente y quienes gobiernan, derrochan los recursos públicos.

Esta coyuntura, provoca que el orden social bifurque estructuralmente, su modelo de organización en base a desigualdades, que compiten por imponerse. Uno, mediante organizaciones sociales que jerárquicamente se someten de forma jacobina al Estado y a sus componentes de administración, a saber, normas de rangos constitucionales y ordinarias, que le brinden legitimidad y sistematice su forma de liar con el poder.

Y, un segundo modelo de índole fáctico, sostenido por colectividades reconocidas oficialmente o no, que tienen como finalidad conquistar los espacios que el Estado ha descuidado.

Las organizaciones de facto sin control, muchas veces surgen de la complicidad de la administración pública y los particulares. Conseguir decisiones judiciales favorables, o adjudicar licitaciones, son ejemplo de esta relación. Pero sobre todo surgen, de las desigualdades sociales, así, bandas delincuenciales, terminan criando menores de edad y ganando soldados, para la obtención de sus objetivos.

El impacto de la economía, en la voluntad colectiva, de cumplir con las normas vigentes, es simétricamente proporcional, a la responsabilidad del Estado para conservar la integridad de las leyes, entre eficiencia en la gestión pública y tutela de intereses colectivos. El abuso de este equilibrio, desestima la existencia de los sistemas jurídicos y el deber ser del ciudadano en sociedad, y es lo que se conoce como Estado fallido.

La Revista Cathedra de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), publica artículos producto de la investigación científica en cualquier disciplina de las ciencias jurídicas y forenses; tiene como objetivo fundamental, brindar mayores luces a profesionales de las ciencias jurídicas y de las ciencias forenses, así como a estudiantes de esta noble academia de educación superior, en temas variados como del derecho al consumidor, derecho de trabajo, derecho procesal, derechos humanos y ciencias penales.

Sirva entonces, esta reflexión, sobre el rol de los jueces y la teoría de las garantías fundamentales, para presentar en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), la Edición 11, año 7, de la Revista Cathedra, correspondiente a .

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, en donde plantea la intención de UMECIT de aunar esfuerzos para ofrecer una publicación donde se respeten las preferencias ideológicas y políticas, donde se reconozca la pluralidad, el diálogo, la discrepancia, los aportes de expertos y nóveles investigadores, sobre la base de un pensamiento amplio y a veces divergente, compromiso social y la firme intención de aportar en un área tan sensible.

Esta nueva publicación, tiene la oportunidad de contar con el conocimiento y experiencia, de la jurista y profesora universitaria, Rosa María Aguirre Donadío, con el tema intitulado RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, DE

OBRAS NO TERMINADAS. Tema de mayor actualidad, frente al desarrollo inmobiliario, que en el último decenio, se ha desarrollado en la República de Panamá. Propone en dicho artículo, una serie de recomendaciones, para la protección de derechos de la parte más afectada en el contrato de construcción, que es el comprador.

Por su parte, el jurista Elías Dompinguez, nos trae el tema, denominado: ASPECTOS REGULATORIOS DEL MERCADO DE VALORES, con el que explica en materia de regulación, cómo el proceso de sanción por violación al contenido de del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 “Ley del Mercado de Valores”, puede ser objeto de métodos alternos de solución de conflicto, mediante mecanismos nítidamente expuestos y explicados en este artículo jurídico.

El conocido fiscal, Iván Estribí Del Pino, nos brinda un interesante tema en materia penal, que se intitula DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES EN LA INVESTIGACIÓN PENAL, EN EL DELITO DE VIOLENCIA DOMESTICA. Nos deja saber el letrado, cuáles son las medidas dentro del Sistema Penal Acusatorio, que son impuestas a los infractores, así como también detalla de forma ejemplar, los requisitos y condiciones, para la petición y concesión de medidas cautelares.

Seguidamente, colabora en esta publicación, Guillermo Barria Vargas, abogado litigante, quien realiza una interesante y complejo análisis, con su tema: LA PRUEBA PERICIAL COMO ELEMENTO PROBATORIO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO DE LA

REPÚBLICA DE PANAMÁ. En este artículo, se extraen y analiza el valor procesal de las pruebas periciales, siendo la reina de las pruebas dentro del Sistema Penal Acusatorio.

Finalmente, contamos con un interesante aporte en Derecho Administrativo, con el artículo LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, COMO ESPECIALIDAD DE ESTUDIO JURÍDICO, redactado de forma brillante, por la Licenciada Tiara Villarreal, quien afirma que la transparencia, es el pilar fundamental de las contrataciones públicas, y es el mismo ciudadano quien debe convertirse, al amparo de las normas, en el principal veedor de las mismas.

CATHEDRA ISSN Impreso: 2304-2494 ISSN Electrónico: L2644-397X Año 7. Número 10. Noviembre 2018 - Abril 2019