PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN
|
|
GINO OSELLAME
R. Coeditor de la
Revista Cathedra Universidad
Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Panamá |
El conocimiento jurídico es el efecto de una suma de
factores, sin los cuales, sería imposible para el abogado, analizar los
elementos subjetivos y materiales de una realidad, en la que, por regla general
el conflicto, el litigio y la controversia, se imponen para matizar distintos
resultados.
Es así como, el modelo de aprendizaje, la experiencia
y las herramientas doctrinales y jurisprudenciales, se convierten en esos
factores fundamentales, que coadyuvan al jurista a realizar el análisis
hermenéutico, lógico y material para aportar soluciones determinadas, a
aplicadas a casos concretos.
La doctrina, no es más que el conocimiento expuesto en
textos. Es la opinión vigente en un período determinado de tiempo, también es
el criterio científico e interpretativo del ordenamiento jurídico, y
finalmente, es uno de los instrumentos más importantes, para poder desarrollar
las ciencias jurídicas.
Solo como referencia histórica, y a propósito de la
doctrina, Justiniano (527 a.c.), fue uno de los emperadores
romanos más preocupados en codificar reglas de convivencia social, e
igualmente, uno de los más interesados en homologar reglas para dirimir
conflictos, no solo se conformó con publicar el Corpus Iuris Civili, sino que también decidió compendiar la opinión de
los jurisconsultos, y reunirlas en un solo cuerpo llamado el Digesto
Justinianeo.
Esta recopilación de criterios jurídicos, sirvió como
instrumento efectivo al resto de juristas, quienes lo utilizaban como
referencia o cita, en la multiplicidad de lides que se desarrollaban entre
ciudadanos romanos.
La doctrina como fuente del Derecho nacional, se
construye de forma participativa, gracias al esfuerzo de aquellos juristas,
que, interesados por deshilar las virtudes del discernimiento jurídico, hilan
ideas para acrecentar el conocimiento público, incluyendo juristas, estudiantes
y la sociedad en general.
La Revista Cathedra de la Universidad Metropolitana de
Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), se consolida en su séptima
publicación, como una herramienta académica adicional al pénsum
académico de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, puesta en manos del
conglomerado estudiantil, fiel coadyuvante de su cuerpo de profesores y del
resto de la comunidad académica, ampliando su presencia y utilidad, en esta
oportunidad al iniciar su primera publicación digital.
Con esta breve cavilación, presento en nombre de la
Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), la
Edición 7, año 6, de la Revista Cathedra, correspondiente a mayo-octubre de
2017.
Inicia la revista, con el desarrollo del tema “LA ENERGÍA Y SU ENFOQUE JURÍDICO EN
PANAMÁ”, en el que la autora, la jurista Stella Scala, nos expone el rol del
Estado al asumir una política energética definida asegurar la disponibilidad y
el suministro sostenible de la energía, para atender la demanda nacional a
largo plazo.
En este sentido, la ensayista analiza las
responsabilidades de la Secretaría Nacional de energía, suscrita al Ministerio
de la Presidencia, que consisten básicamente, en formular, proponer e impulsar
la política nacional de energía con la finalidad de garantizar la seguridad del
suministro, el uso racional y eficiente de la energía, según el plan de
desarrollo nacional y dentro de los pará- metros económicos, competitivos, de
calidad y ambientales, como política pública, en beneficio de la sociedad.
Seguidamente, el Jaime
Fong Buckridge, letrado
y experto en Derecho Informático, en su ensayo, “ANALISIS CRÍTICO A LA LEGISLACIÓN REGULATORIA DEL ARCHIVO TECNOLÓGICO
DE DOCUMENTOS”, nos expone las dicotomías que existen en plena era digital,
entre el almacenamiento tecnológico de documentos y la insistente preservación
física de los mismos, en la legislación panameña, lo cual, más que resolver y
proteger electrónicamente los documentos, ha creado dos modelos o formas de
archivarlos.
La abogada y magistra
farmacéutica; Arelys Quintero, en su ensayo “EL DERECHO DE ACCESO A LA SALUD PÚBLICA”,
nos ilustra acerca de las herramientas jurídicas, con las que los ciudadanos
miembros de la sociedad panameña, pueden exigir a las autoridades, se cumpla el
mandato, expreso y supremo, que como garantía fundamental, contiene la
Constitución Política de Panamá, que es el de garantizar la salud del pueblo
panameño, teniendo en cuenta que el acceso a la salud pública, es un Derecho
Humano, reconocido universalmente.
Otro tema
importante, que nutre con nuevos conocimientos, a la presente revista es “LA APATRIDIA Y LOS DERECHOS HUMANOS”,
en el que su autora la diplomática estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Yesenia Fernández Guerrero, pretende
aclarar la situación jurídica de los apátridas, situación de desprotección
jurídica, que conlleva una secuela de
problemas humanos, así como la privación de derechos inherentes a los seres humanos,
ya que al adolecer de documentos que los certifiquen como nacional de un
Estado, no pueden acceder fácilmente a los servicios públicos como, salud,
educación, empleo; tampoco a circular libremente, y mucho menos a ejercer
derechos políticos.
Cerramos, la presente edición, y a propósito de
conmemorarse los doscientos años del natalicio del jurista más renombrado en la
República de Panamá, Don Justo Arosemena, podemos encontrar en el ensayo “JURIDICIDAD DE LA NACIONALIDAD PANAMEÑA”,
cuyo autor es el renombrado abogado y profesor de filosofía e historia, Jaime Flores Cedeño, un análisis
minucioso del rol del ilustre letrado, en la construcción jurídica de la
nacionalidad panameña, frente a la otrora relación entre panameños y
colombianos, antes de la separación histórica de 1903.
CATHEDRA
ISSN Impreso: 2304-2494 ISSN Electrónico: L2644-397X Año 6. Número 7. Mayo 2017
- Octubre 2017